Si en verdad lo que se quiere es despejar dudas y no multiplicarlas, lo que corresponde es que las autoridades presenten pruebas de sus afirmaciones

Entre los proyectos de desarrollo que más expectativas han despertado durante los últimos años en nuestro país, el relativo a la construcción de una planta para la industrialización del litio del salar de Uyuni es sin duda uno de los más importantes.

Sólo el proyecto del Mutún, en Santa Cruz, y Misicuni en Cochabamba se le puede comparar por la cantidad de esperanzas que se han depositado en ellos. Y también por la cantidad de frustraciones.

La cadena de dificultades que hasta ahora ha impedido que el proyecto del Litio del Salar pase de los buenos deseos a la realidad es ya muy larga y uno de los factores que dificulta la cabal comprensión de la naturaleza de las mismas es que la información sobre el tema es manejada con excesivo celo por las autoridades responsables. Esa falta de información es, a su vez, causa principal para que a veces resulte difícil distinguir entre las especulaciones infundadas y las advertencias dignas de atención.

Un ejemplo de lo dicho es la alarma que se ha desencadenado a causa de un informe recientemente presentado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), según el cual, cuando el proyecto de industrializar litio esté operando en toda su capacidad causará 1,5 millones de toneladas de hidróxido de magnesio por año, una sustancia que provocaría que en poco tiempo el altiplano del sur del país sea reducido a la condición de un desierto. Sería el mayor desastre ambiental de la historia de nuestro país, equiparable sólo a catástrofes causadas en otras latitudes por factores ajenos a la voluntad humana.

Tan alarmante dato está contenido en un estudio titulado “Industrialización del litio: un presente sin futuro”. Y a juzgar por los antecedentes académicos de los investigadores y de las instituciones que lo respaldan, no es algo que deba ser tomado a la ligera sino rebatido, si es lo que corresponde, con argumentos tan sólidos como los presentados y no con adjetivos descalificadores, como ocurre con excesiva frecuencia en casos como éste.

Hasta ahora, una respuesta o aclaración proporcional a la magnitud de la denuncia sigue haciéndose esperar. Según los autores y responsables del informe, ni la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) ni la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) atendieron los requerimientos de información durante la etapa de elaboración del estudio. Y aún ahora, cuando la alarma ya se ha extendido, las autoridades responsables del proyecto no ofrecen más que su palabra como contrapeso de tan gravísimas advertencias.

Es evidente que un asunto tan serio no puede ser tratado como si de un simple intercambio de opiniones sobre cualquier tema irrelevante se tratara. Para eso Bolivia, como cualquier país serio del mundo, se ha dotado de procedimientos, normas y reglas para evitar que tan importantes asuntos queden librados a la arbitrariedad.

Por eso, si en verdad lo que se quiere es despejar dudas y no multiplicarlas, lo que corresponde es que la GNRE presente sólidas pruebas que respalden sus afirmaciones. La presentación de los estudios de impacto ambiental y los certificados oficiales que acrediten que el proyecto cumple con normas nacionales e internacionales es, para eso, una condición imprescindible.

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