“Trabajo por la mañana en mi subalcaldía, por la tarde voy a trabajar a la oficina, pero por la noche estoy controlando al transporte”, informó una empleada edil a contrato, quien prefirió no dar su nombre por temor a represalias de sus superiores.

El descontento entre trabajadores ediles, la mayoría a contrato, que apoyan a la guardia vial en el control del servicio de transporte  surge porque no se les compensa las horas extra y no se les reconoce el horario nocturno. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, anunció el lunes que habrá compensación.

Desde el 10 de febrero, cerca de un millar de funcionarios fueron desplegados a las calles para socializar las nuevas tarifas; el 22 de ese mes comenzaron a controlar que los choferes no “trameen”. Esa tarea debía ser temporal, aunque la semana pasada se anunció que el control será permanente, ya que a partir del 22 de mayo se verificarán los estándares de calidad de los vehículos establecidos por una ley municipal.

“Los minibuseros nos insultan, no nos quieren alzar cuando nos queremos ir a nuestras casas al vernos con el uniforme amarillo (de la Alcaldía), y tampoco quieren compensar las horas extra. No podemos hablar porque hay mucho temor”, cuenta otro empleado. Él trabaja en las calles de 07.00 a 10.00 y de 18.00 a 22.00.

Eventuales. El viernes 8 de abril, en la Casa de la Cultura, se efectuó una reunión en la que estos trabajadores plantearon sus reclamos al secretario municipal de Movilidad Transporte y Vialidad, Ramiro Burgos, en presencia de los subalcaldes de los macrodistritos Centro y Max Paredes, Fernando Valencia y Gonzalo Ticona, respectivamente.

En ese encuentro se conoció que son aproximadamente 800 funcionarios los que cumplen esa labor, de los que unos 600 están a contrato; el resto tiene ítem.  La otra causa del descontento es la falta de rotación. “No todos hacen el control al transporte, solamente algunos, y eso tampoco es justo”, dijo otro funcionario.

El 11 de abril, la concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Mabel Machicado —quien pedirá un informe al Ejecutivo edil— denunció: “Los funcionarios están siendo explotados. Después de trabajar las ocho horas establecidas en sus oficinas, están yendo a trabajar cuatro adicionales”.

El Alcalde, líder de Soberanía y Libertad (Sol.bo), aseguró ese mismo día que existe un afán político detrás de esta denuncia. “Es politiquería; si hay denuncias, que nos digan pues los nombres. No hay eso, se quiere perjudicar todo el plan (para mejorar el servicio del transporte de pasajeros)”.

Quienes están en las calles no están haciendo una tarea particular, sino una “vinculada a las competencias del gobierno municipal, y ellos saben perfectamente que van a ser compensados”, recalcó la autoridad. El artículo 18 del Estatuto del Funcionario Público establece que la jornada laboral  “está regulada por las horas de entrada y salida que determine la entidad en su Reglamento Interno según sus necesidades”.

Pendiente. La Razón acudió a Policarpio Ventura, secretario ejecutivo del sindicato de la municipalidad, para conocer si se está compensando a los empleados que controlan a los transportistas. “Sí se está dando la compensación —respondió—. No es inmediata, pero en algún momento se les va a dar; la compensación es en horas, no en dinero”.

Bruno Rojas, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), explicó que los  eventuales o empleados a contrato no están protegidos por la Ley General del Trabajo y no pueden organizarse en un sindicato o movilizarse. “Solo los obreros de la Alcaldía, que son un grupo pequeño, están amparados por la Ley General del Trabajo, los funcionarios no lo están y su estabilidad laboral de ellos es muy precaria”.

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