Carlos Barragán V.

Cuando examinamos el proceso de cambio, no es difícil advertir su actual orientación pragmática.

Cuando examinamos la marcha del denominado “proceso de cambio” en Bolivia, no es difícil advertir su actual orientación pragmática. Por ejemplo, en la cuestión marítima, la ampliación del círculo de consejeros hacia el expresidente Jorge Quiroga es una muestra de la real apertura del Gobierno por la transformación de sus iniciativas en políticas estatales.

En materia de desarrollo nacional, la apertura para la exploración de recursos naturales en áreas protegidas así como las decisiones que se han tomado con relación a la política energética encaminada a desarrollar los megaproyectos antes olvidados, como la represa del Bala, muestran la preocupación del Gobierno por el futuro del “salario boliviano”.

Más elocuente todavía resulta la exigencia del propio Presidente hacia el sector agroindustrial de Santa Cruz sobre la necesidad de ampliar la frontera agrícola en un millón de hectáreas para cultivos industriales, hecho que demuestran la confianza del Gobierno en el desarrollo de la iniciativa privada en este rubro.

En política monetaria, el Gobierno insiste acertadamente en su línea general de mantener la estabilidad de la moneda local como un garante de su estabilidad política, ya que las opiniones divergentes que claman por la devaluación frente al dólar aparentemente no son lo suficientemente sopesadas por sus impulsores en todas sus consecuencias, puesto que la tal devaluación si bien favorecería a los sectores exportadores de ciertos productos como los de soya, tendrían muy poca influencia en la competitividad de la producción de minerales o gas, cuyos precios en el mercado no dependen de los costos locales. Frente a esta aparente competitividad económica se tendría que soportar una insostenible inestabilidad política interna por el destape de una carrera inflacionaria abierta y desbocada.

La lenta pero segura modificación de las políticas de adquisición de tecnologías en el caso de la explotación del salar de Uyuni, a pesar de las protestas de los mandos medios de mantener la línea “boliviana” en la adquisición de tecnologías (un taparrabo de los fracasos anteriores) es otro de los reconocimientos hacia una política pragmática.

Lo que no encaja en todas estas apreciaciones son las políticas innecesariamente duras contra  la libertad de investigación y de libre asociación de instituciones tales como las ONG Milenium, Fundación Tierra, CEDLA y CEDIB, que se ocupan de la investigación independiente de algunos de los asuntos más importantes de la vida del país.

Como el hecho indicado —que dicho sea de paso ha recibido la crítica de importantes pensadores latinoamericanos— se encuentra a contrapelo de lo aquí analizado, es posible sacar la conclusión de que no se trata de una política uniforme de la actual administración, por lo que es de esperar que se produzcan discusiones internas, que si no logran convencer a los sectores duros del Gobierno, podrían producir futuras disensiones susceptibles de transformarse en disidencias abiertas y públicas, con el consiguiente rompimiento de la sólida unidad que hasta ahora ha mostrado el equipo gobernante.

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