El Centro de Estudios Para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) pide al gobierno la actualización de la Ley General de Trabajo (LGT) pues la actual norma tendría algunas limitaciones históricas en su contenido, omisiones, falencias y discriminaciones. Según la ONG la norma debe preservar los principios del derecho laboral, la defensa y ampliación de los derechos de los trabajadores ante la permanente amenaza empresarial de eludirlos o rebajarlos, más aún en contextos de crisis económica.

Sugiere que se incorpore a todos los trabajadores asalariados al ámbito de la Ley, ya sean del Estado y del sector privado empresarial como la gran empresa, pequeño o microempresa del campo del campo o la ciudad. Además de eliminar toda discriminación de género y de edad en el acceso al asalario y otros derechos.

El Cedla plantea que se prohíba el trabajo infantil de niños menores de 14 años. También prohibir toda forma de subcontratación, además, de otorgar un rol coercitivo al Ministerio de Trabajo para asegurar el cumplimiento de la norma.

Según la entidad el caso de Enatex “es una muestra de la orientación anti obrera del actual Gobierno del MAS que recurre a la misma estrategia del sector privado, reduciendo los costos laborales, despidiendo trabajadores y pisoteando sus derechos pero con el apoyo del Estado”.

Enatex se creó sobre los restos de la empresa América Textil S.A. (Ametex) que contaba con seis factorías articuladas empleando a más de 3.000 trabajadores y subcontratando a 17 pequeñas empresas. Este consorcio producía prendas de vestir a Estados Unidos  bajo el sistema de maquila gracias al Acuerdo de Preferencias Arancelarias (ATPDEA). Pero en julio de 2009 sobrevino la crisis pues EEUU mego a Bolivia la extensión del acuerdo argumentando incumplimiento en la lucha antidroga.

Para el Cedla, “el gobierno de Evo Morales no tuvo éxito en sustituir el mercado estadounidense por el venezolano. A esta situación se sumó la cuantiosa deuda contraída por Ametex entre 2002 y 2005 que termino de arrastrarla a una crisis insostenible que derivo en el cierre de operaciones y del despido masivo de más de 1.800 trabajadores”.

Ante la falta de mercados y a pesar de los esfuerzos del Gobierno por mantener la empresa se tomo la decisión de reestructurarla con el despido de 345 trabajadores, 111 con memorándums y los demás con retiros voluntarios. Varios trabajadores se movilizaron contra la medida y pidieron la restitución a sus fuentes de trabajo, acudieron al Ministerio de Trabajo sin tener éxito y se vieron solos ya que tampoco contaron con el apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB). En pasados días el vicepresidente Álvaro García Linera anticipó más despidos y los trabajadores se declararon en estado de emergencia.

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