Los Tiempos • Tarifa Dignidad es insostenible, según informe
La tarifa Dignidad es insostenible financieramente y llega a su fin con la facturación de marzo y el Gobierno aún busca la manera de garantizar su vigencia en favor de los consumidores de bajo ingresos durante los próximos cuatro años.
Así lo revela un diagnóstico introductorio del ministerio de Hidrocarburos y Energía, que sirve de base para iniciar la reformulación de la ley sectorial. El documento fue reproducido en enero en el portal www.plataformaenergetica.org, un espacio de debate sobre temas del sector coordinado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).
La Prensa se comunicó con el ministro de Hidrocarburos y Energía, Fernando Vincenti, pero la autoridad no contestó a su celular.
La Tarifa Dignidad aplica un descuento de 25 por ciento promedio de la tarifa vigente para personas de bajos ingresos con consumos de hasta 70 kilovatios hora al mes (KWH). También beneficia a consumidores atendidos por sistemas aislados de generación eléctrica (área rural, ciudades intermedias) con consumos hasta de 30 KWH.
La rebaja fue implementada a partir de la facturación de abril de 2006 y por mandato del Decreto Supremo 28653.
Se financia con los aportes de las empresa eléctricas que operan en el mercado eléctrico mayorista sobre la base de un convenio de alianza estratégica firmado con el Estado.
Vencimiento
Según la Autoridad de Fiscalización y Control Social en Electricidad (AE), este acuerdo y por ende la aplicación de la tarifa Dignidad finaliza con la facturación de marzo de este año.
Para dar sostenibilidad a este beneficio, el Órgano Ejecutivo tiene el desafío de ampliar el convenio por otros cuatro años más, sin poner en riesgo la sostenibilidad del suministro de electricidad a familias de bajos ingresos.
Desde su aplicación en abril de 2006 a diciembre de 2009, se ha beneficiado a un promedio a 655.595 consumidores o familias de la categoría domiciliaria.
De acuerdo a la AE en términos monetarios este grupo logró ahorrar 158,1 millones de bolivianos (22,6 millones de dólares). Por regiones los habitantes que más se beneficiaron fueron los de Potosí.
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