Luis Fernando Avendaño

La industrialización en Bolivia para dar valor agregado a las materias primas es una promesa del Gobierno expresada en un paquete de 36 proyectos en  hidrocarburos, minería y manufacturas.

Sin embargo, tras un análisis de lo ejecutado hasta la fecha, es posible afirmar que los proyectos, en su mayoría, aún están en gestación, algunos hacen sus primeras pruebas y muchos sufrieron retrasos, por lo que es posible sostener que la industrialización de empresas públicas del Estado es aún una promesa pendiente del Gobierno.

El análisis corresponde al Centro Estadístico para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla). Del otro lado, varias fuentes del Gobierno coinciden en responder que los retrasos ni son grandes ni son injustificados, puesto que se deben cumplir fases.

Además, los retrasos son mínimos si se compara con lo que debieron hacer los gobiernos de turno anteriores. El compromiso es concluir el paquete de proyectos hasta 2020.

Según el investigador del Cedla, Carlos Arze, son 36 proyectos presentados por el Gobierno dentro de su programa de industrialización (11 en hidrocarburos, lo mismo que en minería y 14 en manufacturas). Para todos estos se ha comprometido una inversión de 7 mil millones de dólares, pero la cifra podría aumentar a 9.700 millones si se contabilizan la Siderúrgica Mutún (2.100 millones) y las dos plantas de refinería de zinc (515 millones), además de Azucarbol de Bermejo (23,3 millones).

En todo caso, en el área de hidrocarburos, el proyecto estrella de la planta de urea y amoníaco de Bulo Bulo se halla en construcción y se esperan los primeros resultados para el segundo semestre de 2016; las plantas separadoras de líquidos de Río Grande no pueden considerarse “industrias”, puesto que no generan un nuevo producto, sólo separan elementos. En minería, sus dos proyectos estrella (litio y hierro) enfrentan problemas: el litio de Uyuni, sigue en fase de pruebas y apenas produjo sus primeras 10 toneladas de carbonato de litio; el hierro de El Mutún está postergado debido a la disolución de contratos con la india Jindal Steel SRL. Finalmente, en manufacturas, se concluye que las unidades puestas en funcionamiento hasta la fecha no son rentables desde el punto de vista empresarial, y atienden más a una lógica de demanda social (empleo).

Según el Cedla, en el caso de la industrialización de los recursos naturales no renovables, la política del Gobierno mostró mucha incoherencia y ha tropezado con problemas derivados de sus propios errores en la implementación, impidiendo resultados tangibles hasta la fecha.

 

Hidrocarburos

En el ámbito de los hidrocarburos, según Arze, destacan la incoherencia en la formulación de la política y las discrepancias en la asignación de atribuciones a las instituciones encargadas del proceso. Por un lado, la priorización de la recaudación de ingresos fiscales ha subordinado la industrialización a la coyuntura fiscal, a las condiciones de mercado que enfrentan las operadoras extranjeras e inclusive a pugnas dentro del régimen. Por otro lado, hubo muchas discrepancias sobre las atribuciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la Empresa Boliviana de Industrialización de los Hidrocarburos (EBIH), hasta que en junio de 2011 un decreto supremo rayó la cancha dando más competencias a YPFB.

Además, las diferentes instituciones estatales incorporaron varios proyectos cuya responsabilidad aún están en disputa; por ello, las previsiones sobre montos de financiamiento necesarios han variado desde los 1.570 millones de dólares hasta los 7.000 millones.

Otro problema fue la actitud permisiva del Gobierno con las empresas extranjeras, justificada por la necesidad de inversiones, y el enigma sobre las reservas hidrocarburíferas en el país.

Al respecto, el gerente general de Plantas, Proyectos y Petroquímica de YPFB, Mario Salazar, no quiso comentar el informe del Cedla por no conocerlo. Sin embargo, explicó que el proceso de industrialización avanza por fases, y no es posible saltarlas. Negó que la elaboración de normativas para precisar las competencias de YPFB y EBIH hayan sido determinantes en los retrasos y enfatizó que, en todo caso, los supuestos retrasos nunca serán tan grandes si se compara con lo que debieron haber hecho gobiernos anteriores en materia de industrialización.

 

Minería

Los proyectos de industrialización en minería estuvieron a cargo del Ministerio de Minería y Metalurgia. En apariencia, el plan de industrialización en este sector está más avanzado que en hidrocarburos, pero los tres proyectos con menor cumplimiento son precisamente los más grandes e importantes en términos de volumen de la inversión y de la complejidad de los procesos de transformación industrial: zinc, litio y hierro.

En el caso de las refinerías de zinc, hubo problemas de licitación desde 2010, hasta que recién en 2012 se adjudicó, por invitación directa, a la española Técnicas Reunidas, que construirá las refinerías en cuatro años.

En el tema del litio del salar de Uyuni, el retraso de casi dos años se debe principalmente a errores sobre la duración del proceso de investigación del método de obtención de carbonato de litio como paso previo para la obtención de litio metálico y la fabricación de baterías de ión-litio. La situación fue admitida por el propio presidente de la Gerencia de Recursos Evaporíticos, Alberto Echazú, aunque, según declaraciones a la prensa, este tipo de retrasos es «normal» y hasta justificable si se considera que durante los 20 años anteriores los gobiernos de turno no hicieron nada al respecto.

Finalmente, el proyecto siderúrgico de El Mutún, que representaba la mayor inversión extranjera (2.100 millones de dólares en siete años), ha sido suspendido indefinidamente y la empresa Jindal Steel & Power, encargada del proyecto siderúrgico, pidió la rescisión del contrato con el argumento de que el Gobierno ha incumplido una serie de compromisos.

Por lo demás, la planta de Corocoro y la fábrica de ácido sulfúrico entraron en funcionamiento en los plazos previstos, mientras que el horno Ausmelt en Vinto y rehabilitación de Karachipampa se encuentran en fase de pruebas. Los restantes se encuentran en diferentes estadios de cumplimiento de lo previsto. En los casos de la fábrica de ácido sulfúrico y de la fundición de Karachipampa, se trata, en realidad, de su rehabilitación y no de nuevas construcciones.

 

Manufacturas

En manufacturas, sólo tres de las nueve empresas proyectadas desde 2007 entraron en funcionamiento en 2012. Según el análisis de Cedla, los retrasos se deben a la falta de capacidad técnica y errores de planificación debido a que muchos de los proyectos no fueron resultado de la planificación razonada, sino de la presión de organizaciones sociales, lo que obligó a modificaciones de contratación.

Estas decisiones desembocaron en varios casos en actos de corrupción que interrumpieron o hicieron fracasar los proyectos de industrialización. Además, varios de los proyectos no tienen financiamiento estatal y deben recurrir a la donación o al crédito privado interno o externo.

Lo más destacado de los proyectos de industrialización manufacturera del actual Gobierno es su reducida magnitud en términos de inversión, aporte a la producción, generación de ingresos públicos y creación de empleos.

La gerente general del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), Patricia  Ballivián, dijo que los proyectos están empezando a crecer, tales como Lacteosbol, EBA y Cartonbol, que en 2013 obtuvieron ventas por 267 millones de bolivianos.

“Actualmente, éstas están en pleno proceso de producción”. “No existen empresas deficitarias”, sino aquellas que se están incubando, declaró en entrevista con el diario El Deber.

Promesa pendiente.

Un estudio del Cedla concluye que la industrialización aún es una promesa pendiente del Gobierno, puesto que no hay aún resultados concretos.

Fuentes del Ejecutivo responden que los retrasos no son serios ni injustificables, sobre todo si se compara con lo que debieron hacer gobiernos anteriores.

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