El Ministerio de Transparencia pondrá en vigencia la nueva estructura desde septiembre para luchar contra la corrupción. El senador Óscar Ortiz pide no violar la privacidad de la población
Las entidades financieras podrán enviar vía internet la información bancaria de las personas que sean investigadas por delitos de corrupción al Ministerio de Transparencia. Para eso, desde el primero de septiembre se aplicará el Sistema para la Recopilación de Información de Entidades Financieras (Siriefi) de parte de esta entidad del Ejecutivo.
Según la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, este sistema es una herramienta desarrollada por funcionarios del Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción y la Dirección General de Recuperación de Bienes para los requerimientos de información y recepción de información del Ministerio, obviando los papeleos que hasta ahora se realizaban. La información será entregada en un plazo de 15 días.
“La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ya ha efectuado modificaciones a los reglamentos para el requerimiento de información, en procesos de investigación de delitos de corrupción. El ámbito de aplicación del Siriefi incluirá al Banco Central de Bolivia (BCB), entidades de intermediación financiera, agencias de bolsa, casas de cambio, burós de información crediticia, sociedades de administración de fondos de inversión y remeseras”, explicó Valdivia.
Recalcó que a las personas investigadas se les va a resguardar la confidencialidad y el secreto bancario garantizados constitucionalmente.
El Ministerio de Transparencia ha desarrollado el sistema en línea, respetando los preceptos de la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley de Servicios Financieros y la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, entre otros, de acuerdo con lo manifestado por Valdivia.
Tomar precauciones
Entretanto, el senador de Unidad Demócrata Óscar Ortiz advirtió que hay que tener mucho cuidado en este tema y pidió mantener un equilibrio entre lo que significa el avance en la lucha contra la corrupción y no vulnerar los derechos de las personas.
“Este tipo de medidas requiere la autorización de jueces que son los que evalúan si corresponde o no, levantar ese tipo de privacidad de información de los ciudadanos. Habría que buscar un equilibrio que permita evitar que se cometan abusos en esta materia”, reflexionó el asambleísta cruceño.
Con la herramienta, Transparencia espera mayor efectividad en la lucha contra la corrupción, una mejor relación público-privada y la aplicación de un mecanismo con niveles de seguridad, “casi totalmente confiables”. La información será entregada solo a funcionarios específicos.
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