A partir del anuncio de la eliminación del Decreto Supremo 21060, se prevé que el Gobierno incorpore reformas para evitar excesos en contra de los trabajadores, ¿pero qué se puede esperar cuando es el propio Estado el que crea empleos flexibilizados?

La interrogante sale de una entrevista con el investigador Carlos Arze, del CEDLA. El Decreto Supremo 21060 fue impuesto en el país a mediados de los años 80, definiendo un panorama de libre contratación y límites a las facultades protectoras del Estado para con los trabajadores. El Gobierno anunció el pasado 1 de Mayo la eliminación de esa norma, que expresaba la voluntad de un sector dominante y victorioso en un conflicto (1985) y la derrota del movimiento obrero y popular.

El investigador y economista Carlos Arze, del CEDLA, dice que la consecuencia del 21060 fue que la Ley General del Trabajo volvió a la letra muerta y se borraron las conquistas laborales que habían conseguido en varios años los sectores asalariados.

¿El panorama será distinto ahora que se ha propuesto la eliminación del 21060? La respuesta de Arze es un «no». Primero porque el gobierno mantiene la idea de que el país es productor de materias primas a cargo de la inversión privada extranjera. Ergo, seguirá primando la obtención de ganancias por parte de las transnacionales en desmedro de los trabajadores.

En segundo lugar porque las empresas estatales recientemente creadas son «empresas fantasma». El investigador afirma que en el caso del Estado como creador de empleo a través de Cartonbol, Papelbol, Petroviviendas, etcétera, no muestra resultados ni informes de la gestión 2010, y la única que informa (Empresa Boliviana de Almendra) dice que no tuvo utilidades. Salvo Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la Empresa Minera Huanuni, «las empresas estatales no existen».

Pero cómo se avanza en otros programas de creación de empleos. Arze dice que una rápida mirada muestra que «el Estado interviene creando empleos flexibilizados» o con escasos beneficios sociales, como en el Programa Propaís, Vías Bolivia o el de Empleo Digno para Jóvenes que los acomoda en trabajos con pago y rango de aprendices.

El otro problema es que en los últimos años se han atacado a los derechos colectivos (organizarse en sindicato y uso de la huelga), dice el investigador, quien advierte que a esto se suma el hecho de que desde el gobierno se promueve a otros sectores contra los sindicatos y la intervención directa en organizaciones sindicales para neutralizarlas.

El D.S. 861, que elimina el 21060, propone crear una comisión entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana para, entre otras cosas, elaborar leyes en consonancia con la nueva normativa. Una vez más el entrevistado considera que esto es peligroso porque significaría que los trabajadores y sindicatos pueden ser llevados a refrendar posiciones que tienen las de ganar en la todavía saludable economía de libre mercado.