Persiste el debate sobre si en el país rige o no la flexibilización laboral, o si prima más la estabilidad laboral. En todo caso, para los trabajadores, con esas condiciones, al parecer se avecinan algunas tempestades.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos Zamorano / 02 de mayo de 2016

Ha querido la historia que en el décimo año de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), éste se haya visto obligado a ofrecer solo un 4% de aumento salarial tanto al Salario Mínimo Nacional como al haber básico; y que un sector del empresariado se animara a proponer lo impensable hace apenas unos meses: que al menos por este año no haya ningún incremento salarial.

Excluidos de la negociación del aumento salarial, los empresarios de último pedían “cautela y prudencia” al Gobierno y la COB, que en una negociación más bien rápida, de una mañana, al final acordaron que para este año el salario mínimo nacional suba en 9%, con lo que pasará de Bs 1.656 a Bs 1.805; y que el haber básico se incremente en 6%.

Aparte del natural e inmediato rechazo de ambos incrementos por parte de las organizaciones matrices de los empresarios, no dejó de llamar la atención que el propio ministro de Economía, Luis Arce, no estaba de acuerdo con el aumento, según dejó entrever el secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma: el ministro, dijo el dirigente, “se cerró en un 4%”, por lo que la única “esperanza” de mejorar el incremento era pactarlo directamente con el presidente Morales…

Se cierne la incertidumbre también aquí. El tema es cómo está llegando la clase trabajadora a este 1 de mayo del décimo año del MAS en el gobierno, y qué futuro, en consecuencia, se prevé para la clase laboral del país.

Desde la perspectiva del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en voz del economista Carlos Arze Vargas, en general se puede decir que las condiciones de flexibilidad laboral impuestas por el neoliberalismo desde el 21060 no han cambiado gran cosa, continúan y en cierto sentido se han acentuado; y no se ve mejor perspectiva en lo que viene.

“Mucho de esa institucionalidad, de la normativa flexibilizadora, ha continuado; el neoliberalismo no cambió la Ley General del Trabajo (LGT), pero lo que hizo fue aprovecharse de algunos de sus resquicios y de las propias prácticas que se daban en las relaciones laborales”.

Se aprovechó mucho, por ejemplo, apunta Arze, del denominado “término de prueba”, los 90 días de prueba en que prácticamente se suspendían varios derechos del trabajador; “los empresarios no cometieron un acto ilegal, pero sí era ilegítimo”.

“El Gobierno no fiscalizó, no controló ni sancionó las ilegalidades. Entonces, continuaron esas prácticas, no porque el Gobierno haya hecho una ley más flexibilizadora, sino porque no ha hecho nada”, concluye.Hubo algunas reformas que se lanzaban cada 1 de mayo, reconoce el economista, pero éstas mejoraban solo algunos aspectos del derecho individual; la indemnización, por ejemplo.

Ahora, si esas condiciones de flexibilidad laboral continuaron, ello también se debió a que en el propio Gobierno se las cultivó: “el Gobierno mismo ha recurrido a formas de flexibilización laboral. Una gran parte de profesionales están bajo contratos de consultoría, ‘consultores en línea’, les llaman. Se encontró hasta obreros bajo la forma de consultoría, por ejemplo en Vías Bolivia”.

En ese mismo orden, destaca Arze, se han reglamentado formas de subcontratación, de tercerización, que son maneras de eludir las obligaciones laborales. “Hay un decreto que dice que se permite la subcontratación para obras contratadas por el Estado”.

El otro gran tema es que en el caso del derecho colectivo “no se ha avanzado nada”. Si bien se habla, por ejemplo, de haber despenalizado la huelga, que los dirigentes no pueden ser perseguidos, en los hechos no se ha mejorado el derecho a la huelga, el trámite que debe seguir, “por eso, todas las huelgas siguen siendo ilegales en este Gobierno”. En cuanto al fuero sindical, para Arze hubo un “cambio mañoso”: en los hechos se restó poder al Ministerio de Trabajo para defender al dirigente que es acosado por su actividad sindical.

Incluso el derecho de organización se ha puesto en cuestión: “Por ejemplo, en Colquiri hay un decreto por el que se acepta una bonificación a los trabajadores, pero se pone la condición de que no pueden hacer huelga, para que la empresa no tenga pérdidas; negándose aquí un principio constitucional (la huelga)”.

EMPRESARIOS. Consultado sobre la persistencia de las condiciones de flexibilización laboral, el vicepresidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, rechaza dicha situación basándose principalmente en que lo que está vigente más bien es la estabilidad laboral.

“En el sector industrial manufacturero formal, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución y la normativa complementaria, existe estabilidad laboral con respeto a los beneficios sociales de corto y largo plazo, y (hay un) cumplimiento estricto de las disposiciones en materia laboral. Hoy, en el mercado laboral industrial manufacturero formal existe ‘estabilidad laboral’ antes que ‘flexibilización laboral’”.

Lo que pasa, además, continúa Blazicevic, es que la actual norma laboral no deja de ser rígida: “Los industriales del país percibimos que la legislación laboral vigente es excesivamente proteccionista”.

“Los sucesivos cambios que se han registrado en los últimos 10 años en materia de normativa laboral han incrementado el costo de la mano de obra, endureciendo a la vez las condiciones de gestión de los recursos humanos. Consecuentemente, al menos en el sector industrial, hablar de un incremento en la flexibilización laboral es absolutamente falso”, añade una respuesta institucional de la CNI a este medio.

Sin abundar en el debate sobre la contradicción entre flexibilización y estabilidad, el analista en temas laborales Rodolfo Eróstegui, por el contrario, señala que en estos 10 años más bien lo que hubo fue que la clase obrera también se benefició de la estabilidad y crecimiento de la economía en general.

En el plano económico, hubo un beneficio para la clase obrera sobre todo “consecuencia de lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo, que ha estado bastante presionado con una tasa de desempleo muy baja; y pues la clase obrera se benefició de todo el auge económico” de los últimos 10 años. El mayor mal que más bien señala Eróstegui para la clase obrera definitivamente es la pérdida de su independencia frente al poder estatal.

“El déficit no es tanto en términos económicos, porque le ha ido bien a la clase obrera afiliada a la COB, sino más bien en términos políticos. El movimiento sindical de una u otra manera ha ido perdiendo autonomía frente al Estado. Para nadie es un secreto que la COB está trabajando en estrecha coordinación con el Gobierno en contra del principio que tenía de libertad sindical, de autonomía del movimiento sindical respecto al Estado y de los empleadores”.

ESTABILIDAD. Para el Ministerio de Trabajo, en cambio, acaso el mayor avance en pos de los derechos del trabajador haya sido la preservación de la estabilidad, específicamente en la cuestión del preaviso: se estableció que si bien puede haber un preaviso para despedir al trabajador, éste puede no aceptar dicha conminatoria.

Esta disposición se basa, asegura el ministerio mediante nota de prensa, en la sentencia constitucional 1262/2013, del 1 de agosto de 2013, que es una suerte de “constitucionalización del derecho a la estabilidad laboral”: “El preaviso resulta contrario al elemento sustancial del derecho fundamental a la estabilidad laboral, como es la de evitar la desvinculación laboral por la sola voluntad del empleador sin que medie una causa legal justificada”, argumenta dicha sentencia constitucional.

Si bien el “preaviso” es una “institución” establecida en el artículo 12 de la Ley General del Trabajo, lo que hace la sentencia constitucional es interpretar dicho artículo con miras a consolidar la garantía constitucional de la estabilidad laboral (artículo 49 de la CPE, sección III Sobre el Derecho al Trabajo y al Empleo).

La interpretación del Constitucional va como sigue: “En caso de que la trabajadora o el trabajador no acepte el preaviso, podrá optar por su reincorporación, a cuyo objeto deberá representar el citado preaviso, haciendo conocer a su empleador que no acepta el despido por no haber incurrido en ninguna de las causales establecidas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo o el reglamento interno si corresponde”.

PREAVISO. Para Eróstegui, “no es correcto lo que está ocurriendo”, aunque el Ministerio de Trabajo insiste en aplicar la nueva modalidad del “preaviso”. “En la LGT está estipulado el preaviso y eso es lo que vale”. Lo que dispone la nueva norma, que el trabajador tenga la potestad de rechazar el preaviso, “es un triunfo, pero al mismo tiempo también es un poco de retroceso, pues la relación laboral es una que se da entre trabajadores y empleadores; y aquello (la nueva norma sobre el preaviso) en muchas empresas está deteriorando la relación interna entre los trabajadores, y eso va también en desmedro de ellos mismos”, destaca Eróstegui.

Pero uno de los índices de mejor situación que destaca Eróstegui es precisamente la evolución del salario mínimo nacional, de Bs 500 en 2006 a 1.805 en 2016. “En este Gobierno, los trabajadores creo que han avanzado muchísimo, hay muchos más beneficios en este momento para la clase obrera que los que se tenía antes”.

Acerca de esta evolución del salario mínimo nacional, el economista Carlos Arze enfatiza en que todo análisis del salario en primer lugar debe considerar su relación con el precio de los alimentos y todos los insumos que necesitan para reproducirse él y su familia, lo que se llama canasta básica familiar.

En este sentido, el tránsito del salario mínimo nacional, haber pasado de 500 a 1.805, solo da cuenta de una historia nominal de la paga, pues el aumento real del sueldo estará dado por el cruce de eso nominal con la inflación, el alza de precios de los bienes que compra ese salario.

Así, señala Arze, “cuando ese incremento se lo deflacta (se lo transforma en términos monetarios reales), pues se concluye en un 1,5% de incremento real; un incremento “congelado”, afirma, toda vez que cada año el aumento del salario solo compensa su rezago respecto al aumento de precios de los productos de la canasta familiar.

En lo relativo al elevado costo laboral de las empresas, lo que dio lugar a que algunos empresarios pidan incremento cero para este año, para Arze, en la actual relación capital-trabajo, el empresario en realidad lo que no quiere es perder su “elevada ganancia”. Cuando se propuso el segundo aguinaldo, cuenta, todos se preguntaban cómo será posible eso; pero “fue el ministro (de Economía) que ahí dio un dato: 4.000 millones de dólares de utilidades empresariales cada año; varía en 100, 200, pero hay un amplia utilidad empresarial”. Además, cuando se habla de las cuentas nacionales y se las divide entre “explotación bruta de capital” y las remuneraciones, se ve que aquélla en estos 10 años aumentó de menos de 50% a 52 o 53%; en cambio, las remuneraciones cayeron, de 25% a 16 o 17%.

De nuevo, la distancia conceptual. Para el laboralista Eróstegui, en cambio, es evidente el actual alto costo laboral. Históricamente, dice, en Bolivia dicho costo estuvo entre 30 y 32%; “en este momento, con el doble aguinaldo y otros beneficios para una empresa nueva, en la que los empleados no tienen antigüedad, el costo laboral está fluctuando en aproximadamente 42%; cuando la empresa tiene sus años y tiene personal de varios años de trabajo, dicho costo puede llegar hasta el 60%”.

INVERSIÓN. Todo esto impide ampliar la inversión, remarca Eróstegui, y acaso en muchas empresas son los propios trabajadores los que piden que no se les aumente el salario, por el riesgo en que dicho alto costo laboral pondría la fuente de trabajo misma; “lo que está ocurriendo en Huanuni; los trabajadores dicen ‘que no nos aumenten sueldo, porque estamos ganando bien y si nos aumentan el sueldo, esta empresa se va al diablo’”.

Al respecto, el vicepresidente de la CNI, Ibo Blazicevic, plantea una forma diferente de leer la evolución del salario: “El aumento salarial acumulado en favor de los trabajadores, desde que el Gobierno empezó a establecer el incremento en los salarios que paga el sector privado (2008) hasta el pasado año, llegó al 98,1%, mientras que la inflación en el mismo periodo fue de 54,9%, lo que resulta en una ganancia del salario real de 27,9%. Si medimos el incremento en moneda extranjera (dólares), el incremento del salario en el país en este periodo fue de 118,3%. Además, este nuevo incremento del 6% duplica la inflación de 2015”.

Los incrementos salariales —continúa Blazicevic— han hecho que los salarios crezcan en 53,1% en los últimos cinco años, y “dado que la inflación ha sido en este periodo de 28,9%, esto significa que el poder adquisitivo de los salarios se ha incrementado en 18,7%, por lo que el sector empresarial formal ha sufrido un incremento significativo en sus costos laborales”.

De aquí su “total desacuerdo” con el último aumento acordado entre el Gobierno y la COB, es una “señal negativa” a la producción “Hecho en Bolivia”, destaca. “El anunciado incremento salarial de 6% e incremento al salario mínimo nacional de 9% en la gestión 2016 significan para el sector industrial manufacturero formal más de 60 millones de dólares al año. El ajuste del bono de antigüedad, el pago de horas extras, dominicales, feriados y otros conceptos, incluso elevan la cifra señalada”, concluye la respuesta institucional de la CNI.

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