Back to Blog

Alerta Laboral 87: Desempleo, flexibilización laboral y negación de derechos laborales

DERECHOS LABORALES
Las demandas de los empresarios en tiempos del COVID-19

Desempleo, flexibilización laboral y negación de derechos laborales

Las diferentes organizaciones de empresarios han ido lanzando comunicados y pronunciamientos para enfrentar la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Las medidas propuestas al gobierno son de carácter inmediato, para favorecer a la población y al sector empresarial; y medidas de largo plazo, necesarias para reformar estructuralmente la matriz productiva. “En situaciones extraordinarias se deben adoptar medidas extraordinarias…, estamos trabajando en un plan de recuperación económica a ser implementado una vez logremos superar la pandemia”.
(Fernando Hurtado, Presidente de la CAINCO).

Las propuestas del empresariado de medidas directas para protección de la población, se dieron principalmente al iniciar la emergencia sanitaria. “En esta emergencia sanitaria no se deben escatimar recursos para preservar la salud y mantener el empleo de los bolivianos, inyectando recursos a los hogares” a: i) familias comprendidas en la Tarifa Dignidad; ii) prestatarios de microcréditos en el sistema financiero; iii) aportantes activos al sistema de pensiones; iv) asalariados dependientes.

Esta medida fue asumida por el gobierno con la otorgación de bonos de 400 o 500 bolivianos por única vez, con un monto total desembolsado de 4.000 millones de bolivianos (575 dólares), con 8.1 millones de beneficiarios (El Deber, Gobierno impulsará agro, industria y litio para reactivar la economía post corona virus. 23.04.2020).

Asimismo, se hizo una reducción de temporal de tarifas de electricidad por abril, mayo y junio (100% menor a 120 bolivianos; 50% de 120 a 300 bolivianos; 40% de 300 a 500 bolivianos; 30% de 500 a 1.000 bolivianos; 20% más de 1.000 bolivianos), 50% de agua por abril; 50% de gas domiciliario por abril, mayo y junio (50% cada una); y, 100% para tasas de alumbrado público y aseo para familias con consumo de electricidad menor a 120 bolivianos. Asimismo, se prohíbe el corte de estos servicios. El plan benefició a 2.6 millones de familias con un monto de 780 millones de bolivianos (112 millones de bolivianos).

Como primera medida para encaran la crisis económica se planteó la conformación de un “Comité Interinstitucional de Emergencia para la Recuperación Económica y del Empleo en Bolivia”, entre los empresarios y el gobierno, para apoyar el sector empresarial durante los próximos 12 meses”. Aunque no se formó oficialmente este comité, como se verá en adelante, existe una orientación muy fuerte en las decisiones del gobierno para favorecer la agenda empresarial.

Las medidas económicas de corto plazo que se exigen al gobierno pueden sintetizarse en: i) el diferimiento de pagos de obligaciones al sistema financiero; ii) diferimiento y condonación de deudas tributarias; iii) inyección de liquidez a las empresas; iv) flexibilización laboral; y v) de logística para garantizar el abastecimiento.

Gran parte de las medidas han sido atendidas por el gobierno, y en términos generales son más favorables para las empresas que para las familias. El diferimiento de pago de interés y capital por créditos bancarios mientras dura la emergencia representa un ahorro de 1.000 millones de dólares. El monto del alivio de los diferimientos, deducciones y devoluciones tributarias está entre 1.000 a 1.500 millones de dólares (Ibídem). El Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, crea un fondo de 1.500 millones de bolivianos (216 millones de dólares) para las empresas legalmente constituidas. El Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral crea un fondo de 2.000 millones de bolivianos para el pago de salarios de los trabajadores (297 dólares).

Asimismo, las empresas se beneficiaron con la ampliación de pagos de aportes al sistema de pensiones y seguridad de corto plazo, que también permite liquidez a partir de las retenciones a los ingresos de los trabajadores. Asimismo, se inyectó 499 millones de dólares con la compra de Bonos de Tesoro General de la Nación (TGN), que hizo el Banco Central de Bolivia a las Aseguradoras de Pensiones, quienes depositarán ese dinero en la banca para aumentar la liquidez.

En suma, el flujo de ingresos para facilitar de liquidez a las empresas alcanza a 3.512 millones de dólares, de un total de 4.199 millones de dólares, es decir, las empresas reciben el 84%, mientras que las familias solo el 16%.

Además, hay que añadir dos medidas que afectan la estabilidad y la flexibilización laboral. El artículo 6 de la Ley 1293 señala flexibilización laboral, de manera excepcional y temporal, se reducirá la jornada laboral para el sector público y privado, que se cumplirá con la reglamentación por el Ministerio de Trabajo. Este artículo, que hasta la fecha no ha sido reglamentado, ha sido utilizado por los empresarios para imponer la reducción de los salarios a las horas trabajadas.

Por otra parte, el DS 4218 de 14 de abril de 2020, regula el teletrabajo como una modalidad especial de prestación de servicios caracterizada por la utilización de tecnologías de la información y comunicación en los sectores público y privado, de manera permanente o temporal. Esto generaliza el ahorro de costos laborales de las empresas y el gobierno, que ya estaba muy profundizado mediante consultorías, marcando una tendencia a una mayor explotación laboral: porque no hay una separación física ni temporal de la actividad dedicada al trabajo con la reproducción familiar; las empresas se ahorran los costos del espacio físico y los servicios que se generan, permite que los medios para realizar el trabajo los proporcione el trabajador, y crea las condiciones para establecer el salario por producto. Con ello se aumenta la explotación del trabajo en aras del aumento de la productividad. Tomando en cuenta que la expansión de la pandemia no está controlada, está modalidad de trabajo se generalizará hacia adelante.

Esto es una muestra de priorización de la economía en desmedro de la necesidad de bienestar de la población, a pesar de ello, para los empresarios “cualquier plan para reactivar la economía será insuficiente. Pero resulta un deber esencial plantear una visión de desarrollo inclusiva que permita reconstruir la economía una vez que se controle la pandemia. El sector privado busca construir un nuevo modelo de desarrollo basado en la formalidad, la innovación y el emprendimiento. (Ronaldo Kempff, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, es representante de la Cámara de Construcción de Santa Cruz. Agencia de Noticias Fides, 08.04.2020).

Las propuestas que presentaron los empresarios, se “sintetizan en más de 3.500 sugerencias enviadas por empresarios de todo el país a través de nuestros canales digitales y de las Cámaras Departamentales de Comercio e Industria de Bolivia y pretende contribuir con soluciones y propuestas para superar estos críticos momentos, así como para construir de manera colectiva un nuevo modelo de desarrollo del país”, afirmó el presidente del gremio, Rolando Kempff (ibídem).

Dentro ese cuerpo de demandas, las medidas con respecto al futuro empresarial, “para transformar el modelo de desarrollo nacional” tiene ocho ejes centrales: i) la reducción del gasto público y la renegociación de la deuda externa (equilibrio fiscal); ii) el desarrollo de un modelo autonómico que debe concretarse en un pacto fiscal entre regiones; iii) la formalización e impulso de la inversión privada; iv) y el desarrollo y el fortalecimiento de la cadena logística desde la perspectiva nacional y regional; v) acceso a créditos para la digitalización e innovación; vi) reforma tributaria, disminución tributaria, universalización (ampliación de la cobertura, formalización) y reducción de impuestos; vii) modernización del Código Laboral, Código de Comercio y Código Tributario; viii) inversión en salud con mirada empresarial y social; ix) inyectar hasta un 10% del PIB para que sirva de fondo para el uso del sector empresarial, pequeño, mediano y grande. (Ibídem).

En un contexto muy dinámico, parece que las presiones económicas por romper los 45 días de cuarentena total (del 17 de marzo al 30 de abril), van a prevalecer frente a una emergencia sanitaria que no ha sido resuelta. Esto ha precipitado una reunión de alto nivel entre empresarios y el gobierno: Fernando Hurtado, Presidente de la CAINCO; Wálter Morales, Director del Banco Central de Bolivia; y, José Luis Parada, Ministro de Economía y Finanzas Públicas, El evento se llevó a cabo en la ciudad de Santa Cruz el 22 de abril, en XII Foro Económico: Desafíos de la economía y efectos del COVID-19, organizado por la Universidad Privada y el Colegio de Economistas.

Parece ser que la presión de los empresarios por reactivar el aparato productivo, va a primar en las futuras decisiones del gobierno. De ser así, el 30 de abril se daría por concluida la etapa de “distanciamiento social”. En mayo empezaría, la “salida gradual” al distanciamiento social” (Parada), “se precisan políticas de medidas estructurales, dando incentivos a la oferta como impulsando la demanda, que beneficien a todo el tejido empresarial” (Hurtado). En este escenario, se resignan las medidas adecuadas, para preservar la salud de la población y su bienestar en general, en una fase donde el contagio poblacional es rápidamente creciente, ante el dilema de reactivar un aparato productivo deteriorado.

Por otra parte, ya se tiene el eje que delineará el gobierno con respecto a la orientación de la política económica post coronavirus, “se impulsará el agro, industria y litio para reactivar la economía” (Parada). El desarrollo basado en la agroindustria de exportación, al que apuestan los empresarios, con la expansión de la frontera agropecuaria hacia el norte para producir biocombustibles y carne para la exportación, profundiza más bien el modelo primario exportador que rige en el país desde 1985, con sus consecuencias sociales por los pocos efectos redistributivos del ingreso. Las intenciones del gobierno y de los empresarios para fortalecer el mercado interno, no tienen sustento bajo una estructura productiva orientada a la producción primaria para la exportación. Menos en la perspectiva de producción de biocombustibles cuando los precios de petróleo están por los suelos.

Hay desesperación de los empresarios para que el gobierno actúe con contundencia e inmediatez: “A pesar de los diferimientos otorgados en las medidas iniciales que promulgó el Gobierno, todas las unidades productivas estamos llegando a niveles insostenibles por la falta de ingresos. Con un flujo de caja negativo tendremos que reducir la operación a un nivel minúsculo, congelar nuestra actividad o cerrar la empresa. Tanto una pérdida de empleo como la liquidación de activos significaría una destrucción sin precedentes de valor económico” (Comunicado CAINCO.10.04.2020).

Sin embargo, a pesar de que las medidas de reactivación económica pudieran ser tomadas con premura, el comportamiento del mercado mundial puede llevarlas en un sentido contrario. En efecto, la caída del precio del petróleo WTI de los Estados Unidos, no solo es un simple movimiento especulativo de los inversionistas bursátiles, muestra ya una paralización concatenada del aparato productivo en la economía mundial, que pudiera llevar a una gran depresión. Los síntomas de sobreproducción se han hecho visibles en el sector petrolero. Los primeros días del mes de enero la demanda de petróleo era de 101 millones barriles diarios, en la actualidad es del 44%, llegando a los 70 millones de barriles por día, similar desempeño que se tuvo en 2002, cuando empezaba el súper-ciclo de alza de precios relativos de las materias primas. Es muy difícil que la producción vuelva a niveles anteriores a la crisis del COVID-19, más aún cuando la pandemia no ha sido controlada.

También existe preocupación de los partidos políticos, por la orientación de las medidas más allá de la emergencia sanitaria, que no correspondería a un gobierno transitorio, que había fijado una agenda para que se lleven adelante las elecciones en mayo, y de esa manera permitir que en agosto se reestablezca el ciclo político democrático. Esto también complica la forma de encarar la crisis sanitaria, enturbiando el escenario con la pugna de intereses de las distintas fracciones sociales a las que representan los distintos partidos políticos.

En vísperas del día primero de mayo, la situación y perspectivas de los trabajadores no son muy alentadoras. Ante la suspensión de la cuarentena, sin haberse controlado la pandemia, la opción de la población recae en el cuidado individual, dependiendo de los recursos con que pueda contar para no enfermarse. Los trabajadores no solo quedarán expuestos a la enfermedad, también quedan expuestos el desempleo y a una intensidad en la explotación del trabajo bajo las nuevas condiciones como el trabajo a domicilio impuesto por el teletrabajo, que exacerba la alienación del trabajador el sistema de producción de ganancias.

El movimiento obrero tampoco ha podido reaccionar frente a esta crisis sanitaria y económica, porque perdió su orientación de clase al respaldar un modelo de economía plural, que en los hechos solo beneficio al grupo de poder que controlaba el Estado y que en última instancia benefició a los empresarios en favor del capital.

LAS EMPRESAS SE BENEFICIARON CON LA AMPLIACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SEGURIDAD DE CORTO PLAZO, QUE TAMBIÉN PERMITE LIQUIDEZ A PARTIR DE LAS RETENCIONES A LOS INGRESOS DE LOS TRABAJADORES. ASIMISMO, SE INYECTÓ 499 MILLONES DE DÓLARES POR LA COMPRA DE BONOS DE TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (TGN), DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB), PARA QUE LAS AFP PRESTEN ESE DINERO A TRAVÉS DE LOS BANCOS

DESCARGAS

Icono

Alerta Laboral 87: Desempleo, flexibilización laboral y negación de derechos laborales

PUBLICACIONES RELACIONADAS
Compartir:
Back to Blog