Abraham Pérez Alandia *

En este artículo se exhiben argumentos que reprochan el “Pacto Fiscal” propuesta por la derecha media-lunista y parte de la iglesia católica, la primera a través del candidato Rubén Costas y la segunda mediante la Fundación Jubileo. Planteamos que estas propuestas son inviables constitucional y políticamente, no es aconsejable en términos económicos y administrativos. Esta “reivindicación derechista” solo serviría para excitar los sentimientos de confrontación regionalista que, aunque podría ser beneficioso para las candidaturas de Costas y su rosca media-lunera, no sirve a ninguna de las partes representadas en el “Consejo Nacional de Autonomías” y menos al conjunto del país, cuyos electores han votado en octubre del 2014 por el programa de gobierno del MAS-IPSP y por la “Agenda 2025”.

¿Qué es el Pacto Fiscal?

El término “Pacto Fiscal” proviene desde la Europa colonizadora concretamente desde España, en este país se planteó como una “reivindicación” del nacionalismo de Catalunya o país Vasco. En un acto de profundo regionalismo y acto independentista, las clases dominantes de esta región de España no están satisfechas con la distribución de los recursos del sistema común o del modelo vigente. Es en esta razón que el país vasco tiene un comportamiento nada solidario con el resto de la comuna española. Típico comportamiento del carácter divisionista de los europeos, taras del regionalismo que nos lo dejó de herencia desde la maldita de la época colonial. Herencia que, por cierto está vigente en los grupos que se enorgullecen de tener la sangre española o europea. Para estos grupos media-luneros, todo lo que se hace, se piensa, se produce en Europa es lo mejor que se hace y lo que nos tocaría a nosotros es imitar burdamente su accionar. En eso consiste en eurocentrismo de estos grupos o elites, “aún dominantes” en algunas regiones del país.

Lamentamos que a este propósito se hayan sumado sectores de la sociedad, entre ellas alguna que otra organización social e instancias del gobierno central y de los gobiernos regionales, que dizque, apoyan el proceso de cambio. Algunos de estos “militantes”, se han dejado atrapar por el concepto inventado por la CEPAL, que dice lo siguiente: “El Pacto Fiscal es un acuerdo sociopolítico que legitima el papel del Estado, el ámbito y alcance de las responsabilidades gubernamentales en la esfera económica y social”. Hay alrededor de 1.400 documentos publicados por la CEPAL en los cuales se manejan propuestas y posiciones ingenuas al respecto, como nos ha estado acostumbrando esta institución en las últimas décadas del siglo anterior hasta ahora.

¿Quiénes y para qué quieren el Pacto Fiscal?

En nuestro medio, como es la costumbre de sumarse y/o imitar a lo que está de moda, existen instituciones y consultores que también le entraron a este “jueguito de última generación”. De esta manera vemos varias publicaciones, sobre el pacto fiscal. Entre estas instituciones está la fundación jubileo, propiedad de la iglesia católica, la fundación milenio de corriente claramente neoliberal, uno de sus fundadores y presidentes fue el ex presidente Sánchez de Lozada, la fundación Konrrad Adenauer, financiadora de milenio y simpatizante del neoliberalismo adeno-movimientista, intelectuales economista, periodistas y politólogos, ex ministros o secretarios de los gobiernos neoliberales. Todos estos trabajos parten de situaciones irreales sobre las condiciones de la coyuntura nacional y su receta final es la necesidad del “Pacto Fiscal”. Nostálgicos del poder que ejercieron, actuando en contra de los intereses del país y sus clases populares, creen que provocando berrinche recuperaran sus posiciones anteriores. Su objetivo es tocar sentimientos regionalistas neocoloniales y efervescencias separatistas.

¿Cuál es la posición del gobierno central?

Exceptuando algunos tecnócratas de militancia eunuco, creo que la posición de los voceros autorizados y del propio presidente Morales es correcta, cuando plantean que, “los acuerdos sobre el manejo fiscal deben, ineludiblemente, garantizar el plan de gobierno para la gestión 2015—2020, el modelo económico vigente en el país y el cumplimiento de la Agenda Patriótica 2025”. Hasta ahí bien, lo que es objeto de crítica está en la falta de acción para ejecutar, tanto el Programa de Gobierno, como la Agenda 2025, mediante el proceso de la planificación. En los nueve años de gobierno lo único que se produjo fue, un plan: el “Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011”, es decir que se hizo plan y no se hizo planificación. Para aclarar la diferencia entre plan y planificación diremos que: Plan, es el documento publicado y elevado a rango de ley; Planificación, es un proceso de ejecución, reformulación, retroalimentación y evaluación de los que se planteó en el Plan; estos últimos aspectos no se llegaron a consolidar. Después del extinto ministro, compañero Carlos Villegas, los que le sucedieron en el Ministerio de Planificación del Desarrollo fueron neófitos en materia de planificación.

A sabiendas de que la derecha media-lunista utilizará en su campaña por gobernaciones y alcaldías esta incoherente propuesta de pacto fiscal, el gobierno ¿le seguirá la corriente? En ese caso se podría emitir una hipótesis problematizadora: ¿El gobierno central está atrapado, sin salida?

¿Cuáles son las críticas más razonables a la propuesta electoralista del Pacto Fiscal?

Es hidalgo reconocer que instancias, casi siempre criticonas al gobierno, ahora tengan alguna razón al respecto, de esta perspectiva es interesante el documento que publico el CEDLA, en el que afirma que:

“No es pertinente ni legítimo que un debate sobre la reforma del sistema fiscal se limite a considerar sólo la redistribución de recursos y de competencias entre estratos del aparato estatal controlados por fracciones políticas que priorizan su propia conservación en el poder mediante el cumplimiento —con menor o mayor eficiencia, con más o menos transparencia— de su propia agenda […] El Pacto Fiscal no puede construirse al margen o sin una previa y profunda reforma fiscal que priorice el financiamiento fiscal mediante el gravamen a los sectores y clases sociales que se apropian del excedente producido en la economía nacional por el trabajo productivo” (noticias@cedla.org, febrero 19)

Esta crítica maneja un concepto cabal de los que es una necesaria “reforma fiscal”, no esa superficialidad denominada “pacto fiscal”. Recordando que la actual estructura impositiva fue incriminada bajo la lógica del modelo anterior, su contenido filosófico e ideológico responde a los intereses de una burguesía nacional fracasada y una burguesía extranjera de rapiña. Consecuentemente, a efectos de profundizar el proceso de cambio, se necesita una reforma tributaria y/o una reforma fiscal, acorde a las propuestas del nuevo modelo “productivo, social y comunitario”, Esta última expresión no la dice el CEDLA, lo planteamos nosotros.

¿Qué acciones tomar para salir de la trampa media-lunista de pacto fiscal?

Por el bien del país y en merced al avance y fortalecimiento del Estado Plurinacional, para evitar inútiles y desgastantes enfrentamiento, en necesario suprimir la Ley Marco de Autonomías, a la espera de un proceso mucho más maduro y consistente con los objetivos y principios de la Constitución Política del Estado. Esperar el momento en el que sea el “Poder Popular” el que proponga y debata una nueva ley de autonomías a la boliviana. La madurez autonómica no es imitar a los que hacen los europeos o los imperialismos recalcitrantes y en crisis. La madurez autonómica no debe perder el horizonte de largo plazo, la construcción del nuevo Estado.

Otra de las acciones inmediatas es la de elaborar el “Plan Plurinacional hacia el Vivir Bien 2015-2020”, diseño cuya base es el programa de gobierno que presentó el MAS-IPSP y ganó las elecciones nacionales en octubre del 2014. También se debe elaborar el “Plan Decenal Plurinacional 2015-2025”. Posterior a estos diseños, que se deben hacer bajo el mandato constitucional de planificación con participación y consulta ciudadana (Art. 316). De la misma forma, es indispensable proponer y aprobar el “Sistema de Planificación Integral Estatal” incorporando a todas las entidades territoriales y organizaciones del poder popular.

No vaya a acontecer con esta demanda media-lunera del pacto fiscal, lo que aconteció con la aceptación de autonomías a la derecha reaccionaria que se lanzó a referéndums inconstitucionales o ilegales, destruir patrimonio institucional del Estado, hasta promover el grupo terrorista que pretendía desmembrar territorialmente a Bolivia. Dicen un refrán “Más vale prever que lamentar”

PATRIA O MUERTE

* Docente investigador titular de la UMSA, miembro de la “Red Boliviana de Economía Crítica”

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