Cedla advierte que abrogar el Estatuto por una Ley similar seguirá vulnerando conquistas laborales. Se abre el debate.

El anuncio oficial del Gobierno de abrogar el Estatuto del Funcionario Público y reemplazar por una Ley del Servidor Público, según Elmo Pérez, secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), entre muchos aspectos todavía a ser considerados a favor los trabajadores, eliminará los “contratos en línea”.

Según el ejecutivo de la COB, dicha figura laboral que se impuso en los últimos 15 años, en muchas entidades privadas y sobre todo públicas del Gobierno central, las gobernaciones y municipios del país, fue aplicado como mecanismo de contratación de los servicios personales y profesionales vulnerando los preceptos de la Ley General del Trabajo.

«El objetivo es ese: debe desaparecer esa distorsión de ley laboral con la figura de contratos en línea. Entonces eso debe cambiar, dado que los contratos en línea han vulnerado el derecho de los trabajadores donde no se les reconoce aguinaldos, vacaciones, bajas médicas, tienen que facturar y lo peor que hacen las tareas propias de una persona que tiene contrato bajo el parámetro de la Ley General del Trabajo», señaló.

Por su parte, Bruno Rojas, investigador laboral del Cedla (Centro de Estudios Para el Desarrollo Laboral y Agrario), observó que “es tramposa” la propuesta del Gobierno en sentido de abrogar el Estatuto para simplemente reemplazar por una Ley de Servidor Público. «Entonces, se mantendría esencialmente el espíritu del estatuto actual que significa anular los derechos colectivos, el derecho a la protesta, el derecho al reclamo y el derecho al ejercicio de las libertades individuales. Lo ideal es volver dentro el marco de la Ley General del Trabajo como lo fue antes de 1985», manifestó.

Necesaria delimitación. Según el experto Rojas, el Estatuto del Funcionario Público en vigencia es parte de un largo proceso del nuevo modelo de reforma estructural implementado a partir 1985, cuya norma se aplicó en 1999. «El Estatuto responde a tres objetivos: primero el hecho de negar el concepto de trabajador relacionándolo a simple funcionario administrativo; segundo responde a anular los derechos colectivos (organización, protesta y sindicalización); y tercero responde a recomendaciones de organismos internacionales», precisó.

Sin embargo, Pérez señaló que la nueva norma en su elaboración ameritará un consenso pormenorizado, dado que implicará precisar la figura del “servidor público” en función a las instancias públicas ya definidas en el que deben ser aplicados.

«Hay que identificar, aclarar y establecer de quiénes deben ser entendidos como servidores públicos. Por ejemplo, que no pueden ser entendidos como servidores públicos aquellas personas que trabajan en las empresas descentralizadas del Estado, en los sectores de salud municipales, eso se debe delimitar», argumentó.

No obstante, adelantó que necesariamente los servidores públicos deben ser entendidos a aquellos que están vinculados a cargos bajo nombramientos políticos y puestos laborales, también bajo esa misma figura.

«Ya hay un borrador de esta ley y yo creo que con el trabajo de la COB podríamos tener una ley satisfactoria para los funcionarios públicos, que ahora pasarían a denominarse servidores públicos”, sostuvo el pasado domingo Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado. Al respecto, las instancias gubernamentales respondieron a El Día, que dicho borrador es objeto de tratamiento por un equipo técnico del Gobierno. La COB estima que la norma estará lista en los próximos 15 días.

Marco de negociación. El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó la pasada semana que el diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB) no ha concluido por lo que los trabajadores plantearon resolver el tema del régimen laboral y la recontratación de los 180 extrabajadores de Enatex. Y por su parte, el Gobierno planteó que no es posible recontratar a los 180 trabajadores al azar «como lo están queriendo plantear porque hay un debate que eran 286 como planteaban los fabriles o los 180 como planteaba la COB», complementó.

Alcances
La negociación entre COB-Gobierno se basa en nuevas normativas

Compromiso. Un decreto se refiere a que toda empresa que estuviera trabajando en el contexto del Estado y que permaneciera en el marco laboral continuará, ninguna migrará ni se transformará en entidad diferente. En cambio, el otro decreto supremo es referido a los alcances de la cobertura de protección a los trabajadores en el ámbito público y privado para que no se aplique el decreto 2765 (cierre de Enatex).

Ley laboral. Según la COB, en el ámbito del pliego petitorio, en esta negociación también se habló de aprobar la nueva Ley General del Trabajo hasta fin de año.

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