La Fencomin y diputados del MAS apuntan a los dos funcionarios públicos como responsables de las fallas de la futura norma que regulará la industria minera.

La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) y diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) identificaron al asesor jurídico y al ministro de Minería como los responsables de que el proyecto de Ley de Minería remitido a la Asamblea Legislativa no esté acorde con la Constitución Política del Estado en varios artículos.
Página Siete se comunicó con  el Ministerio de Minería para conocer la versión de la contraparte, pero   afirmaron que el ministro Mario Virreira es la única voz autorizada para pronunciarse sobre el tema.
Sin embargo, el martes el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, reconoció que el Gobierno cometió «errores» en la redacción de la futura norma y que no hubo una revisión adecuada sobre la constitucionalidad del artículo 151.
Además,  comunicó que el Gobierno decidió dejar el proyecto de ley en «fojas cero», debido a los enfrentamientos entre cooperativistas mineros y la Policía, lo que causó la muerte de dos cuentapropistas en la población de Sayari.
Fencomin inició el bloqueo de caminos en protesta por la modificación de 25 artículos en la Cámara de Diputados, entre ellos el artículo 151 sobre   contratos entre actores productivos de la industria minera privada y cooperativa, y que permitía su asociación.

«Más de tres años duró la discusión del anteproyecto de la Ley de Minería y la Ley General de Cooperativas, en la que Fencomin justificó legal, económica y socialmente que ambas normas están amparadas por la Constitución Política del Estado; precisamente por ello se lograron consensos entre los actores mineros y el Gobierno. El propio asesor del Ministerio de Minería (Juan Carlos Carrasco) públicamente indicó que los contratos de asociación de las cooperativas mineras estaban amparados por la Constitución», señala el pronunciamiento de la Fencomin.
El presidente del Comité de Minería de la Cámara de Diputados, Jaime Medrano, del MAS, también coincidió en que ambos son los responsables de no identificar los errores en su debido momento.
«Hacemos responsables al doctor (Juan Carlos) Carrasco y en segunda instancia al ministro de Minería (Mario Virreira), porque debía haberse informado de todos los aspectos que tenía la Ley de Minería, en cuanto a lo que se refiere a la constitucionalidad y de qué tipos de contratos estamos hablando», afirmó.
El parlamentario recordó  que durante el tratamiento del proyecto  en comisión, se hizo  observaciones a siete artículos, entre ellos el 151, porque no se enmarcaban en la Constitución, pero por la mayoría de votos de otros legisladores oficialistas «se los dejó pasar».
El diputado Javier Santibáñez, del MAS, coincidió con esa opinión y dijo que «el error surgió  en el Ministerio de Minería, porque estaban trabajando  la ley. Nosotros teníamos muchas dudas que se han ido consultando y ellos decían que la norma estaba apegada a la Constitución».

El Mutún no será filial de Comibol

El diputado de Convergencia Nacional (CN) Luis Felipe Dorado informó que tras reunirse con el presidente del Senado, Eugenio Rojas (MAS), se acordó, entre otros puntos, modificar el artículo 67 del proyecto de Ley de Minería y Metalurgia para que la Siderúrgica del Mutún no sea filial de Comibol.
Antes de esa reunión, el artículo 67 del proyecto de ley minera establecía que las empresas filiales de la Comibol son Huanuni, Colquiri, Corocoro, Vinto, Karachipampa y la Siderúrgica del Mutún.
Sin embargo, el Mutún fue excluido del documento, según Dorado.
«Nos reunimos con el presidente del Senado y él aceptó las observaciones que hicimos los representantes de Santa Cruz al proyecto de ley minera;  se aceptó modificar el artículo 67 sacando de la lista a la Siderúrgica del Mutún para que no sea filial de la Comibol», dijo a ANF.

Santa Cruz se mantiene en estado de emergencia. El senador del MAS René Martínez dijo que se puede hacer el ajuste con la socialización del proyecto.

La propiedad sólo es del yacimiento, según el CEDLA

La propiedad del pueblo boliviano sólo alcanza a los yacimientos de minerales, ya sean del subsuelo o del suelo, mientras que como productos de la extracción o  mercancías pertenecen al productor minero, señala el Centro para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
«El proyecto de la nueva Ley de Minería y Metalurgia adopta la misma concepción de la actual Ley  1777, de origen neoliberal;
en efecto, la propiedad del pueblo boliviano sobre los recursos mineros sólo abarca a los minerales en su estado natural, en su condición de yacimientos, ya sean del subsuelo o del suelo», recordó el investigador del CEDLA, Carlos Arze.
Precisó que en el capítulo sobre derechos mineros, del proyecto de Ley de Minería, se establece que si bien éstos no otorgan a los actores productivos ni a sus socios «derechos propietarios ni posesorios sobre las áreas mineras», sí les conceden el derecho de aprovechar «los residuos minero-metalúrgicos», como las colas, desmontes, relaves, escorias y similares.
Por ejemplo, los pallacos del Cerro Rico de Potosí son aprovechados por  San Bartolomé, por una asociación con cooperativas que tenían contratos de arrendamiento con Comibol.

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