“Mal intencionado”, “sin sustento”, “parcializado”, fueron los términos utilizados por las autoridades gubernamentales que reaccionaron al estudio que realicé junto al Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), sobre un análisis del desempeño financiero de las empresas públicas, receta que ya es harto conocida en estos 12 años de gobierno del denominado proceso de cambio.

En términos similares, se refirió el especialista financiero (también parte del Gobierno central) que escribió el artículo: “El arcoíris y el ruido de las empresas públicas” –en este mismo suplemento del periódico– dedicando varios párrafos a criticar esta investigación, señalando que es tendenciosa y confusa.

No extrañan estas reacciones, que aparentan defender más la posición política que el aspecto técnico; sin embargo, al CEDLA y a este servidor, satisface que se haya logrado el objetivo: generar un debate necesario, que considere los resultados de la administración de millonarios recursos públicos, lo cual por supuesto merece ser transparentado y conocido por la ciudadanía.

Gobierno cerrado ydesconocimiento

El artículo hace mención a las diferencias de la información proporcionada por el texto publicado y la que tiene el Servicio de Servicio de Desarrollo de Empresas (SEDEM), siguiendo así la línea de la directora de este ente estatal, que en conferencia de prensa comentó que “jamás se nos ha pedido información alguna, ponen fuentes de páginas web del Ministerio de Economía, pero la fuente primera somos nosotros…”.

Es pertinente aclarar que la investigación tomó como fuente primaria los datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), que, según la Ley 1178, es el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Integrada (NB-SCI); único medio válido de contabilidad del registro de las operaciones fiscales y financieras del sector público.

El sistema que contabiliza estos datos es el SIGEP Móvil, el cual se constituye en el instrumento de gestión de uso obligatorio para todas las entidades del sector público, las cuales están obligadas a mostrar sus estados financieros y situación presupuestaria; siendo el Viceministerio de Presupuesto y Contaduría el supervisor.

Como debería ser de conocimiento de la directora del SEDEM, esta unidad cuenta con un sito web en el que se visualizan las finanzas de cada una de las entidades públicas existentes y contempladas en el Presupuesto General del Estado (PGE), siendo esta la fuente primaria y única del Estado.

Me entenderán los “descalificados” analistas, cuando expreso mi serio pedido a derrotar al oscurantismo en el que hacemos investigaciones.

En el caso de cualquier análisis financiero estatal, la ley nos obliga a acudir al MEFP; imagínese estimado lector, lo complicado que sería acudir a cada ministerio, dirección o empresa para obtener información.

Esta, por supuesto, es la ruta que se siguió en el estudio, encontrando serios vacíos de información, pues no se cuenta con datos actualizados de varias empresas en algunos casos, y en otros son prácticamente inexistentes; por lo cual se analizaron las que contaban con datos consolidados, sin ninguna motivación de elegir “intencionalmente las que tienen problemas”, como se mencionó.

Como ejemplo preocupante, la directora de la flamante Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa (OFEP), comunicó que la investigación “sólo midió a 11 de 65 empresas estatales existentes”. Debe saber el ciudadano que el SEGIP Móvil y el PGE sólo contabilizan alrededor de 50 empresas; preguntamos entonces a las autoridades, ¿dónde esconden alrededor de una decena de instituciones del Estado?

De ganancias y pérdidas

Por otro lado, “el autor del artículo pretende mostrar la verdad de las empresas públicas (en contraste de lo que dice el texto del CEDLA), manifestando que las empresas generaron entre 2006 y 2016, más de 41.000 millones de bolivianos de utilidades (incluida YPFB); y que, sin el desempeño de la empresa petrolera, ganaron 3.838 millones de bolivianos”.

Este comentario es bastante sesgado y me anima a realizar la siguiente pregunta, si a esos 3.838 millones, restamos las utilidades de ENDE, Comibol y BOA, ¿cuánto quedaría?, ¿las otras más de 25 empresas tuvieron utilidades?, y si las tuvieron, ¿fueron suficientes para cumplir el objetivo de reinversión social?

El estudio, así lo aceptamos, no analizó ningún escenario de desarrollo empresarial, fue al número frío, pero no utilizó erróneamente los datos ni mucho menos como dice el autor del artículo. Simplemente se hizo el análisis de los estados financieros oficiales de 11 empresas, particularmente de los estados de recursos y gastos corrientes, que según la norma muestran: “… el resultado de la gestión por las operaciones de recursos y gastos corrientes, realizados en el ejercicio fiscal”, es decir, lo que se conoce como “estado de resultados”, que muestra si las empresas tuvieron ganancias o pérdidas, así de simple.

Y en ese juego perverso de sumas y restas, lo que se determinó, es que durante la vida que operaron estas 11 empresas, perdieron alrededor de 2.000 millones de bolivianos; que esperamos, como dicen sus defensores, puedan ser recuperados cuando éstas se consoliden, si no, será un costo de oportunidad de inversión demasiado caro para el país.

Debatir o dormirbajo el arcoíris

El debate técnico está abierto y como se dijo, el CEDLA sólo tuvo ese objetivo, pues no toma posición política y menos cree que una empresa pública es deficiente per se. Más bien, creemos que existen grandes oportunidades para que el Gobierno pueda hacerlas robustas; no en vano, cuentan con dos direcciones (SEDEM y OFDI) y una unidad en el MEFP, que hacen seguimiento y apoyan a las empresas.

De acuerdo al PGE 2018, los salarios que se pagan a los técnicos de estas unidades públicas (sumadas las tres unidades), superan los 70 millones de bolivianos en el año. En manos de ellos está que estos recursos se dirijan de manera eficiente.