China no tiene una ley que regule la cooperación externa y proyectos de inversión y tampoco un ente gubernamental que controle el cumplimiento de normas laborales y sociales, según un informe del Observatorio de Derechos Laborales y Seguridad Social (Obess) elaborado a raíz de los conflictos surgidos en meses pasados entre obreros bolivianos y empresas chinas, a causa del incumplimiento de las leyes laborales bolivianas.

La evaluación de riesgos en esos ámbitos es, en gran medida, una respuesta a las críticas internacionales.

Entretanto, los estándares actuales son débiles y no se refieren explícitamente a las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a pesar de haber ratificado los convenios fundamentales de esa organización, señala el Obess, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).

Según el Obess, la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Federación China de Industria y Comercio emitieron en 2011 algunas directrices para la gestión del trabajo en empresas con financiamiento chino en el extranjero, tema que hasta entonces no se abordó.

Esas directrices establecen la obligatoriedad de “estudiar y acatar estrictamente las leyes laborales de China y del país del proyecto”, llaman a evitar la discriminación y cumplir con leyes locales de empleo. Sin embargo, la ICM apunta que no se cumplen.

En Bolivia operan al menos cinco empresas chinas que ejecutan proyectos estatales equivalentes al 6 por ciento del Producto Interno Bruto.

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