El MAS repite el viejo libreto: Liberalización de precios, privatización y fomento a la inversión extranjera

¿Es antineoliberal el actual modelo económico?

Juan Carlos Zuleta Calderón *

En estos casi seis años de gobierno se cumplió a cabalidad la búsqueda de estabilidad macroecónomica, el primer objetivo del neoliberalismo; no por nada se consiguieron los elogios más grandilocuentes del Fondo Monetario Internacional (FMI) por el «buen manejo de la economía”. Ahora el régimen se empeña en cumplir el segundo objetivo de la Teoría Económica Neoclásica: la aplicación de ajustes estructurales.

Bol Press, 12 de dciiembre de 2011.- En un artículo publicado hace unos días en Página Siete, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas del actual gobierno critica al ex Presidente Carlos Mesa acusándolo, entre otras cosas, de neoliberal, a tiempo de echar – me parece – demasiadas flores a su gestión y al modelo económico vigente que – según indica – “difiere diametralmente” del neoliberal. La presente contribución tiene el único propósito de orientar a la opinión pública en torno a ciertas cuestiones del ámbito económico nacional no siempre accesibles al grueso de la población boliviana. Por tanto, no debiera entenderse como una defensa del ex mandatario ni mucho menos.

Confieso que me ha costado trabajo encontrar puntos de divergencia entre el actual modelo económico y el anterior. Tal como señalé en un artículo publicado hace poco menos de un año sobre el “gasolinazo”, el antiguo modelo neoliberal estaba inscrito en la Teoría Económica Neoclásica con dos objetivos fundamentales: (1) la búsqueda de estabilidad macroecónomica, y (2) la aplicación de ajustes estructurales.

Para los neoliberales, la estabilidad macroeconómica sólo se podía lograr mediante el control de la inflación y el presupuesto y el equilibrio de la balanza de pagos, en tanto que los ajustes estructurales consisten en: (i) la puesta en vigor de una reforma tributaria dirigida, entre otras cosas, a ampliar el universo de contribuyentes y el mejoramiento de las recaudaciones impositivas; (ii) la liberalización de precios en la economía a través de la eliminación de todos los subsidios y subvenciones existentes en la economía; (iii) la privatización de las empresas públicas estratégicas, y (iv) el fomento a la inversión extranjera.

Estabilidad macroeconómica

Respecto al primer objetivo de la política económica neoliberal implantada en el país desde 1985, hoy no me queda más que reiterar – once meses después – lo que ya mencioné en el artículo anteriormente mencionado: “Está claro que en estos casi seis años de gobierno, se cumplió a cabalidad el primer objetivo del neoliberalismo; no por nada se consiguieron los elogios más grandilocuentes del Fondo Monetario Internacional (FMI) por el buen manejo de la economía.” Como ya mencioné líneas arriba, la estabilidad macroeconómica se sustenta en el combate a la inflación, la reducción del déficit fiscal y el equilibrio de la balanza de pagos. El ministro del área insinúa que en los tres frentes de batalla el actual gobierno fue exitoso.

En el primero, sostiene que “se bolivianizó la economía dándole al Banco Central un grado de libertad muy alto para ´hacer´ política monetaria”, pero evita hablar sobre cómo esta política, ideada como una forma de combatir las presiones inflacionarias provenientes del exterior, condujo al mismo tiempo a una situación de desventaja en términos competitivos a muchas empresas productoras de una serie de bienes de exportación particularmente manufactureros que, a diferencia de las materias primas, tienen que enfrentarse en una encarnizada guerra de costos y precios principalmente con algunas economías emergentes mucho más poderosas.

Tampoco dice nada sobre su política ortodoxa de “esterilización” monetaria, implementada a través de operaciones de mercado abierto (v.g. ventas de bonos del tesoro al público) con el propósito de reducir la masa monetaria en la economía como un mecanismo monetario (neoclásico/neoliberal) de control de la inflación. Otro tema obviado por el ministro del área es, por ejemplo, la modificación sustantiva de las ponderaciones utilizadas en el cálculo del índice de precios al consumidor (IPC), el indicador más aceptado de inflación, que desde principios de la presente gestión de gobierno asignaría un porcentaje relativo menor a los alimentos dentro de la canasta familiar, escondiendo el efecto del importante incremento de precios de estos bienes sobre el nivel general de precios en los últimos años.

Dado el hecho de que en una economía pobre y atrasada como la nuestra la gran mayoría de la población gasta la mayor proporción de su salario en alimentos, ésta no puede ser sino una forma artificial de reducir el índice de inflación. Curiosamente, hace unos años descubrí que un ajuste similar se aplicó – posiblemente de manera más justificada – en Estados Unidos casi al finalizar la gestión del presidente George W. Bush.

En el segundo, dice que “se liberó a la política fiscal de su déficit”. Si bien, en efecto, éste puede considerarse un logro del gobierno, no deja de preocupar el hecho de que en el presupuesto 2012 se haya introducido otra vez un porcentaje de déficit. ¿Quiere decir esto que el éxito fiscal del gobierno fue simplemente algo efímero? Y, si fuera así, entonces ¿de qué buen funcionamiento del actual modelo económico se estaría hablando? El ministro no puede salir de su propia trampa neoliberal. De inicio habla de que los gobiernos neoliberales no fueron eficaces en el control del déficit, luego indica que este gobierno sí fue efectivo en la obtención de superávit fiscales y, al final, se olvida de mencionar que el actual presupuesto del Estado sí contempla un déficit fiscal.

La pregunta es: ¿En qué quedamos? Desde una perspectiva estrictamente neoliberal, el déficit fiscal per se es una mala señal. A partir de una visión más bien heterodoxa, e incluso antineoliberal, sin embargo, tener un déficit fiscal no necesariamente significa que la economía funcione mal, que es la impresión que el ministro pretende dar en su artículo. En este último caso, todo depende del conjunto de medidas de política económica que se apliquen, tanto en el corto como en el largo plazo.

En el tercero, solamente se refiere al aumento de las reservas internacionales que – muy pocos saben – no fueron un resultado de las acciones de este gobierno sino más bien de las condiciones externas más favorables – en términos de precios de sus principales materias primas – que le ha tocado vivir al país en los últimos 6 años. Esto nos dirige a analizar otra afirmación contundente del ministro: “el auge de los precios internacionales benefició a la economía boliviana desde 2004”, dando a entender que los dos anteriores gobiernos, a pesar del escaso tiempo que estuvieron en el poder, malgastaron una oportunidad de oro para mejorar la economía de los bolivianos.

A objeto de contrastar la hipótesis del ministro del área económica, me he permitido revisar en detalle el comportamiento de los precios de exportación de gas natural (hoy por hoy el principal producto de exportación de Bolivia, con un 42% de las exportaciones totales) pagados tanto por Brasil como por Argentina, de acuerdo con sus respectivos contratos, así como los de cuatro minerales (plata , zinc, estaño y plomo) que a octubre de 2011 constituyeron el 34,19% de las exportaciones nacionales, encontrando que los grandes incrementos de precios internacionales se dieron precisamente a partir de febrero de 2006, ya que los aumentos de precios internacionales entre octubre de 2003 y enero de 2006 fueron, en comparación, muy poco significativos.

Con base en información de precios obtenida de la Fundación Milenio (Véase: http://www.fundacion-milenio.org/Coloquios-economicos/coloquio-economico-no-19-la-crisis-internacional-y-los-hidrocarburos.html) e HidrocarburosBolivia.com (Véase: http://www.hidrocarburosbolivia.com/nuestro-contenido/estadisticas/46308-precios-record-para-el-gas-boliviano-que-se-exportara-a-brasil-y-argentina-durante-el-ultimo-trimestre-2011.html), se puede concluir que si bien hubo incrementos importantes en los precios internacionales del gas natural entre octubre de 2003 y enero de 2006, éstos no se comparan con los que se dieron entre febrero de 2006 y noviembre de 2011. En efecto, considerando la variación porcentual entre los precios más bajos y los más altos, en el primer período los precios promedio que pagó Brasil se incrementaron en un 76%, mientras que los que pagó Argentina subieron en 110%. En contraste, en el segundo período los precios treparon a 126% y 196%, respectivamente.

El caso de la plata, al presente el segundo producto de exportación (en valor) después del gas natural, es por demás interesante. Con información proveniente de Kitco.com (Véase: http://www.kitco.com/charts/historicalsilver.html), se ha podido observar que entre octubre de 2003 y enero de 2006, el precio de la onza troy de plata saltó de $us.4,82 a $us.9,9, o sea que más o menos se duplicó. Sin embargo, desde febrero de 2006 hasta noviembre de 2011, el precio de la plata trepó a $us. 33,15 por onza troy, es decir aumentó en más de tres veces, registrando incluso un valor de $us.49 la onza troy en abril de 2011.

En relación con el zinc, los precios internacionales (según datos de London Metal Exchange (Véase: http://www.lme.com/zinc_graphs.asp)) se duplicaron entre octubre de 2003 y enero de 2006; se multiplicaron por 5 en noviembre de ese mismo año y volvieron a un nivel similar al de enero de 2006 en los últimos días.

En cuanto al estaño, si bien los precios internacionales (según datos de London Metal Exchange (Véase: http://www.lme.com/tin_graphs.asp)) se duplicaron entre octubre de 2003 y mayo de 2004, a enero de 2006 solamente registraron un incremento del 40%. Sin embargo, de febrero de 2006 a la fecha casi se triplicaron, aunque en abril de 2011 casi se multiplicaron por 5.

Por último, respecto al plomo, el menos importante de los cuatro minerales en términos de los valores de exportación que genera, los precios (según datos de London Metal Exchange (Véase: http://www.lme.com/lead_graphs.asp)) mostraron un aumento de más del doble entre octubre de 2003 y enero de 2006, mientras que entre febrero de 2006 y diciembre de 2011 sólo se incrementaron en un 43%, luego de haberse casi triplicado en agosto de 2007.

De modo que no fue como señala el ministro. En realidad, al actual gobierno le tocó el período de incremento de precios internacionales más importante de la historia del país. La pregunta que sigue es: ¿qué hizo el gobierno con todos esos recursos?

El ministro se empeña en afirmar que el auge de los precios internacionales llegó a los bolivianos a través de la nacionalización de los hidrocarburos, Huanuni, Vinto y la creación de empresas públicas. Dice que todos los ingresos generados por estos sectores fueron a parar a las cuentas de los municipios, universidades, gobernaciones y empresas públicas.

Aquí, se olvida de mencionar que en el mejor de los casos estos recursos sólo sirvieron para financiar proyectos de infraestructura y servicios básicos, a nivel local y departamental, bajo el libreto neoliberal de que la inversión pública no debería dirigirse al desarrollo productivo, fuente principal de empleo en cualquier economía. Tampoco habla de las ingentes cantidades de recursos que permanecen en las cuentas fiscales de tales entidades públicas esperando la próxima apropiación de fondos por parte del gobierno central, posiblemente para financiar alguna nueva renta o bono.

Por último, el responsable del área económica del gobierno opta por no comentar nada sobre las recientes declaraciones del vicepresidente del Estado respecto al rol de las empresas públicas en una época en la que la fiebre nacionalizadora parecería estar dispuesta a copar todo el espacio económico posible, excepto el de “las gallinas de los huevos de oro”, es decir el sector hidrocarburos y el sector minero, los dos verdaderos pilares “intocables” sobre los que – paradógicamente – se afianza el modelo económico del gobierno.

Cabe recordar que el segundo mandatario del Estado ha sido enfático en señalar que el objetivo de este conjunto de empresas llamadas estratégicas no sería la generación de empleo sino la obtención de ingresos fiscales para redistribuirlos en rentas. Al respecto, en un reciente artículo me he preguntado: ¿quién entonces debería hacerse responsable de la creación de fuentes de empleo en el país? ¿La empresa privada? El ministro observa que la cantidad de empresas privadas (40.369) creadas en términos netos entre 2006-2011 demuestra que hay “un crecimiento del sector privado y su contribución al Estado por concepto de Impuesto a las Utilidades de las Empresas”. Sin embargo, no dice que probablemente sólo un puñado de estas empresas tiene capacidad para generar empleo e impuestos, por lo que su “cifra” resulta insuficiente para plantear las bases de un análisis serio sobre el crecimiento o la reducción del tamaño de la empresa privada en la economía.

En suma, es posible que este gobierno haya realizado un mejor manejo de la macroeconomía que los anteriores, pero nunca dejó de ser neoliberal. Aquí se aplican mejor las palabras del ministro del área a su propia gestión: “otra cosa es con guitarra”.

Ajustes estructurales

Reforma tributaria: Cuando habla del aumento de las recaudaciones impositivas, el ministro se atribuye completamente este logro, evitando comentar sobre los avances alcanzados en materia de ampliación del universo de contribuyentes, a partir de la aplicación de un nuevo Código Tributario desde 2003, o la reforma institucional del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) implementada en el período 2001-2006 en los gobiernos “neoliberales” anteriores.

Nacionalización versus privatización: La nacionalización de los hidrocarburos marcó un hito en la historia del país, sobre todo debido a sus efectos en términos de generación de ingresos adicionales para el Estado. No obstante, tal como señala un reciente estudio del CEDLA titulado “Gasolinazo: Subvención popular al Estado y a las petroleras”, “… al disponer el retorno de YPFB a la actividad hidrocarburífera en condiciones precarias y sometida a la libre competencia con las empresas transnacionales— permitió que las reservas y la extracción —que es lo que les da valor económico— continuasen en manos de éstas, cuyos intereses se supone que deberían afectarse” (pag. 49).

Es más, esta medida histórica partió de la concepción – también de corte neoliberal – de que “la inversión extranjera es imprescindible” (pag. 50). Como resultado, el control de las reservas de gas natural y petróleo a cargo de tres empresas transnacionales (Petrobras, Repsol y Total) aumentó del 83,4% en 2005 al 85,2% en 2009, mientras que el control de las reservas por parte de YPFB mediante sus subsidiarias Andina y Chaco bajó del 12% en 2005 al 11% en 2009. Asimismo, la investigación del CEDLA revela que el 80% de la producción de hidrocarburos se encuentra bajo el control de operadoras privadas extranjeras y que apenas el restante 20% está en manos del Estado “a través de las empresas Andina y Chaco, en asociación con empresas extranjeras” (pag. 60).

En este sentido, el CEDLA sostiene que “el Estado Plurinacional no define la política de hidrocarburos, ni ejerce presión sobre las petroleras para que produzcan, sino que debe recurrir a otorgarles incentivos para estimularlas. Así, como respuesta a la eventual crisis energética, parece haberse inscrito en la agenda gubernamental el aumento de los incentivos a las petroleras y la presión sobre el pueblo consumidor a través de la imposición de precios internacionales” (pag 70).

Liberalización de precios y fomento a la inversión extranjera

Lo anterior nos conduce a la evaluación de los dos últimos ajustes estructurales que, en lugar de eliminarse, parecen haberse reivindicado en los últimos tiempos. El gobierno ha hablado a lo largo de todo el año que termina de la necesidad irreductible de una “nivelación de precios”, otra vez una medida estrictamente neoliberal, con la que, según el mencionado estudio del CEDLA, pretende resolver dos problemas: el desengramiento del Estado por la subvención de los hidrocarburos y la falta de incentivos a las operadoras extranjeras para que produzcan más y, en el mejor de los casos, también exploren más.

No obstante, por una parte, según el CEDLA, la subvención parece ser mucho menor de lo que se pensaba y los efectos de un gasolinazo sobre la masa poblacional más empobrecida del país podrían ser devastadores. Por otra, como señala un reciente artículo, el incentivo a las petroleras podría costarle “al Tesoro General del Estado unos 1.044 millones de dólares por año si el precio interno de los hidrocarburos no se incrementa”. Estos argumentos no hacen otra cosa que reforzar el planteamiento que realicé en mi artículo sobre el gasolinazo, publicado en este mismo medio a principios de enero de este año, acerca de la necesidad de preparar a YPFB para asumir el control de las empresas petroleras que no cumplan sus compromisos de inversión.

En síntesis, el análisis precedente sobre los ajustes estructurales nos lleva a concluir también que el actual modelo económico dista mucho de diferenciarse claramente del conjunto de modelos neoliberales aplicados en Bolivia desde 1985.

* Economista.

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