La Gaceta Jurídica / CEDLA

La antigüedad de los funcionarios

Durante los últimos años, la estabilidad laboral en el sector público se ha visto seriamente afectada por la progresiva prevalencia de contratación de becarios, consultores, interinos y provisorios, todos ellos bajo diversos tipos de contrato que perjudican y desalientan a los funcionarios de carrera. Así lo revela el informe del Cedla sobre la situación de los derechos laborales en el país.

La Razón, 10 de abril de 2012.- Aunque las puertas de acceso a la administración pública se han multiplicado, los caminos internos de promoción para el personal antiguo (quienes estaban antes del actual gobierno) se han cerrado casi por completo. “La antigüedad, lejos de ser reconocida como un mérito, es hoy motivo de discriminación”, señala el reporte del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla). “Ese mecanismo, tan natural como justo, es cosa del pasado y ha sido reemplazado por la ruleta de las convo- catorias externas, en la que el requisito para participar, es la renuncia previa. El valiente que aspira a un cargo superior, debe primero renunciar a su seguro, sus vacaciones y todos sus beneficios acumulados, corriendo el riesgo de no aprobar la convocatoria; en el mejor escenario, si gana la convocatoria externa, de todas maneras debe empezar de cero en el nuevo cargo”.

Esta nueva forma de discriminación laboral se expresa en la promoción de funcionarios junior frente a funcionarios que tienen 15 ó 20 años de experiencia. Los novatos pasan a ganar más que los antiguos, quienes en muchos casos deben resignarse al atropello. El resultado es una rotación de personal inédita en el sector público, indica la investigación.

Elementos detectados

En este camino de sistemático deterioro de condiciones de trabajo, ser un funcionario de carrera en la administración pública ha ido perdiendo sentido. Se suponía, por ejemplo, que ser “de carrera” implicaba gozar de inamovilidad funcionaria, salvo, y allí está el detalle, en caso de procesos internos. El hallazgo de “responsabilidad administrativa” en los procesos internos se ha convertido en el recurso mágico a través del cual se puede retirar a cualquier funcionario, incluso siendo éste de carrera, es uno de los puntos preocupantes que describe esta investigación.

Aunque resulte difícil de creer, se han dado múltiples casos en los que el funcionario se ha presentado a la convocatoria pública, ha cumplido con todos los requisitos, ha aprobado satisfactoriamente las pruebas y gozaba de la seguridad de ser ya funcionario de carrera; la pesadilla de esa gente llega en forma de Resolución del Servicio Civil, indicándoles que sus procesos han sido fallidos y, por lo tanto, pasan a ser funcionarios “provisorios”, lo que faculta a sus departamentos de recursos humanos a retirarlos en cualquier momento.

En estas circunstancias, ¿quién puede sostener que existe tal cosa como la inamovilidad funcionaria para los funcionarios de carrera en el Estado?Si este entramado de agresiones no funciona para espantar a “los antiguos” y abrir espacios para “los nuevos”, queda siempre la opción de pegar en donde más duele y echar mano del congelamiento salarial. Así como lo oye, cuando se negocia y se habla de aumentos salariales para el sector público la realidad muestra que esto funciona solo para salud y educación.

En el caso específico de una institución calificada como autárquica, los trabajadores no han recibido un centavo de aumento al salario desde el 2004. Tampoco han sido sujetos de los bonos que benefician a otros sectores.

En el caso de estas instituciones, los funcionarios a veces son empleados públicos y a veces no, por consiguiente, no saben cuál es la norma qué los protege: ¿la Ley General del Trabajo?, ¿el Estatuto del Funcionario Público?, ¿el Reglamento Interno de cada institución? Pero, quien tiene la voluntad política de perjudicarlos, puede elegir entre cualquiera de ellos para ese cometido.

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