Escrito por La Paz/ Erbol Mar 07, 2016

Bruno Rojas, de la Unidad de Investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), aseguró que la Cancillería y el Ministerio de Trabajo conocen de los atropellos que sufren obreros bolivianos contratados por la empresa china Sinohydro que opera en el país desde el año pasado.

“Personalmente estuve con el Ministerio de Trabajo para ver si llegó alguna comisión, si fueron recibidos en alguna comisión que pueda hacerse cargo de esto, pero no (…) El Ministerio de Obras Públicas planteó que la Cancillería debería intervenir y reunir a la Embajada de China, a representantes de la empresa, para buscar directrices orientadas a que la empresa china cumpla con la legislación laboral”, dijo en entrevista con ERBOL.

Rojas advirtió que la legislación boliviana establece claramente que la empresa Sinohydro tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de las disposiciones laborales vigentes a favor de los trabajadores.

“En este caso, las autoridades tienen que garantizar el cumplimiento de las disposiciones laborales vigentes a favor de los trabajadores. Deberían disponer de los medios para que en caso de un conflicto, un despido, una afectación de seguridad industrial u otros casos, deberían actuar”, señaló.

Entre los atropellos que denuncian los trabajadores está el pago de un salario bajo, largas jornadas de trabajo de hasta 15 horas, sin que les reconozca monetariamente el tiempo extra, mala alimentación, despidos injustificados y hasta agresiones físicas.

“En una ocasión, un técnico chino utilizó un tractor, una pala mecánica, para tratar de agredir a los trabajadores. Además, en su boleta de pago, y los mismos trabajadores nos contaron esto, aparecen descuentos que nunca les explican (…) tampoco tienen seguridad en el trabajo porque no les dan la indumentaria adecuada”, señaló Rojas.

En marzo de 2015, los obreros del proyecto carretero doble vía Ichilo- Ivirgarzama, comenzaron una larga lucha en demanda del cumplimiento de la legislación laboral boliviana, tras 10 acercamientos infructuosos con esta compañía y no obstante la intervención de la Dirección Departamental del Trabajo de Cochabamba.

Una nueva huelga fue declarada en noviembre de 2015. Esta vez con el bloqueo de la carretera en cercanías del campamento de Entre Ríos (Chapare). La empresa no solo incumplió el acuerdo, sino que procedió al despido injustificado de varios trabajadores.

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