El pasado 20 de mayo, y al parecer sólo con la alerta del periódico La Razón seis días después, y ahora del diario británico «The Guardian», el Gobierno aprobó el decreto 2366 por el cual se autoriza la actividad hidrocarburífera en las áreas protegidas.

La medida es justificada desde el primer artículo de dicho documento, bajo el argumento de que es de interés público para el desarrollo del país, y de interés local, en la medida en que podría contribuir a reducir la pobreza de los habitantes en las zonas intervenidas.

El ingreso de las petroleras a las áreas protegidas se daría bajo ciertas condiciones supervisadas, dice su artículo 2, por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la Autoridad competente. Solo se restringe el ingreso de la maquinaria en lugares considerados santuario o monumento natural. El decreto señala que las empresas deben usar tecnología de última generación, considerar los ecosistemas frágiles y actuar para mitigar la pobreza de los pobladores. Además se ordena que el 1% de la inversión petrolera o gasífera debe ser depositada para el mantenimiento del área protegida en la cual se ha explorado y perforado.

En Bolivia hay un total de 22 áreas protegidas, demarcadas bajo esa condición por su diversidad biológica y la fragilidad de sus ecosistemas.

De acuerdo al periódico «The Guardian», el Cedib, un centro de investigación y documentación de Cochabamba, ha descubierto que 11 de las 22 áreas protegidas se sobreponen a las concesiones hidrocarburíferas ya acordadas entre las autoridades y las empresas.

La zona en mayor peligro es el Iñao, donde el 90% del dicho territorio boscoso fue entregado formalmente a las empresas Total y Gazprom de Francia y Rusia, respectivamente. En el caso de la reserva de Pilón Lajas, más de 85% está en poder de Petrobras y Repsol. En el caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), región situada entre los departamentos de Cochabamba y Beni, el 35% está abierto para explorar y explotar gas y petróleo. En el Madidi, el 75% de 1,8 millones de hectáreas, está bajo el interés de Repsol, Petrobras y Petroandina (YPFB-PDVSA). Por ello se habla de una superposición de áreas protegidas y concesiones petroleras. El decreto 2366 ha terminado de cargar la balanza a favor de éstas últimas.

Sectores ambientalistas han destacado que solo en el Madidi se encuentra el 11% de todas las especies de aves del planeta (SERNAP-Wildlife Conservation Society).

Alrededor de 24 millones de hectáreas (22% del territorio nacional) habrían sido identificadas en todo Bolivia como zonas de potencial explotación de hidrocarburos. Es la nueva frontera petrolera del país.

DECRETO

Entrevistado por el citado diario británico, Jorge Campanini del Cedib, aclaró que el decreto «ha hecho viable» la exploración en las áreas protegidas, sobre las cuales el Gobierno ya ha firmado contratos con las empresas. Algunos de esos contratos son recientes, mientras otros como los suscritos por Repsol y Petrobras datan de 2007 como el que pesa sobre el Madidi. El ingreso de las petroleras había sido frenado ya sea por la oposición o porque estaba en estado latente. «El decreto remueve los obstáculos que impedían la aplicación de los contratos firmados con las empresas», dijo Campanini.

Por su parte, Carlos Arze del Cedla, entidad dedicada a la investigación, señaló a «The Guardian», que aunque la Constitución afirma que las áreas protegidas son parte del patrimonio natural y cultural de Bolivia, se les atribuye también funciones económicas para el desarrollo sostenible. Arze dijo que el decreto en cuestión viola los derechos de los pueblos indígenas al permitir actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas habitadas generalmente por estos grupos étnicos.

Para ver la página de origen haga click aquí.