La protesta de los obreros bolivianos en dos proyectos a cargo de esta empresa china puso al descubierto que los derechos laborales no son cumplidos por esta firma.

 

En los últimos cinco años se incrementó notoriamente la presencia de empresas chinas en Bolivia a través de contratos millonarios suscritos con el Estado boliviano en un escenario de apertura a estas empresas, para la ejecución de un significativo número de obras públicas.

Empresas y consorcios como Sinohydro, CAMC Engineering Co. Ltd., Bolivia Branch, Railway y Sinosteel están actualmente a cargo de la construcción de carreteras, la planta hidroeléctrica de San José, la instalación de una planta industrial de azúcar en San Buenaventura, la instalación de la Planta Industrial de Sales de Potasio, el montaje de la planta siderúrgica de El Mutún y la construcción de ferrovías y puentes, entre las obras más importantes.

Los datos corresponden al Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) que fija su atención en que alguna de las compañías chinas observadas como CAMC Engineering Co. Ltd., hubiera sido contratada para la ejecución de varias obras públicas (ocho) dejando de lado otras propuestas.

La lucha de los obreros bolivianos en dos proyectos a cargo de la empresa china Sinohydro en Bolivia puso al descubierto que los derechos laborales no son cumplidos por esta firma, creando conflictos sociales que no acaban de resolverse por la débil institucionalidad del Gobierno actual.

Sinohydro, la gran estatal china

La empresa estatal china Sinohydro fue fundada en la década de los años 50 como contratista para proyectos hidroeléctricos públicos. Forma parte de las siete empresas estatales más importantes del sector de construcción, consideradas como «vanguardia” de los proyectos de ayuda exterior de China, entre los años 1950 y 1960.

Fue una de las primeras en beneficiarse de la «política hacia afuera” del Gobierno que permitió que las empresas constructoras aumentaran su participación en el mercado mundial.

En 2002, la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) informaba sobre la conformación de Sinohydro Corporation Limited como resultado de la reestructuración de las unidades de energía hidroeléctrica y de ingeniería de la ex-Secretaría de Energía y el Ministerio de Electricidad e Industria; actualmente opera bajo el control de la Comisión de Administración y Supervisión de Activos Estatal-SASAC. En 2011, se fusionó con otras 58 empresas de suministro provinciales para formar la Power Construction Corporation of China (China Power). Desde entonces, Sinohydro se convirtió en la marca insignia de los negocios internacionales de esta corporación.

Según la ICM, es una de las empresas con mayores conflictos en el tratamiento de las negociaciones laborales a nivel mundial y existen múltiples evidencias de que no respeta las leyes laborales ni las normas de seguridad y salud en el trabajo, de los países donde presta servicios.

La Sinohydro en Bolivia
El ingreso de la Sinohydro en América Latina se consolida a finales de 2008, cuando estalla la crisis financiera mundial y en la que la gigante asiática encuentra un nuevo mercado potencial e incursiona en países como Honduras, Costa Rica, Belice, Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia, ejecutando importantes proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos, agrícolas y de comunicaciones, entre otros.

Sinohydro llega a Bolivia a finales de 2012 con la firma de un memorando de entendimiento con el Gobierno boliviano a través del Ministerio de Hidrocarburos y la Empresa Nacional de Electricidad, ENDE, para agilizar el proyecto hidroeléctrico Cachuela Esperanza en el norte amazónico del país. Este memorando se firmó mientras la Sinohydro, que estaba a cargo de la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair en Ecuador, enfrentaba 10 denuncias en la Fiscalía de ese país y en siete juzgados civiles y laborales de Pichincha, acusada de presunto delito de peculado, incumplimiento de pagos a una empresa subcontratista e incumplimiento en el pago de haberes e indemnizaciones laborales.

A pesar de que las irregularidades de la empresa Sinohydro fueron dadas a conocer a las autoridades nacionales bolivianas, a la fecha esta empresa tiene cuatro contratos con el gobierno de Evo Morales, todos a través de licitación pública internacional.
El primer contrato data de abril de 2014 y corresponde a la construcción de la doble vía Puente Ichilo-Ivirgarzama en sus dos tramos: tramo I Puente Ichilo – Puente Mamorecito y tramo II Puente Mamorecito-Ivirgarzama (144 millones de dólares), firmado con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Es precisamente, durante la ejecución de esta obra que se dieron a conocer las denuncias de los trabajadores por la violación de sus derechos laborales y malos tratos por parte de la empresa.

El segundo contrato fue firmado en junio de 2014 entre Sinohydro -en asociación accidental con la empresa CBI- y la Empresa Nacional de Electricidad ENDE a través de la nacionalizada Corani SA para la «construcción de obras civiles, red vial, regulación y conducción” del proyecto hidroeléctrico San José (corresponde al segundo contrato de los cuatro que forman parte del Proyecto Hidroeléctrico San José) (124,1 millones de dólares), donde también se han registrado denuncias de los trabajadores por las mismas razones anotadas en el caso de la construcción de la doble vía Puente Ichilo-Ivirgarzama. El tercer contrato fue firmado en septiembre de 2015 entre Sinohydro y la estatal ABC para la construcción del tramo Padilla-El Salto (89,6 millones de dólares).

Finalmente, en noviembre de 2015 se firmó el millonario contrato para el diseño y construcción de la sección central de la carretera El Sillar bajo la figura de contrato «llave en mano” -en el que la empresa tiene a su cargo los estudios técnicos, el diseño y la ejecución de la obra- con una modalidad de financiamiento gestionada por el proponente (426,1 millones de dólares).

Llama la atención que la firma del contrato se hubiera hecho efectiva pese a las denuncias ante el Ministerio de Obras Públicas y la ABC por la adulteración de datos y documentos de un miembro del equipo de profesionales en un formulario que tiene valor de declaración jurada.

Según el documento base de contratación, esta irregularidad llevaría a la descalificación de la propuesta presentada y el posterior cobro de la boleta de seriedad (1% del monto económico propuesto), algo que no sucedió en este caso. Esto sugiere la existencia de anomalías en el proceso de adjudicación y posterior firma del contrato con Sinohydro.

«Nos chupan la sangre”

En marzo de 2015, los obreros del proyecto carretero doble vía Ichilo- Ivirgarzama a cargo de Sinohydro comenzaron una larga lucha en demanda del cumplimiento de la legislación laboral boliviana, tras 10 acercamientos infructuosos con esta compañía y no obstante la intervención de la Dirección Departamental del Trabajo de Cochabamba.

En julio del mismo año, los obreros del Sindicato de Trabajadores en Construcción Libertad (uno de los campamentos instalados), declararon el primer paro indefinido denunciando la violación de sus derechos y demandando la atención de un pliego de peticiones de 19 puntos.

El paro prontamente fue levantado gracias a la firma de un acta entre los trabajadores y la empresa Sinohydro para atender el pliego petitorio. El compromiso no fue cumplido por la compañía, provocando un segundo paro de los trabajadores en octubre, que generó una reacción violenta de la empresa. Desde entonces, los trabajadores declararon tres paros de actividades más.

El 12 de febrero, luego de 22 días del quinto paro, los trabajadores llegaron a un acuerdo con la empresa. Luego de tantos acuerdos incumplidos, queda la duda sobre la resolución de las legítimas demandas de los trabajadores por medio de estos mecanismos, sobre todo cuando la voluntad estatal no está de su lado.

La larga lucha de los obreros de la empresa Sinohydro, por cambios sustanciales en sus condiciones precarias de trabajo y por el cumplimiento de la legislación laboral vigente, desnudó el pisoteo de las normas bolivianas por parte de esta compañía extranjera que sistemáticamente se negó a acatar las disposiciones nacionales frente a la inercia del Ministerio de Trabajo que incumplió su rol constitucional y aquel establecido por la Ley de Organización del Poder Ejecutivo.
Pagina Siete

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