La mejora en distintos indicadores macroeconómicos en los últimos años parece aún no traducirse en una mayor seguridad alimentaria para la población vulnerable en Bolivia, según refleja un estudio del docente e investigador el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IESE) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) César Romero.

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y de diferentes sectores económicos no ha tenido impacto en el desempleo y subempleo,  o si lo ha tenido ha sido “creando empleo precario (de baja o ninguna calidad)”, con lo que “se está afectando a la dimensión de acceso económico de la seguridad alimentaria”, señala Romero.
El investigador reconoce que  a través del destacado crecimiento del PIB se puede estar contribuyendo a la dimensión disponibilidad de la seguridad alimentaria (la capacidad de Bolivia para importar o producir alimentos), pero las personas que se encuentran “en situación de desempleo y subempleo, al no tener fuentes de ingreso  o tener ingresos bajos, están teniendo problemas en el acceso a los alimentos”.
Esto estaría afectando, advierte Romero, “a su bienestar y al denominado vivir bien, expresión entendida como el acceso y disfrute de los bienes materiales y de la realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos”, según dice el propio Plan Nacional de Desarrollo de 2006.
Mientras que el crecimiento del PIB parece tener poca relación con la disminución del desempleo (siendo este un obstáculo para la seguridad alimentaria), otros indicadores macroeconómicos y macrosociales, como la elevada inflación de los alimentos, la pobreza y la desigualdad económica sí tienen efectos más directos en la seguridad alimentaria de la población.

Alimentos, la inflación de los pobres
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadistica (INE), Fundación Jubileo, Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), procesados en la investigación de Romero, la inflación del conjunto de bienes y servicios acumulada a lo largo del periodo 2006-2013 fue del 53,89 %.
Sin embargo, la tasa de inflación acumulada de los alimentos y bebidas no alcohólicas ha sido de 79,10%, es decir, “los precios de los alimentos han estado un 25,21% por encima de la inflación general” en ese mismo periodo, indica Romero.
El problema de esto es que el incremento de precios de los alimentos afecta en mayor medida a los sectores vulnerables. Según la Fundación Jubileo, mientras más pobre es un hogar, mayor es su proporción de gasto en alimentos.
En esta línea, una investigación de año 2009 realizada por el académico peruano Fidel Jaramillo, con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), constataba que el 10% más pobre de los bolivianos gastaba entre el 72 % y el 67 % de su ingreso familiar en el área rural.
Por tanto, señala Romero, en el caso de los hogares pobres se debe prestar especial atención a la variación de precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, y no tanto así a la inflación del conjunto de bienes y servicios.
Y es que “el incremento de los precios de los productos alimenticios han incidido de forma negativa en el poder adquisitivo de los hogares bolivianos (especialmente de la población desempleada y empleada en el sector informal)” durante el periodo 2006-2013, lo que afecta la dimensión acceso de la seguridad alimentaria, destaca el investigador.

Nivel y calidad del empleo
En 22 de los 25 años que comprende el período 1988-2013, el PIB en Bolivia tuvo una tasa promedio de crecimiento anual de 4,07 %, o sea tasas de crecimiento del PIB por encima de la tasa media de crecimiento anual de la población boliviana (de 1,71 %), según Romero, lo que significó una importante oportunidad para superar la pobreza y la precariedad laboral.
Pese a esto, los sectores que más contribuyeron en la generación de empleo (agricultura, caza y pesca; comercio, restaurantes y hoteles; servicios comunales, sociales y personales; industria manufacturera) estuvieron entre los que han tenido “tasas de crecimiento menores” en el mismo período 1988-2013 (tanto en la época neoliberal como en la del gobierno actual), detalla el investigador.
Según datos de la Encuesta de Empleo (2009-2010) del Instituto Nacional de Estadística (INE), y que incluyen la ciudad de El Alto, los sectores económicos que más han crecido en los mismos períodos de referencia, son aquellos que se caracterizan por no ser intensivos en trabajo.
Al respecto, Romero señala que “no solo que el mayor crecimiento del PIB, por un lado, no ha permitido necesariamente disminuir el desempleo y el subempleo; por otro, tampoco ha generado cambios importantes en el tipo de empleo”.
Por el contrario, el MEFP, con base a datos del INE, señaló en anteriores oportunidades que la tasa de desempleo abierto urbano en Bolivia bajó de 8,2 % en 2005, a 3,2 % en 2012 (disminución del 5%).
Mientras, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), afirma que el desempleo fue de 12,1 % en 2005 y bajó al 8 % en 2012 (disminución del 4,1 %).
Asimismo, en un informe de 2014, el CEDLA señala, con base a una encuesta realizada en el eje troncal del país (incluido El Alto), que el 65 % del empleo generado pertenecería al sector informal y el 35 % al empleo formal, del cual el Estado sólo habría generado el 9,6  % y el sector privado el 22 %.
Romero afirma, por otro lado, que para el año 2011, “el 70% del total de los empleos generados habrían sido precarios, es decir, gente ocupada en empleos inestables, con remuneraciones bajas y empleos desprotegidos,  y por tanto sin beneficios sociales ni aportes a las AFPs, una precariedad que habría llegado incluso al ámbito formal”.
Esta situación es la que, según el investigador, está generando que una parte importante de la población boliviana tenga problemas para tener garantizada la dimensión acceso económico de la seguridad alimentaria.

Mejoras en pobreza y desigualdad
Los datos disponibles en Bolivia para ver el fenómeno de la pobreza se relacionan a dos indicadores principales: la incidencia de pobreza moderada (personas que viven con 2 dólares al día) y la incidencia de pobreza extrema (personas que viven con 1 dólar al día).
Según datos de 2014 publicados por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) y el MEFP, la pobreza moderada alcanzó al 39 % de la población el año 2013, que implica una disminución de 21,63 % respecto al año 2005.
Por su parte, la incidencia de pobreza extrema alcanzó al 18,70 % de la población el año 2013, implicando una disminución del 19,46% en relación al 2005.
Estos resultados, según los expertos, se deben en gran medida a la aplicación de políticas sociales como el bono Juancito Pinto (2006), la Renta Dignidad (2008) y el bono Juana Azurduy (2009), y consideran que no solo incidieron en la reducción de la pobreza, sino también en la reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso.
Según datos del MEFP, para al año 2005 el10 % más rico de la población boliviana concentraba alrededor de 128 veces el ingreso del 10 % más pobre, mientras que para el año 2012 la proporción bajó  46 veces.
A su vez, según los datos oficiales, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos, bajó de 0,60 el año 2005 a 0,47 para el año 2012 (el índice oscila entre 0 y 1, donde 0 representa perfecta igualdad  y 1 representa perfecta desigualdad).

Los límites del crecimiento
Para Romero está claro que “el crecimiento económico es una condición necesaria pero no se traduce automáticamente en la disminución del desempleo, el subempleo, de la pobreza y en mejorar la distribución del ingreso”, y que por tanto “no es suficiente para acelerar la reducción del hambre y la mal nutrición”.
Esto parece concordar con lo señalado por la FAO: los pobres no se benefician en forma suficiente del crecimiento económico, porque el crecimiento se origina en sectores que no generan suficiente empleo para los pobres, o porque estos carecen de un acceso seguro y equitativo a activos productivos (tierra, agua, crédito,etc.).
“Todavía queda mucho por trabajar en políticas públicas que permitan que el poco, moderado o mucho crecimiento de la producción acabe satisfaciendo necesidades sobre todo de acceso económicoa la alimentación”, indica el investigador del IESE.

¿Cuán confiables son los datos sobre la economía?

En una reciente publicación de World Economics (organización internacional que afirma estar desarrollando mejores y más rápidas mediciones de la actividad económica), se muestra que Bolivia sería uno de los peores países en cuanto a la calidad de sus datos oficiales respecto al Producto Interno Bruto (PIB).
En su Índice de Calidad de Datos, una lista de 154 países evaluados, Bolivia ocupa el puesto 150 en baja calidad de los datos, situándose solo por encima del Congo, Mali, Sudán y Haití.
Según World Economics, su Índice de Calidad de Datos se calcula en base a 5 aspectos: año base utilizados (el punto de comparación que usan los países para mostrar el crecimiento de su PIB), los estándares de cuentas nacionales utilizadas, el tamaño de la economía informal, los recursos usados para medir la actividad económica, y la intensidad de la corrupción.
“No se puede confiar en los datos del PIB de la mayoría de los países”, afirma la organización, “los datos están errados en una magnitud que muy pocos se dan cuenta”.
En Bolivia, es el Instituto Nacional de Estadística (INE) el encargado oficial para medir el PIB y otros indicadores económicos, sociales y demográficos.
En los últimos meses se ha dado un debate respecto a si el indicador del PIB en Bolivia (utilizado por el Gobierno para pagar el segundo aguinaldo y para mostrar sus logros en materia económica) refleja o no la realidad de la economía.
Cabe como aclaración que El País eN no puede corroborar la calidad y veracidad de los datos presentados por World Economics. Sin embargo, la información presentada por dicha organización puede alimentar este debate sobre la calidad y acceso a la información en Bolivia.

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