Tal como lo ha promocionado el Gobierno, en la gestión de Evo Morales el tamaño de la economía boliviana se quintuplicó, la presencia del Estado se expandió a casi todas las esferas de la sociedad, la inversión pública sigue creciendo, mejoró la cobertura de algunos servicios básicos y los sectores pobres se beneficiaron con bonos y transferencias monetarias condicionadas.

Si bien el Gobierno atribuye esta dinámica a la demanda interna (consumo de los hogares, del Estado e inversión), en realidad “éste se ha producido fundamentalmente por la influencia ejercida por la demanda externa de materias primas, principalmente minerales e hidrocarburos”, remarca Carlos Arze, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).
Así, tanto el mayor consumo de los hogares y el mayor gasto estatal (corriente y de inversión) son posibles gracias a los ingresos generados —bajo la forma de renta fiscal y de salarios— mayormente en los sectores productivos de hidrocarburos, minería y agroindustria, cuya demanda reside en el exterior.
Por ello, “la estructura productiva del país ha seguido modificándose en favor de la presencia hegemónica de las ramas extractivas orientadas a la exportación y en detrimento de la agricultura y la industria manufacturera que proveen al mercado interno”, advierte Arze.
En base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el investigador muestra que mientras a principios de siglo la producción de las ramas extractivas constituía “sólo el 6,56% del PIB y equivalía a un cuarto del valor producido por la industria y la agropecuaria, en 2014 representaba ya el 13,24% del PIB, pasando a equivaler a casi el 70% del valor de las otras dos ramas productivas principales”.
El problema es que la agudización del carácter primario de la producción y su orientación hacia la exportación tiende a profundizar la dependencia y sometimiento de la economía boliviana a la dinámica “del gran capital monopólico representado por las empresas transnacionales”, ya que los sectores extractivos se hallan dominados principalmente por éstas.
Un ejemplo de esto lo detalló Pablo Solon, exembajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, en un reciente artículo: “en términos estrictos no podemos decir que hubo una nacionalización ya que hoy día dos empresas trasnacionales (PETROBRAS y REPSOL) manejan el 75% de la producción de gas natural en Bolivia”.
En el caso de la producción de hidrocarburos líquidos (petróleo, condensado y gasolina natural), “el predominio de las empresas transnacionales es todavía más evidente”, llegando a controlar el 86% de la producción en 2014, según datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, presentados por Arze.
Por otra parte, el exministro de Hidrocarburos Andrés Soliz Rada, hacía notar el año pasado que en el caso de la explotación de San Cristóbal, en Potosí, “la japonesa Sumitomo se lleva 1.000 millones de dólares anuales y deja 30 millones al país”.
Arze agrega que la presencia de las empresas transnacionales en la minería “alcanza como promedio para todo el período 2005-2014 alrededor de 70%, en tanto que la participación estatal sólo subió de un 0,4% a un 4,8% y la de las cooperativas cayó desde el 32% hasta el 25%”.
Mientras tanto, el director de la Fundación TIERRA, Gonzalo Colque, denunció que en el sector de la agroindustria, “las transnacionales más importantes del agronegocio global como ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus se instalaron en Santa Cruz sin ninguna interferencia del gobierno para la mercantilización de las tierras fiscales y el control del negocio de la soya transgénica”.
Esta continuidad de la presencia y control transnacional sobre los sectores extractivos, que en los hechos son “estratégicos” para la economía boliviana, está solventada por una “gran coalición entre Estado y compañías transnacionales con el interés común de extraer las rentas extraordinarias generadas por la explotación de recursos naturales”, agrega Colque.

Bolivia y el “rentismo de alta intensidad”

Algunos analistas han señalado que esta excesiva dependencia de los sectores extractivos (exportación de materias primas) genera en el Estado boliviano una actitud rentista, que a su vez es replicada en niveles subnacionales e incluso en sectores específicos de la sociedad.
En este sentido, para Arze el Estado boliviano es rentista “en el sentido de que la absorción de la fracción más importante del excedente generado en la economía nacional, encarnado en grandes volúmenes de capital-dinero, no se acumula para convertirse en capital-industrial”.
Según el investigador, esto ocurre de manera consciente al limitar la acción estatal “a los denominados ‘sectores estratégicos’, dejando a la iniciativa privada el desarrollo de la industria en los sectores que proveen al mercado interno y alentando la creación de industrias ‘comunales’, ‘artesanales’ o ‘cooperativas’ que sólo llegan a los primeros eslabones de la manufactura”.
Colque, por otra parte, considera que el argumento gubernamental de que el extractivismo es una necesidad “temporal” para construir la economía del futuro (industrialización y economía del conocimiento, según palabras del vicepresidente García Linera) carece de sustento.
Para el director de la Fundación TIERRA, esa estrategia en realidad ha generado dentro de Bolivia un “rentismo de alta intensidad” que “encierra dinámicas económicas improductivas que no generan riqueza, al contrario, pueden provocar la enanización de la economía a mediano y largo plazo”.

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