Bolivia es uno de los principales productores y exportadores de gas de Suramérica, pero la poca transparencia que ofrece el Gobierno sobre las recaudaciones por la venta del hidrocarburo constituye una amenaza para mejora social del país.

El país vende a Brasil y Argentina el 75% de gas producido, pero poco se sabe de la eficiencia del manejo de los bienes, que de no ser controlados, podrían afectar drásticamente los proyectos sociales y de asistencia para las poblaciones más necesitadas, dicen expertos.

Tras 10 años de gestión el Gobierno y nacionalización de los hidrocarburos, a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) le falta proveer información detallada sobre el monto que le devuelve a las firmas extranjeras por los gastos de operación e inversiones en la explotación de gas, también conocidos como costos recuperables.

Esta retribución, que puede llegar a cifras millonarias, es el único pago que reciben las compañías extranjeras por su participación en la explotación de hidrocarburos, además de las utilidades.

Pero de estas cifras no hay información clara y precisa a raíz de la escasa desagregación de los costos, del aumento constante de los gastos de operación por año, y de los diferentes datos que maneja el gobierno, señalan analistas y exautoridades.

La falta de divulgación de los costos recuperables -y las auditorías a los costos- por parte de la petrolera estatal “incentiva la crítica a YPFB que tiene un grave problema de transparencia y denuncias de corrupción”, advirtió el exSuperintendente de Hidrocarburos, Hugo de la Fuente.

La falta de transparencia pone a relucir la posibilidad de que el Estado esté reduciendo los ingresos del país por renta petrolera en favor de cubrir los gastos de las firmas extranjeras. En definitiva, esta situación reduciría los recursos económicos que beneficia los proyectos sociales, y en especial, a los indígenas.

El presidente de la estatal petrolera YPFB Guillermo Achá y su oficina de comunicaciones se han negado en varias ocasiones a comentar o a proveer información al respecto.

Una de las consecuencias de la falta de transparencia ha sido, por ejemplo, la corrupción en el Fondo Indígena. Este proyecto fue creado en 2005 por el gobierno nacional para ayudar a los nativos del país, y ha sido alimentado con el 5 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.

Dirigentes de este proyecto recibieron recursos por al menos 500 millones de dólares ó 3.500 millones de bolivianos del 2005 al 2014, según el secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada. La Contraloría detectó, en una primera fase de auditoría, que hubo una pérdida de al menos Bs71 millones para 153 proyectos que nunca fueron ejecutados. Ahora tres de los directores del Fondo Indígena, ahora liquidado, están en la cárcel mientras muchos nativos aún esperan los recursos para la ejecución de sus proyectos.

LAS CIFRAS

Según cálculos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) con datos de YPFB, el gobierno entrega el 50% del total de los ingresos en regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos a los gobiernos subnacionales. El otro 50% lo divide, entregándole alrededor del 15% a las petroleras por costos recuperables y 12% de utilidad neta; el 23% restante representa utilidad para YPFB.

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