Diego Ayo Saucedo

Lo sucedido con los cooperativistas es propio de un modelo que funciona dando ‘todo’ a los aliados y ‘nada’ a los enemigos. Sostengo esta idea poniendo en evidencia que el trato con este sector no es la excepción sino la regla. El Gobierno ha funcionado hasta los luctuosos sucesos reclutando aliados dotados de substanciosas prebendas, y marginando rivales, a quienes se priva de recursos públicos. La lógica ha sido pues contundente: ‘Todo a mis amigos, a mis enemigos nada’. En cuanto a los aliados:

Los militares vieron crecer su presupuesto en más del 300% en los últimos 10 años desde 2004 hasta el 2014, sin tener que rendir cuentas por su manejo; los indígenas y campesinos recibieron, entre otras dádivas el Fondo Indígena que acabó por utilizar mal aproximadamente 180 millones de dólares; los cocaleros fueron bendecidos con múltiples obras, desde un aeropuerto hasta una planta de úrea y amoniaco; los maestros preservaron la mayor prerrogativa magisteril: su escalafón, que impide adentrarnos en un modelo educativo meritocrático, se recentralizó el Servicio de Educación Departamental y se satanizó cualquier forma de medición de la calidad.

Los policías lograron en 2013 un acuerdo con el Gobierno para tener una jubilación con el 100% de sus salarios, vieron crecer el presupuesto en un 330% (el salario mínimo nacional subió de 2006 a 2014 en un 227%), además de haber sido beneficiados con helicópteros, motocicletas y demás bienes largamente anhelados, algo que de por sí debería ser positivo si viniese de la mano de un decremento en la inseguridad. Desafortunadamente, no fue el caso.

Los cooperativistas mineros han tenido incidencia directa en el gabinete. En los 10 años de Gobierno, el ministro de Minería fue siempre un dirigente de FENCOMIN o fue avalado por los dirigentes de los cooperativistas mineros. Gracias a ello, la lógica respecto a este sector funcionó mermando sus cuotas impositivas y, simultáneamente, otorgándoles generosos préstamos. Por ejemplo, respecto a los impuestos, las cooperativas mineras pagan al país solo el 6.33% del 100% de impuestos.

Los gremialistas, son alrededor de 1,5 millones de personas, pero únicamente tributan bajo el Régimen Tributario Simplificado (RTS) 38.114 contribuyentes. Su aporte en ningún caso supera el 1% del total de los impuestos, lo que pone en evidencia no solo que la enorme mayoría de gremialistas no tributa sino que algunos poderosos comerciantes se hacen pasar por pequeños comerciantes con un capital menor a los 12.000 bolivianos.

El Gobierno ya concedió, sin que medie plan de transporte alguno, un crédito chino por valor de 100 millones de dólares a los choferes (precisamente cuando estaban en pugna con el Gobierno Municipal de La Paz). Hoy, 2016, Evo les ofrece jubilación, luego de arduas jornadas de bloqueos de caminos.

Y con los adversarios la lógica sigue la pauta comentada. Se abolió la Ley de Partidos para evitar otorgar recursos a los partidos rivales; se ofrece publicidad estatal a aquellos medios que se refieran positivamente al proceso de cambio y se les priva de los mismos a quienes critican (no es casual que medios como ATB, con una audiencia de no más del 2% de la población boliviana recibe aproximadamente el 30% de la publicidad).

Se coartó el apoyo de la cooperación internacional (crítica), no importando si sus recursos coadyuvan al desarrollo (lo que vale no es su aporte sino su posición político-ideológica. Por eso Usaid fue expulsada, al margen del análisis sobre su contribución al país). Se ‘supervisa’ a las ONG para evitar que los recursos que reciben sirvan para criticar al Gobierno (el Gobierno promulgó la Ley 353 que vela por una ‘regulada’ inscripción de estas organizaciones a través del Ministerio de Autonomías. El Gobierno se niega a dar esa personería a 38 ONG críticas, entre las que destacan el Cedib, Cedla, Fundación Tierra o Fundación Milenio.

Se acepta a aquellas empresas que ganen dinero, pero permanezcan calladas (no es casual que el Gobierno sea inclusive más receptivo con las transnacionales y con los empresarios del oriente) y aporten al fisco nacional. Incluso se planteó desde el Gobierno en 2008-2009 el cobro de impuestos a la Iglesia (el clero tiene 1.469 establecimientos educativos, 178 centros hospitalarios, 262 centros asistenciales y 250 hogares. Además cuenta con 1.600 parroquias). Si bien la intención no se consumó se logró, en buena cuenta, amedrentar a este actor.

Como se ha podido comprobar con el viceministro Illanes, este trato asimétrico que proporciona el Gobierno, genera sociedades que no están en su centro; sociedades desbalanceadas. Y en sociedades de este tipo el golpe puede venir de cualquier lado: del lado de los ‘glotones’ (aliados) que (siempre) quieren más, pero también del lado de los ‘famélicos’ (enemigos) que, más tarde que temprano, buscarán y exigirán ser atendidos. Y es que en sociedades desequilibradas es solo cuestión de tiempo para atestiguar que uno de los polos termine estallando. Ya sucedió.

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