Por Chaski Klandestino

En el año 2000, una extensa red de comunidades campesinas e indígenas articuladas con sectores urbanos de trabajadores y población en general, evitaron que el agua –Sangre de la Pachamama– fuese mercantilizada y vendida a la transnacional Bechtel, derrotando a su vez la Ley de Aguas impuesta por el gobierno del ex dictador Hugo Bánzer Suárez.

En Cochabamba, miles de guerreros y guerreras del agua, así como los rebeldes aymaras de Achacachi (departamento de La Paz), lograron la primera victoria popular luego de casi dos décadas de neoliberalismo, durante las cuales se produjo una intensa desestructuración de las luchas urbanas y rurales.

Este convulso y fértil inicio del nuevo siglo, enseñó a tejer esfuerzos por un bien común como el agua y, más allá, a pensar-hacer una nueva época de rebelión social, en la cual se empezaron a impugnar las maneras en que el poder estatal y el sistema tradicional de partidos había venido decidiendo sobre el interés común, reprimiendo cualquier tipo de  cuestionamiento social. Otros catorce años han transcurrido desde entonces.

Ley Minera agrede a la Pachamama sin cambiar orientación neoliberal

Desde 2000, la Federación Departamental deRegantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable gestiona y distribuye el vital líquido de forma equitativa.

Un regante cochabambino y participante de la Guerra del Agua, comenzó su participación en la Cumbre Social de análisis de la Ley Minera, el 8 y 9 de mayo de 2014, anunciando que la inminente aprobación de esta norma, significaría la muerte de losguerreros del agua, así como de todas las conquista de una generación y de un histórico tiempo de luchas: «Si [Evo Morales] promulga la Ley Minera, nuestra ley de riegos, nuestra ley que hemos hecho en la Guerra del Agua, los guerreros del agua de Bolivia a nivel internacional, eso vamos a morir, nos va a poner a un lado. Repito, si mañana promulga la Ley, chau, ha vuelto la transnacional, ha vuelto Goni Sánchez de Lozada, todos los privatizadores».

Estamos de acuerdo con Mina, Navarro y Tischler en optar por los términos “bienes comunes” en lugar de “recursos naturales”. El agua, la selva y el territorio no son reducibles a meras mercancías o recursos explotables, pertenecen a distintas formas de ver y vivir la naturaleza como una “totalidad compleja”.

En efecto, la defensa de la Madre Tierra que el gobierno sostiene discursivamente en ámbitos internacionales, no se halla inscrita en sus diversas políticas que, por lo contrario, reafirman e incluso ahondan la explotación sobre los “recursos naturales” y el carácter neoliberal de su régimen legal, revirtiendo directa o indirectamente los logros obtenidos por un ciclo reciente de esforzadas batallas indígenas, campesinas y populares, afincando nuevamente la sostenibilidad del modelo económico del “proceso de cambio” en la explotación primario-exportadora de petróleo, hidrocarburos y minerales.

Emilio Madrid, integrante del Colectivo Casa, que ha venido realizando un trabajo de seguimiento e investigación de las luchas contra la explotación minera, sostiene que El Código Minero, promulgado en 1997 por el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (del Movimiento Nacionalista Revolucionario), dio paso a que la actividad minera sea transferida casi en su totalidad a tres tipos de actores privados: empresarios medianos, transnacionales, y cooperativas mineras. Solo una mina, la de Huanuni, gracias a la gran resistencia de sus trabajadores, se mantiene como empresa estatal.

La imposición de Ley Minera

El proyecto de Ley Minera fue aprobado por la Cámara de Senadores y posteriormente pasó a la Cámara de Diputados, donde se modificaron varios artículos y donde se redactó el artículo 151, por el cual se obliga a las cooperativas mineras a tener aprobación legislativa para realizar convenios con empresas transnacionales. Esto desató un bloqueo de caminos por parte de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN). Además de rechazar este artículo, la federación exigió respeto a los acuerdos previos con el gobierno, que permitían la firma de contratos sin control estatal. El bloqueo terminó con enfrentamientos graves entre policías y cooperativistas en la localidad de Sayari (Cochabamba), resultando dos trabajadores fallecidos por disparos de armas de fuego y varios heridos entre policías y mineros. El gobierno realizó una nueva negociación únicamente con la dirigencia de los cooperativistas y un sector afín de regantes. Se espera que el presidente Morales promulgue en estos días dicha ley.

Madrid explica que la política minera del MAS no cambió sustancialmente esta situación. No existió una política nacionalizadora, a excepción de los casos de Huanuni (Oruro), la mina Colquiri (Oruro) y Coro Coro (La Paz), que además no fue implementada por iniciativa gubernamental, sino por una lucha de sus trabajadores que se enfrentaron contra el mismo gobierno, con un alto costo social, con heridos y fallecidos. En palabras del integrante del Colectivo Casa:

«El predominio sigue siendo privado, y dentro de eso quienes tienen el mayor control, son las transnacionales (…) en minería las pocas recuperaciones (nacionalizaciones) fue por iniciativa de los trabajadores, no del gobierno. Entonces no ha variado para nada esa orientación del gobierno y más bien se ha continuado impulsando el predominio privado de la minería, tanto así que entre lo que ha entrado el gobierno del 2006 a la fecha, las cooperativas  crecieron terriblemente, crecieron de cerca de 600 cooperativas, ahora son 1620, han crecido por lo menos al 300% las cooperativas en este gobierno, en los 9 años de gobierno»

En los últimos 9 años de gobierno del MAS, las cooperativas mineras pasaron de 911 a 1630, con un aumento de más de 100 mil trabajadores. Se han beneficiado por lo menos 9 leyes y decretos que les amplían sus concesiones, les otorgan financiamientos, mercados, tasa cero de impuesto al valor agregado, entre otros favores (CEDIB, 2014).

La situación de la explotación minera en Bolivia señala 1) que la producción en Bolivia, continúa siendo básicamente de minerales concentrados  que no son tratados y mucho menos industrializados en el país. 2) Que el sector estatal, con un leve incremento, tienen un impulso y una participación mínima en relación a la minería privada, 3) Que, de esta misma manera, las exportaciones están controladas por cuatro transnacionales mineras: la japonesa Sumitomo, la suiza Glencore Xstrata, la estadounidense Coeur D’Aline y la  Pan American Silver, 4) que tanto los gobiernos neoliberales, como el del Movimiento Al Socialismo, han favorecido a las cooperativas mineras, que en realidad no tienen nada de coooperativas, sino que son una forma de trabajo sin ningún tipo de seguridad laboral, donde empresarios cooperativistas  emplean a personas que son parte de una gran masa de desocupados en el país, explotando minerales de manera depredadora.

Las negociaciones del gobierno con dirigencias de las cooperativas no radican solo en discusiones sobre economía, sino básicamente en acuerdos políticos que cambian beneficios a cambio de votos en épocas electorales. Por otro lado, también se han registrado casos, como en el Sindicato de Trabajadores de Huanuni, donde el partido de gobierno ha dividido a la gente y ocupado las representaciones principales del mismo.

 

La nueva Ley Minera, sustancialmente no cambia los aspectos centrales de la estructura de la explotación y exportación mineras, así como tampoco se cambiaron los mecanismos de negociación sobre la misma.

La queja recurrente de las comunidades indígenas-campesinas afectadas por la contaminación o por futuros proyectos de exploración y explotación, es que no se les convocó a una mesa de explicación y negociación sobre la reciente norma minera. Así lo expresó Lino Quispe, del grupo de afectados por la contaminación minera del lago Poopó, Oruro:

«Es una tema muy principal esta parte. El gobierno se ha lavado las manos, primero ¿Qué ha hecho?, ha tomado COMIBOL [Corporación Minera de Bolivia], alcaldías, todas las minerías, al senado, al parlamento, y la ley ha hecho a su manera,  en las cuatro esquinas cerrados, sin participar a las bases, tampoco a los que utilizan el agua.»

Según Don Evaristo, regante cochabambino,

«Nunca en Cochabamba, primer lugar los regantes, o los usuarios del Agua Potable en Cochabamba, cero, que se puede decir, no nos han convocado ni siquiera no sabíamos, tampoco no han hecho en Cochabamba, parece que han hecho en los centros mineros y eso han hecho con los cabezas que han sido de esas transnacionales, esos lo han asesorado, entonces al lado, alrededor del compañero Evo están los resentidos, esos le están haciendo pisar el palito, esos le están asesorando a los compañeros mineros».

Tanto el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CELDA) como el Colectivo Casa señalan que el sentido general de la Ley Minera atenta contra la reproducción de la vida, contra las maneras y lógicas del manejo comunitario del territorio en zonas campesinas e indígenas que han sido o serán afectadas por la contaminación de aguas superficiales o subterráneas, del aire o de los suelos.  El proyecto tampoco contiene una política nacionalizadora y, de manera inédita, penaliza y criminaliza como nunca la protesta, pues dice que las empresas tendrán protección del estado frente a “actos de personas individuales o colectivas que pretendan avasallar o avasallen, invadan o pretenda invadir sus Áreas Mineras, plantas o instalaciones”, donde se incluyen acciones y también “amenazas” escritas o declaradas verbalmente (CEDLA, 2014).

La destrucción de lo común: minería, contaminación, sequía y muerte

El despojo es la forma,  la racionalidad y el método del avance capitalista. La minería transnacional ha significado para las comunidades campesinas e indígenas un despojo de sus territorios, de los bienes como el agua con los que contaban y se habla, en algunas localidades, de “desastre ecológico”.

Bolivia fue y sigue siendo un país minero, la clase trabajadora minera sindicalizada ha sido excepcional en sus planteamientos y en toda su larga lucha de decenas de años. Sin embargo, hasta ahora no ha tratado con sectores campesinos, de manera amplia y articulada, el tema del desastre ambiental que ha traído esta actividad.  Tampoco lo hará el sector cooperativista minero, y mucho menos la burocracia de estado.

Doña Sabina Gutiérrez, de la Red de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, expuso los efectos de la minería en su comunidad Totoral, en la provincia de Poopó, producidos por la Glencore Xstrata (Sinchi Wayra) en el Departamento de Oruro, uno de los más afectados por la actual actividad minera cooperativista y transnacional:

«He visto de que las minerías es cierto que contaminan, traen mucha contaminación y resultado es que a causa de esa contaminación, nosotros sufrimos en carne propia sufrimos d que no tenemos agua, más antes cuando yo era wawa, [niña, bebé] yo teníamos suficiente aguas, aguas calientes incluso en la pampa […] nuestra pampa era verde, pero resultados de que ahora pueden ir a ver, parece ceniza, tierra que no sirve para nada hermanos. Las empresa mientras hermanos nos han cortado nuestras venas, y totalmente los pozos se han secado, de la noche a la mañana se han secado los pozos, vivimos una cosa real hermanos y no me estoy inventando […] a veces no tenemos siquiera ni para ponernos ni un desayuno para uso personal. Está en ahí en el Cañadón la empresa Minera Sinchi Wayra, que ahora ha cambiado de nombre a Empresa Illapa, es una empresa grande. Dicen que no nos han cortado, pero sin embargo, ellos siempre usan, a las autoridades se agarran, y han cortado, 5 pozos, o 6 pozos, no me acuerdo ya, hace años. Desde esa vez desapareció nuestras aguas, sin embargo yo había reclamado a nuestro señor presidente y así me cedió una audiencia, yo había pedido entra a la mina.  Y en la mina hay cualquier cantidad de agua hermanos, hay unas bombas de goma, no sé, son grandes,  está volando como el Rio Desaguadero diría el agua, qot qot qot, harto hermanos, pero sin embargo en mi comunidad que es Cañadón Antequera no tenemos agua, si no fuera otra comunidad de esta lado que se llama Cherkala, no tuviéramos para tomar un vaso de té, en la semana nos dan 2 horas de agua nos regalan[…]en mi comunidad había cualquier cantidad de sapos pero no se puede ver ni medio sapo ahora.»

De acuerdo a la investigación del Colectivo Casa, las minas del antiquísimo Cerro Porco, (Potosí), pertenecían a Gonzalo Sánchez de Lozada, potentado minero, ex presidente de la república y ahora prófugo de la justicia boliviana por el caso Genocidio de Octubre de 2003. Luego de la fuga de Sánchez de Lozada, Glencore Xstrata, pasó a ser dueña del yacimiento, subarrendando algunos parajes a cooperativas mineras. La planta de tratamiento de Sinchi Wayra utiliza diariamente casi 1100 kilos de reactivos químicos, como el sulfato de cobre y el cianuro. La ruptura del dique de colas en agosto de 1996, cuando el dueño aún era Sánchez, había generado las primeras reacciones de las comunidades aledañas, cuando supieron que 235.000 toneladas de tóxicos como el arsénico y cianuro, se derramaron por la pampa hasta llegar al río Pilcomayo, los peces muertos flotaban en el agua envenenada, mientras personas que viven alrededor del río enfermaron gravemente por ingerir pescados contaminados. Actualmente la localidad de Porco, y las comunidades vecinas no pueden tomar el agua de sus ríos porque es letal.  Otra comunidad como San Lorenzo tuvo que abandonar su antiguo emplazamiento, e irse a un lugar cercano pero que también está contaminado.

Los casos de cáncer, deformidades del ganado y abandono de sus tierras crecieron de manera alarmante en las orillas del Lago Poopó. Don Lino Quispe, y otros comunarios que viven en las orillas del Lago Poopó (Oruro), también contaron los efectos de la minería en sus zonas, situadas sobre todo en el altiplano orureño, denunciando, al igual que en el caso de Sinchi Wayra,  el uso de grandes cantidades de cianuro (100 kilos por día), que han destruido la tierra y han provocado la muerte de personas y el ganado de la región. «Sabemos si este cáncer lo que viene en el agua, si no paramos, sin alimento todo el país se va a quedar, porque está quitando el valor nutritivo de las tierras y los alimentos van a estar contaminado. […] con el tiempo  va a bajar a Santa Cruz a toda esa pampa le va a fregarle, y tanto cianuro están utilizando estas transnacionales, así también los cooperativistas», aseguró Quispe.

Los pescadores del Lago Uru Uru (departamento de Oruro), han recorrido un trecho largo para narrar lo que pasa en sus comunidades y en sus cooperativas pesqueras y la división que trajo consigo la empresa al comprar autoridades. Estas fueron las palabras del representante de las cooperativas pesqueras del milenario lago.

«Nuestro lago (Uru Uru) está totalmente contaminado con la contaminación del Inti Raymi[…] siempre no solamente nos daña a nosotros, también todo alrededor del lago Oruro, los ganaderos también, los agropecuarios también, nos contaminan a todos, […]sinceramente esta contaminación nos trae muerte, porque estamos ahora aquí compañeros  reclamando el agua, solamente los mineros utilizan agua, sin agua ellos no pueden trabajar,  tampoco piden permiso del agua a la comunidad, no piden los mineros, de esta manera compañeros, como si fueran dueños se llevan el agua[…] ya no produce ni quinua, ni papa, nuestros ganados en qué estado se encuentran[…]no tenemos agua limpia. Más antes cuando  trabajan las minas, aquí mina San José, como también Inti Raymi más que todo, utilizan ese reactivo venenoso, no les importa a ellos, porque los campesinos nosotros no perjudicamos, no hacemos daño a las empresas, pero a ellos no les importa nada compañeros, aunque podemos morir todos, para ellos más bien es libre compañeros[…] hasta cuándo vamos a aguantar, hasta cuándo vamos a estar sufridos con la contaminación[…] porque a nosotros los campesinos sinceramente con lo que tiene plata, ello hacen lo que quieran las empresas. Más que todo Inti Raymi, más que todo, compran a los dirigentes, hacen callar.»

 

Inti Raymi anunció que se retirará de Bolivia el 2015 luego de 25 años de operaciones mineras. El 2006 se denunció que en 19 años de contaminar el altiplano orureño, la empresa había  ganado 1 849  millones de dólares. Del otro lado, los comunarios de Siwaña Pampa, mostraron la herencia que, afirmaban, les dejó la empresa: una oveja de ocho patas que fue mostrada al Prefecto del departamento como prueba de los efectos de los tóxicos usados por la minera. El cerro Tata Porco, está muriendo corroído por el cianuro y la explotación minera, y con él podrían desaparecer definitivamente las comunidades que aún sobreviven en los alrededores.  Y la respuesta de las autoridades fue casi nula, igual a una burla, como explicò una representante de la Red de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra.

«Yo en mi comunidad compañeros ya no se bebe en agua, porque el agua es amarilla, y aceitoso y es salado, ya no bebemos, nosotros habíamos pedido cuando estaba prefecto como le llamamos “El Sombrerito”, le hemos pedido agua, ¿qué nos ha mandado?: agua vencida en botellas. Ahora hemos pedido Agua de Piletas, hasta ahora no llega, tenemos que ir nosotros viajando dos tres horas a la ciudad lo que es el agua, imagínense hasta qué punto estamos viviendo, ya no se puede vivir, tenemos que migrarnos ya a Oruro para salir a la ciudad, y que hacemos en la ciudad, de qué trabajamos, somos empleados y empleadas.»

Horizontes en bosquejo

Las botellas de agua con una fecha vencida entregadas por las autoridades como respuesta a la carencia de ésta en comunidades cercanas a la transnacional Inti Raymi, es similar a la respuesta que recibió la Primera Marcha conjunta que realizaron lo-as afectad-os por la minería este viernes 9 de octubre, que se dirigió al Palacio de Gobierno para entregar las resoluciones de la Cumbre Social rechazando la Ley Minera y exigiendo primero la aprobación de la Ley de Aguas. La policía, algo sorprendida por la llegada de la manifestación, puso la barrera de hierro y se apostó para impedir que se pueda ingresar, mientras dice a un medio independiente que borre lo que había grabado, porque “sólo podían filmar los gringos” que estaban por allí ese momento.

 

Ante la barrera policial, logró ingresar una pequeña delegación de representantes de la recientemente creada Coordinadora Nacional de Defensa de la Madre Tierra. La respuesta de la guardia del Palacio sonó a botellas de agua caducada: —No hay nadie ahora en el Palacio.

Varias reuniones, marchas, bloqueos, declaraciones y quejas, se han realizado por parte de la-os afectada-os, sin muchos resultados.

Existe una lenta rearticulación de las comunidades, pero con grandes diferencias en interpretaciones y objetivos alrededor del tema de la Ley Minera. Así como en comunidades se discute aún si es conveniente rechazar totalmente cualquier tipo de actividad minera, u optar por un formato de “minería comunitaria” y la idea de una “minería responsable”. También está en debate si se entra o no, o cómo,  a una modernidad capitalista a través de la actividad minera. Un planteamiento que aún no es muy claro, es el que afirma una lucha alrededor de la conservación del manejo colectivo del agua, del respeto a los territorios indígenas y campesinos, así como la reivindicación de formas de decisión comunitarias, donde prime la consulta antes de la imposición externa.

La oposición a las transnacionales mineras  y estos heterogéneos movimientos, se enfrentan a la división que provocan en su interior tanto instancias estatales, como las empresas mineras. En muchos casos y momentos, aún las organizaciones sociales están muy ingratamente extrañados porque, habiendo apoyado al Movimiento Al Socialismo, no se les convocó a las reuniones que durante tres años realizaron el gobierno, los sectores privados y sindicatos afines al MAS, para definir la Ley Minera.

El agua, dicen los regantes presentes: es de todos y que «nadie no puede ser dueño», así como se pregunta: “ellos [los mineros] ¿van a comer su mina, su oro?”

Si, como afirma Simone Beauvoir, «el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos», entonces, como hace 14 años, la respuesta solo puede ser colectiva, y fruto de profundas reflexiones y movilizaciones, sobre el significado de la misma Guerra del Agua y más allá del tema agua, que se están dando lentamente a partir del análisis de la Ley Minera. Es y será un proceso que si bien parte de la gran experiencia de rebeliones del 2000 al 2005, tiene un sinnúmero de retos, frente al poderío electoral y de recursos públicos que el gobierno tiene a su disposición para seguir dividiendo organizaciones, frente al espejismo que ofrece este sistema de partidos reforzado y renovado, y frente a la nueva ola de expansión del capital.

«Si nos ganan los mineros para qué servimos los guerreros del agua, el compañero Evo también él se está haciendo convencer por los mineros». El compañero regante se da la vuelta y se va.

Referencias

• CEDIB, El proyecto de Ley Minera y el Medio Ambiente, 2014a
• CEDIB, Minería en Bolivia: lo que la Nueva Ley Minera debe transformar, Mayo 2014b.
• CEDLA, Ley Minera del MAS. Privatista y anti-indígena, La Paz, 2014a
• CEDLA, Alerta Laboral, No. 74. 2014b
• Navarro, Mina y Tischler Sergio, «Memoria y antagonismo en las luchas socioambientales en México», En: Nostromo. Revista crítica latinoamericana, año IV, No 5, otoño 2011-primavera 2012, México.
• Olivera, Oscar, Gutiérrez Raquel,  et.al.,  Nosotros somos la Coordinadora, Development and Peace, 2009.
• Plataforma Energética, La Ley minera en debate, año IV, La Paz, abril de 2014, No 9.

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