CEDLA: El Gobierno del MAS ha conculcado los derechos laborales

ERBOL, 30 de abril de 2012.- El gobierno de Evo Morales viene soportando una ola intensa de conflictos sociales que se caracterizan por su naturaleza colectiva y nacional y, esencialmente, por ser manifestaciones que reivindican la defensa y conquista de derechos. Entre estas luchas destacan las de índole laboral, protagonizadas por los médicos asalariados, los trabajadores en salud, los maestros urbanos y la Central Obrera Boliviana por la atención de su pliego petitorio nacional, cuya demanda principal es un salario equivalente a una canasta familiar de 8.309 bolivianos.

Por la jornada de las 6 horas

En el caso de los profesionales médicos del sector público, la promulgación del DS 1126 que “repone” las 8 horas de trabajo en el sector de la salud pública y de la seguridad social, sin más argumentos que el cumplimiento de una resolución aprobada en el Encuentro Plurinacional de enero pasado y la referencia a un diagnóstico efectuado por la Organización Panamericana de la Salud, viola el derecho conquistado por estos trabajadores a una jornada completa diaria de 6 horas.

Si la Constitución Política del Estado, la legislación laboral vigente y los convenios internacionales ratificados por el Estado boliviano, determinan que los derechos laborales, incluido el conquistado por los trabajadores de salud pública de la jornada de 6 horas, son inviolables, irrenunciables, imprescriptibles y de cumplimiento obligatorio, cualquier medida que contravenga estos preceptos cae en la ilegalidad.

No sólo se conculca un derecho conquistado, sino que el gobierno aprovecha este conflicto para ocultar la orientación de su reforma de la seguridad social, que pretende controlar, desde el Ministerio de Salud, a las cajas de salud, en especial a la Caja Nacional de Salud (CNS), y excluir a los trabajadores de su administración.

Es importante mencionar que la lucha de los trabajadores de salud ha planteado también su incorporación a la Ley General del Trabajo (LGT); esta lucha tiene sentido en la medida que el propio gobierno dictó, el 1º de mayo de 2006, el DS 2869 que reglamenta la LGT.

En este instrumento legal se reconoce que todo trabajador que cumpla con una relación de dependencia y subordinación respecto a un empleador, que la prestación de trabajo sea por cuenta ajena y que perciba una remuneración o salario., en cualquiera de sus formas y manifestaciones, está reconocido en el ámbito de dicha ley, “sea cual fuere el rubro o actividad que se realice” y está sujeto a los derechos y obligaciones emergentes del trabajo asalariado.

Maestros contra la pared

Particularmente en la actual gestión gubernamental, los trabajadores del magisterio urbano son objeto de acciones e intentos de conculcación de sus derechos y con-quistas laborales.
El desconocimiento del Reglamento del Escalafón, la afectación de la inamovilidad laboral y del fuero sindical, la penalización de las huelgas con los descuentos correspondientes, la ampliación y cumplimiento del calendario escolar anual no obstante los descuentos efectuados y la no cancelación de bonos en casos de paros frecuentes, son acciones con las que el actual gobierno ha intentado acallar al sector más movilizado.

Empresas públicas no cumplen la ley

En las nuevas empresas públicas creadas por el gobierno, la contratación de los obreros en calidad de funcionarios públicos en el marco del Estatuto del Funcionario Público y no en el de la Ley General del Trabajo, constituye otra clara violación de derechos laborales por cuanto desconoce la existencia de la relación laboral establecida entre los trabajadores y el Estado, que es objeto de protección de la legislación laboral vigente.

Esta figura es parte de un cuadro laboral mayor con derechos del trabajo limitados y conculcados por el Estatuto que considera a gran parte de los ocupados en el sector estatal como “servidores públicos”, en desmedro de sus derechos en tanto trabajadores asalariados.

Penalizado el derecho a la huelga

Finalmente, una de las mayores violaciones promovidas por el gobierno actual es la penalización de la huelga y de las manifestaciones de protesta de los trabajadores, con el agravante de la imposición de descuentos y sanciones por los día de paro y el despliegue de mecanismos de presión y amedrentamiento de los dirigentes y trabajadores, como el uso de las instancias judiciales y la movilización de grupos políticos y sociales afines al MAS en condición de bloques de choque.

La Paz, 30 abril 2012 – J.C.

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