El COVID-19 en un país con gran desigualdad y pobreza multidimensional

En poco tiempo, la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha profundizado la desaceleración económica, el desempleo, la precariedad del trabajo, la desprotección social y las múltiples desigualdades que inciden en la pauperización creciente de nuestra sociedad, e hizo visibles las estructuras y procesos que, en los últimos 14 años de gobierno del MAS, estaban encubiertos con el discurso oficial de reducción de la pobreza monetaria y el aumento de las clases medias.

En julio de 2019, el CEDLA dio a conocer los resultados de un estudio sobre pobreza multidimensional en Bolivia basado en un enfoque de derechos humanos en cuatro dimensiones: recursos, oportunidades, poder y voz y seguridad humana, que puso en cuestión uno de los ejes propagandísticos del gobierno anterior y develó grandes restricciones económicas, sociales, y políticas para el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la población.

La mitad de los hogares bolivianos se encuentra bajo la línea de pobreza multidimensional (PM) —casi el doble en comparación con la pobreza monetaria— y 6,8 millones de personas reside en hogares PM (61% del total).

Si bien la crisis sanitaria afectará a toda la población, sus efectos serán mayores entre los pobres por la persistente desigualdad y discriminación que sufren en el acceso a recursos monetarios y no monetarios, a oportunidades (salud, educación, trabajo, vivienda y servicios básicos mejorados), a la seguridad humana (alimentaria y física), y a los espacios de participación social para la toma de decisiones con incidencia en su calidad de vida.

Frente a la rápida propagación del COVID-19 y la falta de condiciones para la atención de la pandemia en el sistema de salud, se adoptaron duras medidas de distanciamiento social, cuarentenas parciales y encapsulamientos, con efectos inmediatos sobre el desarrollo normal de las actividades económicas, laborales y educativas; sin embargo, la crisis sanitaria se prolongará hasta el mediano plazo y su control está lejos de las capacidades nacionales. Veremos sus efectos en el ámbito laboral y sanitario.

Como en otros países, los problemas de desigualdad social se reflejan, entre otras dimensiones, en la salud de la población boliviana. A la ausencia de un modelo integral de salud y la prevalencia de un enfoque curativo, se suman los problemas estructurales de infraestructura, equipamiento y personal especializado y de apoyo en los tres componentes del sistema —público, seguridad social, privado—, para incidir en la limitada cobertura y calidad de los servicios.

Estas condiciones han dado lugar a un progresivo deterioro de la atención de salud y al aumento de los gastos de bolsillo de la población; esto sucede en una época de cambios en el perfil epidemiológico, del aumento de enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades renales y el cáncer, además del aumento de precios de los medicamentos esenciales.

Nuestro sistema de salud ya se encontraba bajo presión, pero la crisis del COVID-19 ha develado su inmenso atraso con relación a las necesidades de la población. La falta de acceso afecta sobre todo a los pobres que se encuentran entre los 5 y los 59 años y la crisis sanitaria profundiza las desigualdades que sufren en el acceso y la calidad de la atención sanitaria. Mientras el gasto y la inversión en salud están concentrados en mitigar la pandemia en algunas regiones del país, las personas que acuden a los centros médicos no siempre reciben la atención necesaria, por falta de reactivos para las pruebas, capacidad instalada, personal, o todo eso. Mientras más pobres, más lejos están de llegar a los centros de salud y de recibir atención.

El distanciamiento social también dificulta la atención de otras enfermedades y problemas de salud. La población pobre que carece de seguro de salud está excluida de las consultas telefónicas a las que pueden recurrir los asegurados, pero además de los pocos servicios que quedan por fuera de la atención del COVID-19. Como ha venido sucediendo hasta ahora, los pobres están obligados a erogar mayores gastos de bolsillo para atender su salud y, con la caída de sus ingresos, están postergando su bienestar, arriesgando hasta su vida.

En medio de la pandemia, destacan las malas condiciones de bioseguridad en las que se desempeña el personal de los servicios de salud: enfermeras, médicos, residentes y, personal auxiliar. Esta situación afecta sobre todo a las mujeres que tienen mayor presencia en esos puestos de trabajo. El resultado es una alta incidencia del coronavirus que ya ha cobrado la vida de dos enfermeras, mientras a diario se presentan nuevos casos positivos. En la contención del virus no se ha comenzado por lo más importante: adoptar medidas de bioseguridad efectivas para el personal de salud. Ha sido más rápida la creación de un seguro de vida para ellos, que la creación oportuna de condiciones para preservarla.

Los efectos de la pandemia en el corto y mediano plazo recaerán en los pobres multidimensionales por la posición que ocupan en la estructura social del país:

Los trabajadores independientes que laboran en espacios públicos en el comercio, los servicios de restaurantes, el transporte, los servicios de reparación y personales diversos, quienes dependen exclusivamente de sus ingresos diarios para vivir y están total o parcialmente paralizados por las medidas de contención.

Los asalariados de pequeñas y microempresas que han perdido su fuente de ingresos de un día para otro por el cierre temporal o permanente de operaciones en el sector, que abarca al 51% de los establecimientos privados y donde el 80% de los trabajadores carece de protección laboral y social.

Los obreros de la industria manufacturera en los rubros que no son de primera necesidad y que han paralizado en la emergencia sanitaria: textiles, muebles, plásticos, metalmecánica, bebidas alcohólicas y alimentos orgánicos, entre otros. Se viene reportando un sin número de denuncias de despidos y recortes salariales en las diferentes regiones del país. Algo similar sucede con los obreros de la construcción.

Los trabajadores campesinos e indígenas pobres de distintas regiones del país fundamentalmente de los valles y altiplano que no pueden acopiar y vender su producción en una fase de cosecha; los migrantes temporales que van a los centros urbanos y a otros países como la Argentina y Chile para vender temporalmente su fuerza de trabajo en diferentes cultivos y que, por las circunstancias actuales, se verán imposibilitados de generar ingresos, engrosando las filas de los desempleados y/o los inactivos involuntarios.

Los trabajadores zafreros de la castaña que han visto disminuir el precio que reciben por la caja de almendra recolectada a causa de los problemas de exportación ocasionados por la pandemia. Esta tendencia se extenderá a la fase del beneficiado (quebrado de la castaña), en una región donde el ingreso principal de la población pobre multidimensional, proviene de esta actividad, en particular para las mujeres y los jóvenes.

Las mujeres son el principal grupo afectado por la inactividad forzada y la pérdida de ingresos laborales debido a su concentración en las actividades del comercio y los servicios personales; por sus redobladas tareas en el cuidado de los hijos y el acompañamiento a sus actividades escolares monitoreadas a distancia por los maestros; por la responsabilidad casi exclusiva del cuidado de otros miembros de la familia, sobre todo los adultos mayores y personas con discapacidad cuando están aislados e infectados y, por la atención de los enfermos en los centros de salud y hospitalarios, desde los puestos con menor seguridad ocupacional.

Los adultos mayores son otro grupo afectado porque la mayoría de los pobres no tiene una renta de jubilación (83%) y casi la mitad trabaja de por vida en actividades agrícolas, comercio, restaurantes y servicios diversos, las más afectadas por el distanciamiento social.

Para subsistir pasarán a depender de la renta dignidad (350 bolivianos) y de las transferencias fiscales como la canasta familiar que les será entregada (400 bolivianos), lo que significa que pasarán de ser pobres a miserables y no podrán atender sus problemas de salud que les demanda un alto costo de bolsillo, porque la atención en el sistema público no es integral ni totalmente gratuita y sus prioridades hoy son otras; tampoco podrán mantener una alimentación que les asegure mantener su calidad de vida.

Frente al panorama presentado la pregunta es ¿qué hacer para evitar que la pobreza multidimensional se siga profundizando a causa del COVID-19? Dado que las condiciones para enfrentar la crisis desde el ámbito sanitario son limitadas, en el corto plazo, las medidas de transferencia monetaria van a tener que mantenerse y completarse con otro conjunto de acciones para garantizar el retorno gradual a la actividad económica, controlado por protocolos de bioseguridad y condiciones especiales. Al mismo tiempo, la emergencia demanda el diseño y ejecución de un plan inmediato de reactivación de los sectores productivos, comenzando por aquellos con mayor capacidad de generación de empleo e ingresos, con un enfoque de justicia distributiva y con la participación activa de las organizaciones laborales y de los productores de las ciudades y el campo.