El Estado boliviano fomenta la vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores, según una ex autoridad del Ministerio de Trabajo y un experto del área laboral. Dicha vulneración se traduce con la generación en el país de empleos eventuales, los que por su naturaleza incumplen con los beneficios sociales estipulados en la legislación boliviana.

El ministro de Trabajo, Calixto Chipana, coincidió con esta crítica y señaló que su cartera impulsa actualmente un proyecto para mejorar las condiciones de los trabajadores, en especial en lo referido a la estabilidad laboral.

“La fuerza de trabajo está en peores condiciones hoy que hace décadas. El sector estatal no brinda empleos dignos ni permanentes, ni tampoco hace mucho para que el sector privado cumpla con las normas. Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), un empleo digno significa que el trabajador tenga estabilidad laboral, seguridad social integral (salud y jubilación), protección sindical y ocho horas de trabajo al día”, explicó el ex viceministro de Trabajo (2003), Rodolfo Eróstegui Torres.

La ex autoridad señaló que el mayor problema se centra en la subcontratación de servicios por parte del aparato estatal, Gobierno central, prefecturas y municipios. “Con la intención de generar empleos, las entidades del Estado subcontratan a pequeñas y medianas empresas para realizar, por ejemplo, obras de infraestructura en el país. Estas empresas contratan trabajadores eventuales por tres meses o máximo un año, a los que no les pagan las cuotas de AFP, ni seguro de salud”, manifestó.

Eróstegui apuntó, además, que la falta de condiciones de las microempresas pone en riesgo la vida de los obreros. “Para bajar costos y competir, las empresas subcontratadas vulneran normas de seguridad ocupacional, como la compra de equipos de seguridad para su personal”. El ex viceministro señaló a los gobiernos municipales.

Por su parte, el experto en temas laborales e investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Bruno Rojas, aseguró que desde 1985 —cuando se inicia en el país la nueva política económica liberal— “el Estado ha permitido que se vulneren los derechos laborales, que se generalice el contrato eventual y formalizó un salario mínimo nacional que está lejos de lo que un trabajador necesita”.

Para Rojas, el actual Gobierno continúa con estas políticas. “A través del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno se planteó políticas para solucionar, entre otros, la insuficiencia en la generación de empleos y la dignificación del trabajo. Sin embargo, esto requería de un Estado con una fuerte presencia en la economía, de la industrialización de las materias primas y la generación de condiciones económicas favorables para la generación de empleos. Esto no ha ocurrido”, señaló el investigador.

Rojas aseguró que, por el contrario, las medidas gubernamentales de corto plazo para la generación de fuentes de empleo, vulneran derechos básicos. “Una de las debilidades del Gobierno está en el respaldo directo a las pequeñas empresas que, si bien generan empleos, impulsan trabajos precarios, desprotegidos de la normativa; temporales e inestables”.

En ese sentido, Rojas mencionó programas del Poder Ejecutivo destinados a las microempresas como Pro País, el Programa Municipios en Acción, el Programa de Vivienda Solidaria y Edimo.

El ministro de Trabajo, Calixto Chipana, coincidió en que desde el Estado se fomenta el empleo temporal. “Tienen toda la razón de que los trabajos temporales no cubren los derechos de salario ni de seguridad. Estamos trabajando con la comisión económica de ministros sobre la estabilidad laboral”, dijo. Chipana reconoció que los programas gubernamentales fomentan empleos eventuales.

Pocos acceden a los beneficios

Hasta fines del 2007, cerca a un 80% de los trabajadores a nivel nacional carecía de una afiliación a alguna de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), entidades que se encargan de administrar los fondos destinados a la jubilación de los bolivianos.

La cifra sirve de ejemplo para el ex viceministro de Trabajo Rodolfo Eróstegui para ejemplificar la falta de beneficios sociales que enfrentan los trabajadores.

“De ese 80%, sólo la mitad gozaría de una renta de jubilación. El resto no lo hará, ya que carecen de empleos estables que garanticen un aporte regular. Es gente que trabaja con contrato”, dijo.

“En los años 60, el obrero tenía un ámbito de protección importante, esto debido a que existían grandes empresas. Ahora, cerca de un 70% de la fuerza laboral es informal. Es una población que no tiene acceso a la seguridad social”, agregó la ex autoridad estatal.

A pesar de ello, el investigador Bruno Rojas destaca que la administración del mandatario Evo Morales impulsó derechos laborales como la inmovilidad laboral de los padres hasta que sus hijos cumplan un año y la Ley del Fuero Sindical.

Punto laboral

Subempleo • De acuerdo con el informe del CEDLA, el 60% de los ocupados en las principales ciudades del país está subempleado por insuficiencia de ingresos. El documento señala que seis de cada 10 trabajadores no alcanza a generar los ingresos mínimos para cubrir el costo de una canasta básica de alimentos, que llega a 1.288 bolivianos.

Indígenas • Según las estadísticas publicadas por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), el desempleo en la población indígena disminuyó. El 2003 la cifra de desocupados que se declararon indígenas alcanzó a 120.000. El 2007, entretanto, el número bajó a 92.000. Para el ex viceministro de Trabajo Rodolfo Eróstegui, esto se debe a que desde la llegada del presidente Evo Morales al poder hay una mayor participación de la población que se considera indígena en la administración pública.

Desempleo • El desempleo en Bolivia fluctúa entre el 6% y el 8%. Según Eróstegui, generalmente cuando hay un crecimiento en la tasa de desempleo se debe a que algún sector informal se encuentra expulsando trabajadores. “Paradójicamente, en Bolivia no es el sector privado el que hace crecer significativamente la tasa de desempleo, son los informales”, explicó.

Proyección • El investigador Bruno Rojas recuerda que a través del Plan Nacional de Desarrollo el Ejecutivo anunció el 2006 la creación de 90.000 fuentes de trabajo adicionales cada año. “Ese mismo año se ajustó a 60.000, que no se cumplieron. El 2008, entretanto, subió la previsión, al calor de los referendos, a 100.000. Se señaló, además, que hasta el 2010 serían 400.000. Sin embargo, no se llegó ni siquiera al 20%”.

Horario • El experto en temas laborales Bruno Rojas señala que el horario de trabajo, de ocho horas, sufrió modificaciones. “La hora de trabajo se ha extendido. Una de las estrategias es el salario a destajo. Significa que una persona trabaja por obra, por la entrega de una determinada cantidad de productos. Así, trabaja hasta 12 horas al día para cumplir el contrato”.

Ciudades • Las ciudades más afectadas por el desempleo en Bolivia son La Paz y El Alto, con un 11,6% y un 13,5%, respectivamente. Las tasas más reducidas están en Potosí, con el 9,4%; Santa Cruz, con el 8,2% y Cochabamba, con el 7,7%.

Género • Una investigación del CEDLA señala que el desempleo abierto está “feminizado” en todas las ciudades estudiadas: seis de cada 10 personas que buscan trabajo y no lo encuentran son mujeres. Ellas presentan una tasa de desempleo de 13,2%, muy por encima de la que se observa entre los hombres, la que alcanza al 7,5%.

Paradoja • La misma investigación muestra que cuanto más elevado es el grado de educación, mayor es la tasa de desempleo. Esto se verifica en todas las ciudades del país. Las tasas más elevadas se hallan entre quienes han cursado la educación superior (licenciatura y posgrado) con un 12,1%. Entretanto, el ciclo secundario llega al 10,5%.

Dificultad • El CEDLA señala que los trabajadores que fueron despedidos del sector público presentan grandes dificultades para encontrar un nuevo empleo. Esto significa el 13,4%.