Para que una sociedad funcione de acuerdo a sus necesidades, la inversión de sus autoridades debe ir enmarcada en salud, educación y violencia, según una evaluación que realizó el director del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Javier Gómez Aguilar.

El Pacto Fiscal puede ser planteado de dos formas: la primera, es un debate sobre a quién le toca más y a quién menos, según sus competencias, ese debate puede ser cerrado y encapsulado a “sus necesidades”.

Por otro lado, la segunda visión, y según propone el Cedla, tiene una alta participación ciudadana. “Es un modelo que tiene orientación desde el ejercicio del derecho, no de cómo se distribuye la plata, tiene que ver con salud, educación, una sociedad libre de violencia, entre otros”.

Haciendo una evaluación de la actualidad, el experto sostuvo que nuestro país mantiene el modelo cerrado. “Las autoridades de turno deciden sobre los recursos, dicen que por ejemplo nosotros necesitamos carreteras, teleféricos, canchas y coliseos porque eso genera mucha movilización de gente y son íconos al momento en que uno es autoridad, y este modelo se repite desde lo local hasta lo central”, dijo.

SALUD

Sin embargo, cuestionó que la interrogante: ¿qué necesita la gente? pasa a un segundo plano y se antepone la consideración “eso necesita la gente”.

Por ejemplo, cuando uno asiste a una entidad pública de salud debe esperar varias horas para obtener una ficha; de ser una cirugía de emergencia, se debe realizar una inversión; la persona puede llegar a la pobreza.

“Estamos hablando de que esos recursos fiscales que van a determinados elementos, que los políticos consideran necesarios, impiden que esos recursos vayan a lo que la sociedad considera necesario”, sostuvo.

Consideró que es relevante que en una reforma fiscal “entendamos que el derecho a la salud y educación son prioritarios y no progresivos”, es importante saber cómo quieren los políticos hacer una reforma fiscal, y cómo creemos los ciudadanos que debe ir esa reforma.

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