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Alerta Laboral 87: La cuarentena se acata los derechos laborales se incumplen

DERECHOS LABORALES
Las contradicciones creadas por el COVID-19

La cuarentena se acata, los derechos laborales se incumplen

La vulneración de los derechos de los trabajadores no tiene freno en el país. En cuarentena por el COVID-19 o en tiempos de crisis o de bonanza, las condiciones de trabajo y los derechos laborales son generalmente el principal factor de ajuste en beneficio de los empresarios.

Los derechos de los trabajadores bolivianos fueron objeto de escasa atención por parte del gobierno en cuanto a su cumplimiento y ejercicio en el actual escenario de crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del coronavirus.

Si bien el gobierno justificadamente declaró la atención y protección de la salud de la población frente a la pandemia como prioridad nacional, no tuvo la misma autoridad para proteger los derechos de los trabajadores y el empleo, por su orientación política favorable a los intereses empresariales.

Esta orientación se puede percibir fácilmente en el destino de los recursos económicos efectuado por el gobierno para paliar los efectos del COVID-19 en la economía nacional y en los ingresos de la población.

Hasta la fecha, el flujo de recursos fiscales para facilitar la liquidez a las empresas y a las familias alcanzó a 4.199 millones de dólares, correspondiendo el 84% a las empresas y el 16%, al pago de bonos a las familias (Poveda, abril 2020), una desproporción que, de mantenerse en el futuro, impediría superar la crítica situación económica de la población.

La declaratoria de cuarentena y otras medidas complementarias frenaron hasta ahora una mayor propagación del coronavirus y el riesgo de una catástrofe del sistema de salud, pero no evitaron la mayor vulneración de los derechos laborales y la acentuación de la desprotección de los trabajadores, ignorando las propias disposiciones del gobierno destinadas a proteger la estabilidad laboral prohibiendo despidos durante todo el período de emergencia sanitaria y a garantizar el pago de los salarios en los sectores público y privado.

Hasta la fecha, un recuento preliminar del Observatorio Boliviano de Empleo y Seguridad Social (OBESS) del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), reveló que durante el período de implementación de medidas de prevención y el establecimiento de la cuarentena severa, se efectuaron 32 denuncias públicas de violación de derechos laborales e incumplimiento de las disposiciones de emergencia del actual gobierno.

SI BIEN EL GOBIERNO JUSTIFICADAMENTE DECLARÓ LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN FRENTE A LA PANDEMIA COMO PRIORIDAD NACIONAL, NO TUVO LA MISMA AUTORIDAD PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y EL EMPLEO, POR SU ORIENTACIÓN POLÍTICA FAVORABLE A LOS INTERESES EMPRESARIALES

La historia se repite, esta vez en clave coronavirus

Se agrupa en tres ámbitos la vulneración de los derechos de los trabajadores por parte de los empresarios y el Estado durante la cuarentena:

1) La vulneración de la estabilidad laboral con despidos unilaterales, la no renovación de contratos temporales y a plazo fijo, y despidos indirectos por reducción de salarios y transferencias a cargos inferiores.
2) La afectación de los salarios por la no cancelación o pago parcial por los meses de febrero y marzo del presente año, e incluso la negativa a pagarlos arguyendo falta de liquidez económica de las empresas, que fue “en general” el argumento de gran parte de los empresarios.
3) La imposición unilateral de la figura de “vacaciones colectivas” e individuales por los días de la cuarentena.

Los dos primeros fueron los más denunciados por los trabajadores, fundamentalmente en las empresas privadas del rubro de la industria y manufactura, y en mayor número en la ciudad de Santa Cruz, centro urbano más golpeado por la pandemia. Mención particular merece el caso de algunas entidades estatales que incurrieron en el despido de funcionarios arguyendo razones injustificadas.

A estos campos debe agregarse el incumplimiento de las disposiciones promulgadas por el gobierno con relación a la obligación de los empleadores a garantizar equipos de bioseguridad y otras medidas de protección de los trabajadores frente al riesgo de contagio, la prohibición de despidos, el pago de salarios íntegros por los días de cuarentena y la licencia a trabajadoras embarazadas, adultos mayores de 60 años y a trabajadores con niños menores a cinco años.

Fue común entre las denuncias difundidas por redes sociales y medios de comunicación, la carencia o insuficiencia de medios de bioseguridad para el resguardo de la salud y vida de los trabajadores, incluso de aquellos básicos como barbijos, guantes y alcohol en gel, en todas aquellas empresas que lograron o manipularon licencias para continuar funcionando en los días de aislamiento social.

Se debe destacar la situación crítica de los profesionales y trabajadores en salud que hoy vienen enfrentando al COVID-19 en condiciones laborales y con medios de trabajo precarios. A los contratos temporales, inestables y con bajos salarios predominantes en el sector, la insuficiencia de medidas de higiene y seguridad ocupacional, la exclusión de estos trabajadores de la Ley General del Trabajo y la negación de sus derechos colectivos como la huelga, se agrega en la actualidad la insuficiente dotación de equipos de bioseguridad y de otros medios de trabajo imprescindibles para atender los casos de contagio.

El gobierno aprobó un seguro de vida por un monto de 100 mil bolivianos “para profesionales y trabajadores de salud, contagiados por la atención o prestación de servicios a pacientes infectados por el coronavirus” (DS 4217), medida exigua respecto de la magnitud de los requerimientos para enfrentar la pandemia.

A modo de reflexión final, la lucha contra la pandemia del COVID-19 y la crisis que generó no debe efectuarse a costa de ahondar la vulneración de los derechos de los trabajadores y, por ende, la crítica situación de sus condiciones de trabajo y de vida.

LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y LA CRISIS QUE GENERÓ NO DEBE EFECTUARSE A COSTA DE AHONDAR LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y, POR ENDE, LA CRÍTICA SITUACIÓN DE SUS CONDICIONES DE TRABAJO Y DE VIDA

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