El voto resolutivo emitido por más de 40 organizaciones indígena originaria campesinas exige paralizar el tratamiento del proyecto de ley por ser inconstitucional y atentatoria contra los derechos básicos de los bolivianos y contra los recursos naturales nacionales. Además pide reiniciar un proceso de construcción participativo y de consulta al pueblo boliviano.

Representantes de organizaciones sociales e indígena originaria campesinas, de distintas regiones del país, tanto urbanas como rurales, se dieron cita durante los días 8 y 9 de mayo del presente, en instalaciones de la UMSA para dar a conocer sus puntos de vista con respecto al Proyecto de Ley de Minería y Metalurgia, que se encuentra a punto de aprobarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

En el primer día, se realizó un análisis general del Proyecto de Ley en el que pusieron en la mesa de discusión todos aquellos artículos que contravienen la Constitución Política del Estado. Posteriormente, tras la conformación de 5 mesas temáticas, los cerca de 500 representantes asistentes realizaron un debate general que culminó en una resolución, emitido en la segunda jornada, dirigido al Gobierno; a las autoridades legislativas y ejecutivas; así como a los diversos sectores de la sociedad civil.

El Proyecto Minero es inconstitucional

Yolanda Herrera, Presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, hizo hincapié en la vulneración de una serie de derechos hacia la población boliviana: “Dentro del marco de los derechos políticos y civiles está el derecho a la participación y, este proyecto, tiene un impacto a nivel nacional, por lo tanto, requiere de la participación de todos los actores involucrados. Una de las preocupaciones de la Asamblea es la no accesibilidad al derecho a la protesta y el derecho a la consulta, que han sido ignorados en este proceso” afirmó ante la atestada audiencia.

Herrera también enfatizó la importancia de analizar los puntos que vulneran los derechos sociales y culturales de los bolivianos. “Entre ellos está el derecho al agua y nos preocupa que al atentar contra el derecho de acceso al agua para la vida se vulnera el derecho a la  agricultura que todo campesino tiene para producir sus alimentos de modo seguro, de acceder a tierras no contaminadas y el derecho fundamental del medio ambiente” aseguró a tiempo de resaltar que la Asamblea Permanente ha observado “la criminalización y judicialización por el gobierno hacia algunos sectores sociales que están siendo violentados por grupos de poder” aseguró al anunciar que “están dispuestos a fortalecer un tejido social en defensa de la justicia y de los derechos institucionalizados de los bolivianos”.

Por su parte Felix Layme, ejecutivo de CONAPROMA (Coordinadora Nacional por la Defensa del Medio Ambiente) habló de la necesidad de consultar a la población en general sobre dicha propuesta legislativa, “Esta lucha promete un serio conflicto con respecto al agua y esto significa atentar contra nuestro derecho a la vida. Eso es algo que no podemos permitir, no vamos a quedarnos callados, vamos a luchar” aseguró ante toda la audiencia a tiempo de cuestionar al gobierno el porqué no fueron convocados para la aprobación de la propuesta de ley.

El Proyecto Minero propugna un modelo económico insostenible

“En caso de que la ley se aprobara, ésta dejaría que los operadores mineros puedan hacer todo lo que quieran en el país. Las empresas están actuando en las áreas protegidas y forestales; ya no son más áreas protegidas sino zonas mineras. El Estado ha otorgado licencias en cabeceras de cuencas, glaciares, ríos y lagos” detalló Marcos Gandarillas, investigador del CEDIB, durante su exposición técnica.

Otra de las grandes preocupaciones que podría ocasionar este proyecto de ley lo expresó Carlos Arze, investigador del CEDLA, al resaltar que ésta incluye “una reforma neoliberal que ha desechado a varias instituciones mineras bolivianas, como los institutos mineralógicos, y sólo SERGEOMIN (Servicio Nacional de Geología y Minería) elabora prospectos mineros para ofertar la potencialidad minera al exterior, en vez de potenciar las posibilidades del Estado” de esta manera destacó que se fomenta el capital privado y el engrosamiento de las filas de trabajadores sin seguridad ni estabilidad laboral.

Por su parte Edwin Armata, del Programa NINA, resaltó en su presentación que: “es un atentado contra la vida porque el empresario tiene derecho de uso y paso en las áreas mineras y si no se llega a un  acuerdo con la comunidad se realiza la expropiación; además autoriza el cambio de uso de agua en beneficio a la explotación minera. El derecho minero tiene primacía ante otros derechos y todo el territorio nacional está autorizado para hacer la explotación minera incluyendo parques nacionales, forestales, áreas protegidas e incluso cementerios, escuelas y centros poblados”.

El Proyecto de ley es atentatorio contra los derechos civiles

La criminalización de la protesta y, por ende, la defensa del territorio y los recursos naturales con represión de la fuerza pública, también fueron observados por parte de los representantes orgánicos presentes.

“El derecho a la consulta se reduce a tres reuniones orientadas a aceptar la exploración minera y si no se llega a un acuerdo el Ministerio de Minería y Metalurgia tendría la potestad de actuar mediante una resolución definitiva e inapelable. La Consulta contemplada en la ley no es previa y no se reconoce el derecho a veto por parte de las comunidades” denunció Cancio Rojas, máxima autoridad del CONAMAQ.

Voto Resolutivo: El pueblo exige consulta, participación y respeto a los derechos

Las organizaciones Indígena Originaria Campesinas, vecinales, comunidades afectadas, colectivos urbanos y organizaciones de la sociedad civil exigen la paralización inmediata del tratamiento y aprobación del Proyecto de Ley de Minería, hasta que no se aprueben la Ley Marco de Consulta Previa, Libre e Informada y la Ley Marco de Aguas, dado su carácter atentatorio contra los derechos fundamentales, individuales y colectivos, de la población boliviana.

En este entendido, la aprobación de cualquier norma fundamental exige la participación y la consulta ciudadana, en el marco de la CPE y los convenios internacionales ratificados por el Estado y, por tal motivo, se exige la elaboración de una nueva propuesta de ley, en la que participe en Defensor del Pueblo y con la inclusión de todos los sectores involucrados, tanto de tierras altas como de tierras bajas y de zonas urbano-rurales.

 

 

El evento nacional conformó una Coordinadora Nacional de Defensa de los Recursos Naturales y exigió la convocatoria a un Referéndum para definir los puntos neurálgicos que deberá contener el nuevo proyecto.

Los participantes en pleno expresaron su rechazo total por el acuerdo firmado entre los regantes y los cooperativistas mineros; así como el desconocimiento de los asambleístas que aprobaron el proyecto.

Entre las organizaciones sociales participantes estuvieron: CONAMAQ, CONAPROMA, CORIDUP, ANARESCAPIS, Mujeres Regantes de la CNMIOCB-BS,  Asociación Departamental de Regantes de Tarija, Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra frente al Extractivismo, OICH, Campaña Octubre Azul, Representantes del pueblo de los URUS, Asociación de Regantes del Norte de Potosí, Juntas Vecinales del Alto, Representantes del Ayllu Jacha Karangas Comunidad Choque Qota,  Representante del Consejo Provincial Abel Iturralde de La Paz, FEDECOR, representantes de los Regantes y Sistemas Potables, Representante municipio Pazña de Oruro, CPEMBE, CIRABO, Federación de Campesinos del Norte de Potosí, Autoridades Originarias del Ayllu Puñaka-Oruro, de Challacollo Marka-Oruro, CODEPANAL y Juntas Vecinales de Chuquisaca, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y sus representaciones departamentales.

Redacción: Programa NINA
La Paz 09 de mayo de 2014

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