Alerta Laboral 87: La vulneración del derecho a migrar
La pandemia del coronavirus en Bolivia puso nuevamente al descubierto la crítica realidad de los migrantes bolivianos, esta vez en un contexto de crisis social y sanitaria que motivó a implementar medidas que condujeron a la violación de sus ya maltrechos derechos
Un grupo de aproximadamente 480 migrantes bolivianos y otro de más de 800 que retornaban de Chile, vieron vulnerados sus derechos por el gobierno actual al impedirse su reingreso al territorio nacional, pese a estar protegidos por normas internacionales en tanto migrantes como por la Constitución Política del Estado en su condición de ciudadanos bolivianos.
Esta violación puso en serio riesgo la subsistencia, bienestar, seguridad y salud de los compatriotas al ser retenidos en Huara (localidad chilena) y luego aislados en carpas improvisadas en el punto fronterizo de Pisiga en condiciones climáticas adversas, y expulsados, como ocurrió con gran parte del segundo grupo que, posteriormente, fue concentrado en la ciudad chilena de Iquique bajo el resguardo del gobierno transandino en circunstancias poco adecuadas.
El gobierno impidió el retorno bajo el argumento que los compatriotas bolivianos habrían infringido el DS 4196 que dispuso el “cierre total de fronteras” en todo el territorio nacional “desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 31 del mismo mes” y el DS 4199 que determinó “cuarentena total” en todo el país desde el 22 de marzo del mismo año restringiendo radicalmente el desplazamiento de las personas; medidas dispuestas contra el contagio y propagación del coronavirus en el país. Si bien estas acciones eran necesarias frente el riesgo de una mayor expansión de la pandemia, no justificaba que su implementación fuera a costa de vulnerar los derechos humanos.
Además, el gobierno ignoró sus propias normas como el DS 4196 que en su Art. 8, Par. II, determinó que el cierre de fronteras “no incluye a ciudadanas bolivianas, bolivianos y residentes que retornen a territorio boliviano, mismos que deberán cumplir el protocolo y procedimientos del Ministerio de Salud”, disposición que amparaba el regreso de los connacionales, tal como posteriormente fue asumido por el régimen de Añez al facilitar la repatriación de bolivianos de diferentes países, no sin caer en un tratamiento discriminatorio.
TODA PERSONA TIENE DERECHO A SALIR DE CUALQUIER PAÍS, INCLUSO DEL PROPIO, Y A REGRESAR A SU PAÍS. (DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, ART. 13. 2)
Migrantes por razones de trabajo, no turistas
Gran parte de los migrantes bolivianos, algunos junto a sus familias, mujeres embarazadas y menores de edad, volvían forzadamente de Chile al verse desempleados por el cierre de varias empresas y la paralización de la actividad económica en este país debido a las medidas adoptadas frente a la pandemia del coronavirus. Fueron a trabajar en calidad de obreros temporales en la cosecha de uva, frutilla y de otras frutas que exporta Chile a Europa, como trabajadores de la construcción, estibadores, trabajadoras del hogar y como empleados de servicios en diferentes rubros, en busca de mejores oportunidades de ingresos y de empleo ante la difícil situación laboral en Bolivia.
Tal como manifestó una migrante boliviana retenida en Pisiga del primer grupo: “No es como el ministro de Gobierno (Arturo) Murillo indicó, que nosotros nos íbamos a ‘turistear’; todos en este campamento somos trabajadores, ya sea en la cosecha o en las labores del hogar, aquí nadie vino de vacaciones”1.
Según datos reportados por EMOL en el Departamento de Extranjería de Chile, en 2018, los bolivianos constituían la cuarta comunidad de migrantes en este país (11% después de migrantes de Venezuela, Colombia y Perú), con una población estimada de 122.773 residentes, en mayor número en Antofagasta y Santiago de Chile. René Pereira, en “El perfil migratorio de Bolivia”, precisa que el 72% de la comunidad boliviana se concentraba en la primera región, debido a la mayor demanda laboral en la minería y los servicios conexos, y el 9,4% trabajaba en la capital Santiago, fundamentalmente en la cadena de servicios2.
1 Página Siete, 1 de abril de 2020. Bolivianos en Chile: Hay recelo y miedo de que no nos dejen volver en seis días. https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/1/bolivianos-en-chile-hay-recelo-miedo-de-que-no-nos-dejen-volver-en-seis-dias-251467.html.
“NO ES COMO EL MINISTRO DE GOBIERNO (ARTURO) MURILLO INDICÓ, QUE NOSOTROS NOS ÍBAMOS A ‘TURISTEAR’; TODOS EN ESTE CAMPAMENTO SOMOS TRABAJADORES, YA SEA EN LA COSECHA O EN LAS LABORES DEL HOGAR, AQUÍ NADIE VINO DE VACACIONES”
La vulneración de los derechos de los migrantes
En el caso del primer grupo de migrantes bolivianos que arribó a la frontera en condiciones penosas entre el 25 y 29 de marzo, el gobierno fue tácito, a través de la Canciller (30 de marzo de 2020) al sentenciar que por “decisión presidencial las fronteras del país se mantienen cerradas y se suspende la repatriación de los compatriotas bolivianos varados en Huara, Chile” y complementar que “El ministerio de Defensa tomará los recaudos para garantizar ayuda humanitaria a nuestros compatriotas”3. Si bien un día después reconsideró su decisión debido a los fuertes cuestionamientos de organizaciones políticas y sociales que llevó al gobierno a instalar a los connacionales en Pisiga en carpas para guardar cuarentena por 14 días como medida de prevención, la negación de retorno sentó un funesto precedente para la vigencia de los derechos de los migrantes.
En el caso del segundo grupo que llegó al mismo punto fronterizo desde los primeros días de abril del presente año, la negación de retorno fue más evidente y represiva al utilizar la fuerza militar que impidió el ingreso de los migrantes bolivianos. El gobierno adujo que hubo agresión por parte de algunos connacionales hacia los efectivos militares y que hubieron instigadores políticos del Movimiento al Socialismo (partido del ex presidente Evo Morales) infiltrados entre los migrantes, sin embargo, ninguna de estas presuntas razones justificaba la vulneración del derecho a migrar y retornar reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Acuerdo sobre residencia del Mercosur (con algunas salvedades), la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Migrantes y de sus Familiares, y otras disposiciones internacionales.
3 Página Siete, 30 de marzo de 2020. El Gobierno suspende la repatriación de bolivianos desde Chile. https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/3/30/el-gobierno-suspende-la-repatriacion-de-bolivianos-desde-chile-251247.html.
NINGUNA DE ESTAS PRESUNTAS RAZONES JUSTIFICABA LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A MIGRAR Y RETORNAR RECONOCIDO POR LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
La migración y el COVID 19
Los últimos reportes dan cuenta que 480 migrantes bolivianos que estaban en aislamiento social en Iquique fueron ubicados en el campamento instalado en Pisiga, zona del cual fue evacuado el primer contingente de bolivianos hacia el territorio nacional, sin haber registrado ningún caso de contagio, posibilidad que despertó temores en las autoridades y provocó acciones de vulneración de derechos humanos. En total, habría alrededor de 1.700 compatriotas que estarían esperando ser repatriados de diferentes lugares de Chile4, en un escenario de incertidumbre y de penurias.
La pandemia del coronavirus en Bolivia puso nuevamente al descubierto la realidad crítica de los migrantes bolivianos, esta vez en un contexto de crisis social y sanitaria que motivó a implementar medidas que condujeron a la violación de sus ya maltrechos derechos. Emigrar y retornar es un derecho, garantizarlo es una responsabilidad del Estado boliviano. Proteger la salud de la población es una obligación del Estado, sin afectar otros derechos.
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