Se revirtió la mina a medias y la otra parte se entregó a cooperativistas

Para analistas, en Colquiri se intentó contentar a dos bandos

CÁLCULO Tres economistas señalan que los intereses políticos del Gobierno obstaculizan una verdadera solución a la disputa por la veta Rosario, desde junio pasado.

Página Siete / La Paz – 21/09/2012

 

El Gobierno no resuelve el conflicto en la mina Colquiri desde junio pasado porque pretende quedar bien con asalariados y cooperativistas. Según tres analistas, no nacionaliza completamente el yacimiento minero y entregó una parte de la veta Rosario a cooperativas.

El economista Julio Alvarado afirma que “el Gobierno carece de una política en materia de minería. No hay claridad porque, por un lado está el planteamiento -y viene desde la agenda de octubre de 2003- de recuperar los recursos naturales para el pueblo y, por otro, el cumplimiento de promesas políticas que hizo al sector de las cooperativas”.

El 20 de junio, tras la toma de las oficinas de Sinchi Wayra por los miembros de la Cooperativa Minera 26 de Febrero, quienes exigían la reversión del yacimiento a manos del Estado, el Gobierno dejó sin efecto el contrato con esa compañía privada y aprobó el Decreto Supremo 1264 de nacionalización. La explotación de la veta Rosario quedó en manos de los cooperativistas, además de los ramales D y N con el Decreto Supremo 1337 (delimitación) promulgado el 29 de agosto.

“A la empresa transnacional se le ha quitado una concesión y, en lugar de que con la tradicional nacionalización pase a manos de la Comibol, se la entrega un área a otro sector privado, como son las cooperativas. Entonces no es nacionalización, sino una privatización”, explicó Alvarado.

El analista Carlos Arce, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), sostiene que el Gobierno “no lleva adelante una política real de nacionalización y contradice su discurso, porque los cooperativistas son grupos numerosos –estamos hablando de medio millón de personas contando sus familias solamente- y son una fuerza social muy importante, en especial para las elecciones”.

Los intereses políticos, según el economista Teófilo Caballero, llevan al país por el mismo sendero de muchas naciones de África, caracterizadas por una economía extractivista que después de un auge de precios los deja en la pobreza. “El Gobierno empezó a ceder parte de la administración de los recursos naturales a grupos corporativos y enfrenta una pérdida de credibilidad porque hay compromisos asumidos con diferentes sectores”, precisó.

En criterio de Arce, el Ejecutivo no sólo busca agradar a trabajadores asalariados y cooperativistas, sino también a las empresas transnacionales.

“Prefiere no tocar los intereses de la gran minería, que es la que se lleva la parte más grande de la torta, y permite que la gente pobre genere su propio dinero con todas las consecuencias que estamos viendo”, señala.

El conflicto por el control de la veta Rosario mantiene enfrentados a cooperativistas y asalariados desde junio.

El miércoles el saldo fue de un trabajador muerto, luego de un ataque del sector asociado.

El riesgo de la “maldición de los recursos”
El economista Teófilo Caballero explica que cuando un país tiene recursos naturales no renovables, como Bolivia, “las clases gobernantes se pelean por el control de los productos y la renta la utilizan en programas que después fracasan, cuando deberían servir para transformar la estructura productiva y mejorar la calidad de vida de la gente”.

La teoría de la maldición de los recursos naturales demuestra que en lugar de ser una bendición para los países, son un problema, añadió.

Según el economista Julio Alvarado, el país se encamina como muchos países de África a no aprovechar sus recursos naturales y quedarse en la pobreza. “El Gobierno no cumple su función y deja que el problema sea solucionado por las partes en conflicto”.

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