Alerta Laboral 87: El COVID-19 y la crisis minera, ¿quién llegó primero?
La industrialización minera en Bolivia aún es mito, que en los últimos 14 años no pudimos superarla, pese a la machacona discursiva del partido gobernante, que aseguraba una economía “blindada”. Proyectos como la instalación de refinadoras de zinc, alambrón de cobre, instalación de una siderúrgica en el Mutún, lograr la fabricación de baterías de litio nunca llegaron a concretarse
La crisis minera nuevamente toca nuestras puertas, entre temores de paralización de actividades que repercutirán en despidos de trabajadores mineros, como sucedió en reiteradas ocasiones a lo largo de la historia minera de nuestro país.
El problema fundamental de nuestra minería, es que continúa expuesta a las series cíclicas de la economía mundial y cotizaciones internacionales, por el hecho de continuar siendo productores de materias primas, recolectores de minerales, con una mínima infraestructura productiva.
La última atronadora caída en las cotizaciones de minerales y metales a inicio de este siglo (2000-2003) invitó nuevamente a la población minera asalariada y cuentapropista, abandonar los yacimientos, escenario que desde mediados del pasado año, nuevamente se repite por una sostenida caída, a excepción del oro, que incidió en la caída de -2,4% en la actividad minera nacional.
A partir de estas ingratas experiencias, ¿qué aprendimos?, ¿cuáles fueron las medidas que se asumieron desde el Estado para evitar la crisis y el desempleo?, ¿cómo se protegió la perspectiva de la actividad minera?, ¿cómo se aprovechó la bonanza de precios, de más de una década (2005-2016) en beneficio de la misma actividad minera?
La industrialización minera en Bolivia aún es mito, que en los últimos 14 años no pudimos superarla, pese a la machacona discursiva del partido gobernante, que aseguraba una economía “blindada”. Proyectos como la instalación de refinadoras de zinc, alambrón de cobre, instalación de una siderúrgica en el Mutún, lograr la fabricación de baterías de litio nunca llegaron a concretarse.
La caída de inversión en el sector minero es otra señal de la crisis. La poca inversión está destinada al mantenimiento de operaciones en actual explotación, y no así a la puesta en marcha de nuevos proyectos mineros, o, a la industrialización de nuestra minería.
La incapacidad de los gobiernos neoliberales, extendida hasta la última gestión de Evo Morales, apostaron por la proliferación de cooperativas mineras, como solución al desempleo, ante su ineptitud para desarrollar nuevos proyectos minero/metalúrgicos.
INVERSIÓN MINERA 2006 - 2018
(EN MILLONES DE $US)
Fuente: Elaboración propia con datos del VMCPM – MMM.
LA INDUSTRIALIZACIÓN MINERA EN BOLIVIA AÚN ES MITO, QUE EN LOS ÚLTIMOS 14 AÑOS NO PUDIMOS SUPERARLA, PESE A LA MACHACONA DISCURSIVA DEL PARTIDO GOBERNANTE, QUE ASEGURABA UNA ECONOMÍA “BLINDADA”
CRECIMIENTO DE COOPERATIVAS MINERAS
1997 - 2017
Fuente: Elaboración propia con datos del VMCPM – MMM.
Nota: Hasta 2014, según reportes del viceministerio de cooperativas mineras, 458 cooperativas eran del sector tradicional, 1072 del aurífero y 134 a los no metálicos.
La crisis en el sector minero no llegó con la pandemia del COVID-19, la crisis del sector minero ya estaba presente, otra prueba son los conflictos en operaciones mineras, como Tierra S.A., empresa minera dedicada a la explotación de minerales no metálicos; Amayapampa, empresa estatal aurífera dependiente de la Comibol, incluso la gran minería como San Cristóbal y Paitití.
Los conflictos fueron diversos, cada uno con demandas diferentes y un factor común, la preservación de sus fuentes de empleo.
Tierra S.A.: En julio del pasado año, 175 trabajadores se movilizaron exigiendo el pago de seis meses de salario y la reincorporación a sus fuentes de trabajo, demandas que no encuentran atención hasta la fecha. El alegato de la patronal fue que la caída sostenida en el precio del ácido bórico y el incremento del ácido sulfúrico importado de CODELCO, dificultaba la continuidad de las operaciones.
Amayapampa: En agosto del pasado año, 350 mineros de este distrito se movilizaron exigiendo al gobierno de Evo Morales, el pago de salarios retrasados por tres meses y permitir el traspaso de esta mina, a manos de la rusa Svarog, ante la incapacidad de la Comibol para efectivizar la inversión comprometida desde octubre de 2016, cuando pasó a manos de la estatal minera.
Minera San Cristóbal: En marzo del pasado año, 850 trabajadores iniciaron movilizaciones, paralizando las operaciones de la minera más grande del país. Exigían el cumplimiento del laudo arbitral que ordenaba al empleador cumplir con el pago por horas extras de trabajo, por jornada laboral en horario dominical y por trabajo en horario nocturno. Este caso tuvo una notoria parcialización de las exautoridades de gobierno (MAS), que, a través de la vía ordinaria, lograron dejar sin efecto este laudo del Ministerio de Trabajo, emitido el 2018, por el cual emplazaron a la empresa cumplir estos pagos, desde el año 2007.
Empresa Minera Paitití: El 29 de noviembre del pasado año, ejecutivos de la empresa anunciaron la “suspensión temporal” de operaciones, por el lapso de 18 meses, decisión que dejó a 220 trabajadores sin fuentes de trabajo, pese a que estos tenían un convenio de estabilidad laboral hasta 2026. Los empresarios de la minera alegaron que sus yacimientos no tuvieron resultados favorables, por las bajas leyes de oro y el alto movimiento de material estéril que encarecían sus costos.
La crisis en el sector cooperativo tradicional, se manifestó con el incremento del costo en la maquila (proceso de conversión de los concentrados en lingotes), que dejaban sin rentabilidad a sus operaciones, muchas de ellas marginales y en fase de agotamiento en su vida útil. A inicios de esta gestión, esta situación motivo un pliego del sector cooperativo, exigiendo la asignación de nuevas áreas de trabajo.
Estos ejemplos ayudan a exponer que la minería entró en crisis mucho antes de la llegada de la pandemia del COVID-19 al país, incluso, mucho antes de la caída en las cotizaciones de minerales; la crisis se extiende a las grandes operaciones estatales, como Huanuni, que hasta octubre del pasado año registraba un déficit de 8 millones de dólares y continuaba sin participación de las utilidades.
La llegada del coronavirus hoy se constituye solo en otro justificativo para empresarios que pretendan cerrar operaciones y despedir a trabajadores, ante la falta de propuestas del gobierno para generar políticas que brinden soluciones.
En la gestión del MAS no se quiso premeditadamente avizorar la oportunidad para el país en la explotación del oro, hoy monopolio en su explotación por el sector cooperativo, para aprovecharla por su continua escalada en su cotización, como refugio de nuestra economía.
En 14 años se demostró una incapacidad constante en proyectar políticas mineras, que garanticen la sostenibilidad de operaciones mineras, planeando la misma hacia la industrialización con valor agregado y apertura de mercados.
El reto nuevamente pasa a manos de los trabajadores mineros (asalariados y cooperativistas) para proponer soluciones, planificando una minería sostenible y sustentable en mediano y largo plazo, que permita proyectar la vocación productiva minera del país, garantizando la estabilidad laboral.
LA LLEGADA DEL CORONAVIRUS HOY SE CONSTITUYE SOLO EN OTRO JUSTIFICATIVO PARA EMPRESARIOS QUE PRETENDAN CERRAR OPERACIONES Y DESPEDIR A TRABAJADORES, ANTE LA FALTA DE PROPUESTAS DEL GOBIERNO PARA GENERAR POLÍTICAS QUE BRINDEN SOLUCIONES
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