Trabajadores y crisis del COVID-19: “llueve sobre mojado”

EDITORIAL

La crisis generada por la pandemia del COVID-19 está revelando dramáticamente las desigualdades sociales y la pobreza en Bolivia. Enfermar o mantenerse en cuarentena depende, en buena parte, de las condiciones económicas en que la crisis sanitaria encontró a cada una de las personas y sus familias. El alto nivel de pobreza e informalidad en la economía, dificultan aún más la contención del virus.

A pesar de una década de bonanza en el país, las condiciones de trabajo se han deteriorado al igual que la institucionalidad y la infraestructura de la seguridad social.

En Bolivia la mayoría de trabajadores y trabajadoras, son parte del sector informal y están expuestos a riesgos de seguridad y salud al carecer de protocolos mínimos de protección, como barbijos y desinfectantes. Muchos viven en condiciones de hacinamiento en barrios y comunidades, sin servicio público de agua potable o agua mejorada, además de tener su salud en riesgo y la reducida eficacia de medidas de prevención, destinadas a la población en general.

La mayoría de las personas que enfermarán, se enfrentarán a la ausencia de cobertura de un seguro de salud, con riesgo de morir y posiblemente sin siquiera tener acceso a servicios de salud. Los bonos serán insuficientes frente a sus necesidades básicas; enfrentando mayor pobreza. Para las y los trabajadores de la economía informal, la reducción de las horas de trabajo impuestas por la pandemia es equivalente a la pérdida del total de ingresos sin alternativas de solventar sus necesidades más elementales.

Si bien el Gobierno y el Banco Central de Bolivia han adoptado medidas de magnitud para paliar los efectos sobre los ingresos de las familias, el empleo y las empresas; desafortunadamente, estos esfuerzos serán insuficientes, por la crisis y la extensa pobreza multidimensional que alcanza a más del 60% de la población boliviana.

La adopción de medidas a corto plazo ante la crisis no debe perder de vista la protección a las familias de bajos ingresos y su ayuda a los ingresos debería ser amplia para cubrir a los trabajadores vulnerables y a las empresas que los emplean. Los productores campesinos deben ser tomados en cuenta en las políticas de corto plazo y la seguridad alimentaria nacional; olvidada por las políticas económicas de las últimas décadas, puesto que se privilegió la especialización agrícola en pocos cultivos y la importación de productos incentivados por la política cambiaria.

Enfrentamos como país la caída de ingresos por exportaciones de las materias primas, la fragilidad productiva, la alta precariedad laboral y una capacidad fiscal limitada. En el corto plazo hay que trabajar para contar con mayor holgura fiscal, una de las posibilidades está en el diferimiento del pago del servicio de la deuda externa, que supone 822 millones de dólares para el 2020, acompañado por la negociación de nuevos créditos y de una mayor eficiencia en el gasto e inversión pública. Pero este esfuerzo no tendrá sentido, si no es el inicio de una reforma económica y social, orientada a una profunda reforma tributaria más progresiva (por ejemplo, gravar la riqueza de las personas físicas), promover la diversificación productiva, crear un sistema universal de salud y seguridad social no contributivo, y el reconocimiento de toda la sociedad del inmenso valor de la economía del cuidado, como el punto de partida para una honda democratización del mundo del trabajo y la sociedad en general.

Javier Gómez
DIRECTOR EJECUTIVO CEDLA

CAFÉ TINTO

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ECONOMÍA

La crisis del coronavirus y la amenaza de una nueva gran depresión

Los empresarios intentarán reponer sus ganancias y recuperar sus capitales mediante la reducción de sus costos, afectando los salarios y las condiciones de trabajo. Los gobiernos que representan esos intereses, buscarán la socialización de las pérdidas, mediante los impuestos, la reducción de gastos sociales y subsidios o la privatización. Sólo la presencia activa de organizaciones sindicales y sociales independientes, evitará que la salida de la crisis acabe deteriorando aún más las condiciones de vida de la población trabajadora y que la imposición de esas políticas desemboque en un régimen político autoritario

DERECHOS LABORALES

Antes y después del COVID-19

Producción, empleo y protección social

La economía boliviana ya estaba en desaceleración. El crecimiento del PIB se había reducido a 2,2% en 2019, el más bajo desde 2002. Por donde se mire, nada asegura la sostenibilidad del desempeño de los sectores productivos que estarían llamados a impulsar la economía. Al comenzar la crisis sanitaria solo el 40% de los trabajadores del país eran asalariados, 48% en las ciudades y 13% en el campo; más de la mitad de los asalariados tienen contratos temporales sin derechos y, en esos términos, comparten la misma situación de desprotección social de los trabajadores por cuenta propia.

DERECHOS LABORALES

Las demandas de los empresarios en tiempos del COVID-19

Desempleo, flexibilización laboral y negación de derechos laborales

Las diferentes organizaciones de empresarios han ido lanzando comunicados y pronunciamientos para enfrentar la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Las medidas propuestas al gobierno son de carácter inmediato, para favorecer a la población y al sector empresarial; y medidas de largo plazo, necesarias para reformar estructuralmente la matriz productiva. “En situaciones extraordinarias se deben adoptar medidas extraordinarias…, estamos trabajando en un plan de recuperación económica a ser implementado una vez logremos superar la pandemia”.
(Fernando Hurtado, Presidente de la CAINCO).

DERECHOS LABORALES

El COVID-19 en un país con gran desigualdad y pobreza multidimensional

Trabajadores independientes, asalariados de pequeñas y microempresas y los trabajadores temporales del sector formal son los más afectados por la crisis. Dadas las limitadas condiciones para enfrentarla, las transferencias monetarias van a tener que mantenerse y completarse con otras acciones para garantizar el retorno gradual a la actividad económica, controlado por protocolos de bioseguridad y condiciones especiales. La emergencia demanda el diseño y ejecución de un plan inmediato de reactivación de los sectores productivos, comenzando por aquellos con mayor capacidad de generación de empleo e ingresos

HIDROCARBUROS

La histórica caída del precio del petróleo y su impacto en Bolivia

La causa de este fenómeno fue la reducción extraordinaria de la demanda por efecto de la crisis del COVID-19 que se sumó a la tendencia verificada ya desde principios de año, conduciendo, consecuentemente, al colapso de la capacidad de almacenamiento en los Estados Unidos ante la imposibilidad de los productores de vender su producción

MINERÍA

El COVID-19 y la crisis minera, ¿quién llegó primero?

La industrialización minera en Bolivia aún es mito, que en los últimos 14 años no pudimos superarla, pese a la machacona discursiva del partido gobernante, que aseguraba una economía “blindada”. Proyectos como la instalación de refinadoras de zinc, alambrón de cobre, instalación de una siderúrgica en el Mutún, lograr la fabricación de baterías de litio nunca llegaron a concretarse

POBREZA

Castañeros a la deriva

Cuando cosechar ya no permite vivir

Los precios de exportación del kilo de castaña cayeron de 8,27 dólares en 2018 a 6,41 dólares en 2019. Las exportaciones bajaron de 26.724 a 19.716 toneladas. Con todo, las empresas beneficiadoras duplicaron sus ingresos anuales desde 2010, mientras que para los trabajadores no hubo incrementos

DERECHOS

La vulneración del derecho a migrar

La pandemia del coronavirus en Bolivia puso nuevamente al descubierto la crítica realidad de los migrantes bolivianos, esta vez en un contexto de crisis social y sanitaria que motivó a implementar medidas que condujeron a la violación de sus ya maltrechos derechos

DERECHOS LABORALES

Las contradicciones creadas por el COVID-19

La cuarentena se acata, los derechos laborales se incumplen

La vulneración de los derechos de los trabajadores no tiene freno en el país. En cuarentena por el COVID-19 o en tiempos de crisis o de bonanza, las condiciones de trabajo y los derechos laborales son generalmente el principal factor de ajuste en beneficio de los empresarios