Grandes proyectos amenazan a territorios amazónicos

Opinión, 11 de diciembre de 2011.- La ejecución de mega proyectos hidroeléctricos en la región amazónica del país amenaza con destruir y modificar grandes territorios del país, advierte la investigadora Teresa Coaquira Siñani en un documento titulado “Análisis ambiental de la política energética boliviana”, difundido por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
Recuerda que el 27 de agosto del año 2009, en la comunidad de Cachuela Esperanza, departamento del Beni, se firmó el contrato entre la (Empresa Nacional de Electricidad) ENDE y la empresa canadiense TECSULT para realizar estudios a diseño final del Proyecto Hidroeléctrico Cachuela Esperanza. Ese proyecto hace 25 años fue declarado de atención prioritaria nacional, mediante ley de 13 de mayo de 1983.
En Brasil, dos plantas hidroeléctricas ubicadas en el río Madera, santo Antonio y Jirau producirán 6.450 megawatios por hora. Durante su construcción se tiene previsto trasladar a unas 2.500 familias e reinsertarlas a una nueva actividad laboral.
Estudios realizados por FURNAS, un consorcio empresarial que impulsa estos proyectos, demuestran que durante el año posterior a la construcción de la represa desaparecerá el 70 por ciento de las 700 especies existentes de peces así como una cantidad similar de aves de la región.
El hidrólogo boliviano Jorge Molina, en un análisis de las represas en el tramo brasileño, publicado el año 2009, demostró que no se tomó en cuenta el estudio hidrosedimentológico. El análisis pone de manifiesto que el proceso de sedimentación será especialmente activo en el tramo superior del embalse de Jirau, abarcando hasta Bolivia, donde cabe esperar que los niveles del lecho y el agua suban varios metros con respecto a la situación actual.
Las represas traerán serias consecuencias para los habitantes del área, como ser el incremento de la malaria por el incremento de vectores, la esquistosoriasis y otras afecciones debido a la presencia de mercurio en el agua, problemas ya experimentados en otras represas del Brasil.
La ejecución y la operación del Proyecto Hidroeléctrico de Cachuela Esperanza ocasionará similares impactos ambientales, ya que ha sido concebido para cubrir la demandas energéticas de Brasil, debido a que permitirá que las plantas brasileñas de aguas abajo funcionen más años, pues la planta boliviana concentraría los sedimentos que podrían colmatar más rápidamente las represas de Santo Antonio y Jirau, ubicadas aguas abajo en el río Madera.
Comparativamente, la planta hidroeléctrica de Cachuela Esperanza, por sus características geográficas, anegará un lago artificial con una superficie de 690 kilómetros cuadrados, tres veces superior a cada proyecto brasileño y generará un tercio de la energía que producen las plantas de Jirau y Santo Antonio, es decir, 990 megawatios.
El Decreto 29291 de 14 de julio de 2007, declara de interés y prioridad nacional el aprovechamiento de la cuenca del río Beni y define los mecanismos a través de los cuales se realizarán los estudios hasta el diseño final del Proyecto Hidroeléctrico El Bala.
Ese proyecto según ENDE, requerirá de una inversión de 2.400 millones de dólares con una potencia instalada de aproximadamente 1.600 kilowatios y se ubica en el límite entre La Paz y Beni. El proyecto fue descartado en anteriores gestiones de Gobierno debido a su inviabilidad técnica, económica y ambiental.
La implementación de la represa de El Bala inundaría una enorme proporción de la parte baja de dos parques importantes del país: el Parque Nacional Madidi (valle del río Tuichi) y la Reserva Pailón Lajas (valles del río Quiquibey), además de una extensa región del valle central del río Beni, según el informe del Estado Ambiental de Bolivia 2007-2008, de la Liga de Defensa del Medio Ambiente.
La potencial ejecución de estos proyectos no guarda relación con lo establecido en el Art.390 de la Constitución Política del Estado, puesto que la cuenca amazónica constituye, por su elevada sensibilidad ambiental y biodiversidad existen, un espacio estratégico de especial protección para el desarrollo integral del país, señala la investigadora.
Recuerda que el Ministerio de Hidrocarburos, presentó 18 propuestas para armonizar el desarrollo del sector eléctrico con la demanda socio ambiental. La primera, propone incluir en la ley un capítulo que promueva la integración energética con países vecinos, en una franca alusión al proyecto binacional de una planta hidroeléctrica en el río Madera.
Agrega que el Gobierno brasileño pretende garantizar el óptimo funcionamiento de sus dos plantas de Jirao y San Antonio por varias décadas, de ahí la necesidad de construir dos represas aguas arriba en las que Bolivia toma parte, a fin de retener los sedimentos que trasladan las aguas del río Madera y evitar, de esta manera, la rápida colmatación de sus represas, debido a que gran parte de este material particulado se quedará en las represas de Riberao y Cachuela Esperanza.

 Diseño de Cachuela Esperanza

El diseño de la represa boliviana de Cachuela Esperanza contempla la inundación de un área tres veces más extensa en comparación con la superficie de las represas brasileñas. El lago artificial que se crearía duplicaría la superficie del lago más grande de la Amazonia boliviana y además ese lago se colmataría de sedimentos en pocos años, provocando a futuro inundaciones catastróficas en esa región.
La represa de Cachuela Esperanza inundará 690 kilómetros cuadrados, en tanto que el lago más grande de la Amazonia boliviana es el Huytunas, con una extensión de 329,5 kilómetros cuadrados.

RIQUEZA AGRÍCOLA La riqueza piscícola de la Amazonia boliviana contiene 389 especies de peces, de las cuales solamente se comercializan 5 o 6. Esta riqueza cuenta con un potencial productivo de 20.000 toneladas por año y actualmente sólo se aprovecha el 10%.
Gran parte de esa riqueza se pone en peligro al construirse represas en el río Madera, debido a que muchas especies migran desde aguas abajo del Amazonas para cumplir su ciclo vital y regenerar su especie

Priorizan enfoque social antes que cuidar el medio ambiente

La Estrategia Boliviana de Hidrocarburos sustituye la política de cuidado del medio ambiente o medio-ambiental, por una política más enfocada en lo social, o socio-ambiental, destaca el “Análisis ambiental de la política energética boliviana”, estudio de Teresa Coaquira Siñani, difundida por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
Señala que en el marco de la nacionalización de los hidrocarburos y considerando el rol del sector estratégico y generador de excedentes asignado en el Programa Nacional de Desarrollo del 2007, la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos define a corto, mediano y largo plazo, programas, proyectos y actividades para promover políticas hasta el año 2017 para el desarrollo de las fases de exploración, explotación, refinación, transporte y comercialización, enfatizando en la creación de la Empresa boliviana de Industrialización de los Hidrocarburos (EBIH).
De acuerdo a la estrategia Boliviana de Hidrocarburos (EBH), la política ambiental sectorial se caracteriza por el cambio del enfoque medioambiental por el socio ambiental, que garantizará la participación activa de los PIO y las CC en la gestión ambiental energética.
Esta estrategia socio ambiental, al parecer, tiende a prever las probables actividades hidrocarburíferas en Áreas Protegidas (AP) y Territorios Comunitarios de Origen (TCO). Sin embargo, pese a este enfoque más social, las exigencias y denuncias por parte de potenciales afectados se han estado sucediendo, como el caso de Liquimuni, señala.
Asimismo, la EBH propone la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental Estratégico (EAE) para los bloques hidrocarburíferos, aspecto sobresaliente ya que coadyuvaría a la planificación ambiental sectorial, dice la investigadora.
Explica que el Estudio de Impacto Ambiental opera en un espacio geográfico mayor al área de influencia directa de las Áreas Protegidas y contempla todos los elementos de la organización social de la población afectada y las relaciones de esta población con los ecosistemas con amplia participación de la misma.
El Plan Nacional de Desarrollo Energético (PDE), realiza un análisis de potenciales escenarios de intervención estatal en los sectores de hidrocarburos y energía e identifica la combinación óptima de energéticos que permita cubrir la demanda total de energía proyectada a partir de la disponibilidad de recursos energéticos y de los principios de eficiencia, calidad, costos y efectos sobre el medio ambiente.

La energía como  generadora deexcedentes 

La generación de energía, ya sea mediante hidrocarburos o electricidad, es considerada generador de excedente (de ganancias económicas), por el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, lo que promueve la explotación de recursos naturales renovables y no renovables, señala un “análisis ambiental de la política energética”, de la investigadora Teresa Coaquira.
Destaca que el Plan Nacional de Desarrollo, vigente desde el 12 de septiembre del 2007, mediante decreto supremo, establece que la política de gestión ambiental se centra en el logro del equilibrio entre la necesidad de desarrollo y la conservación del medio ambiente a partir de una amplia participación social.
Además, precisa del fortalecimiento del rol del Estado en la prevención y control de la calidad ambiental y la protección de los recursos naturales. Esta política se enmarca en el concepto del desarrollo sostenible, aspecto positivo que sirvió de fundamento para la propuesta de la Constitución, dice la investigadora.
Dentro del sector estratégico del aparato productivo, los hidrocarburos, la electricidad y los recursos ambientales son considerados generadores de excedentes, lo que promueve la explotación de los recursos naturales renovables y no renovables y el consiguiente impacto ambiental, señala. Agrega que en las políticas del sector hidrocarburos se incluye la promoción de la prevención, regulación y control ambiental. “Desde el punto de vista estructural se propone un cambio de la matriz energética que permita la sustitución de la gasolina, el diésel oil y el gas licuado de petróleo por gas natural.
Si bien esto implica la reducción de gases contaminantes procedentes de la combustión de combustibles fósiles en la etapa de consumo, no se debe olvidar que en la etapa de exploración y explotación del gas los impactos ambientales prácticamente son los mismos que en la extracción de petróleo.
En el sector de electricidad también se propone la sustitución de diésel oil, utilizados en los grupos electrógenos y generadores termoeléctricos, por gas natural.

Energía para la exportación

Los grandes proyectos de construcción de hidroeléctricas en la región amazónica del país no sólo pretenden proveer de energía eléctrica a los departamentos de Beni y Pando, sino y fundamentalmente, exportar energía al Brasil, según un estudio difundido por el CEDLA.
Se indica que en el caso de la ejecución de las plantas hidroeléctricas del río Madera y del río Madre de Dios, se pretende generar 4.000 megawatios de electricidad entre las dos plantas, cuando la demanda proyectada de energía eléctrica de los departamentos de Beni y Pando para el año 2020 será de 180 megawatios.  Esa demanda energética ha sido calculada con una tasa de crecimiento promedio del 8 por ciento anual. Actualmente, los dos departamentos consumen 77,2 megawatios.
La respuesta obvia, dice el estudio, es que el Gobierno requiere de excedente para la exportación.

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