¿Capituló el MAS? (Editorial)

Editorial/Energy Press – A partir de la tercera nacionalización del sector hidrocarburífero, el 1 de mayo de 2006, se afirma que el sector de los hidrocarburos en Bolivia debe estar supeditado al Estado y no al mercado, como ocurría después del Decreto Supremo 21060 que determina la muerte del Estado del 52 e inaugura la etapa de regulación de la administración y la gestión de los hidrocarburos, a cargo del mercado, a partir de contratos de Riesgo Compartido.

En mayo de 2006 se exige cumplir con los postulados de la denominada Guerra del Gas, como dejar de priorizar la exportación de este energético y se exige viabilizar su industrialización, pese a que la adenda al contrato de compra y venta de gas a la Argentina, realizada el 26 de marzo de 2010, parece traducirse en el inicio de una reconciliación con el mercado.

Desde ese momento dio la impresión que el Gobierno de Morales había comenzado a transitar hacia una fórmula mixta entre Estado y mercado para gestionar el sector hidrocarburífero, sin muchas señales claras al respecto.

Para el CEDLA, desde el protagonismo de la plataforma energética, creada con el aporte de varios actores y sectores de la sociedad civil, el Gobierno de Morales ha dejado de priorizar el Estado y habría capitulado a favor del mercado. Una situación que se expresaría en la complementación entre discurso y práctica política, a partir del Decreto Supremo 0759 de diciembre de 2010.

Lo afirma en su reciente libro de análisis de la política económica, fiscal y petrolera de Bolivia, denominado Gasolinazo: subvención popular al Estado y a las petroleras donde afirma que el MAS, que postularía un sui géneris modelo de economía plural, opera sobre las mismas bases de la economía capitalista neoliberal del pasado reciente.

Indica que “la promulgación del ‘gasolinazo’ marca el momento en que la política oficial se sincera” y asegura que esto muestra la sintonización entre las acciones y el discurso y que a partir de ese momento el Gobierno ha comenzado a expresar “un lenguaje abiertamente neoliberal, enarbolando los conocidos paradigmas de estabilidad monetaria, igualdad de precios, libre competencia y garantías a la inversión extranjera”.

Para el CEDLA, la decisión gubernamental de elevar el precio de los combustibles en el mercado interno a través de modificaciones a la alícuota del IEHD no fue una acción irreflexiva, sino una medida consecuente con las prioridades de la política económica del Gobierno. Asegura que la nivelación de precios o “paridad de precios” es un principio liberal por excelencia que sustenta la teoría de la competencia capitalista como base para el desarrollo económico.

Esta lectura sin duda que amerita analizar la política económica, fiscal y petrolera de Bolivia, más allá del discurso, de las tendencias político ideológicas y también de las veleidades políticas. Un análisis donde los medios de información no deberían estar ausentes, por ninguna razón.

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