Organizaciones de indígenas, ambientalistas y analistas han advertido, desde que el planteamiento gubernamental ha sido hecho público, que la nueva norma, si es aprobada, retrocederá en el tema de la sustentabilidad de la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales.
La Plataforma Energética del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) reveló hace poco un diagnóstico del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, preparatorio para la próxima reformulación de la ley sectorial, que indica que en Bolivia hay cinco amenazas de carácter ambiental que pueden frenar el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de gas y petróleo en territorio nacional.
Estas amenazas provienen, según el informe: del carácter de la negociación sobre compensaciones entre las empresas petroleras y los pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas; de la preservación estricta de las áreas protegidas; de los procesos de Consulta y Participación; del proceso de obtención de la Licencia Ambiental; y de los pasivos ambientales.
De acuerdo con el documento, “las áreas protegidas estrictamente conservacionistas pueden inviabilizar los proyectos de interés nacional”, además, un similar efecto tendría la “negociación libre” sobre compensaciones que entablan las compañías petroleras y los pueblos indígenas y las comunidades campesinas asentadas en las áreas en las que se quiere explorar y explotar hidrocarburos.
La nueva Constitución Política del Estado (CPE) establece la consulta indígena para la explotación de recursos naturales, pero el informe señala que otro factor negativo sobre la explotación son los “procesos largos e interesados en Consulta y Participación”.
En la nueva ley
Esta posición de “amenaza” de la legislación o acción ambiental contra la explotación de recursos naturales se ve reflejada en el proyecto de Ley de Hidrocarburos, en el que se limita la importancia del medio ambiente.
Un análisis del experto Pablo Villegas publicado por el Cedib indica que se trata de un retroceso porque en la actual ley, el medio ambiente tiene un carácter principal y una validez general.
En cambio, indica, la propuesta excluye el Artículo 136, de la norma actual, que establecía que los gobiernos municipales, dentro su jurisdicción y competencia, estarán facultados a proponer y aplicar Reglamentos Ambientales Específicos, para preservar su patrimonio ambiental en relación a la actividad hidrocarburífera. “Este artículo abría campo a la posibilidad de una mayor sensibilidad de las autoridades locales para proteger su medio ambiente”, señala el análisis del Cedib.
Añade que la definición de la Planificación de Política Petrolera (Art. 3) en el proyecto no menciona el medio ambiente y la definición sólo toca aspectos operativos y objetivos de producción, como correspondería a cualquier empresa privada.
Compensación
A esto se suma, entre otros cuestionamientos, que el Artículo 138 del proyecto establece que cuando las actividades hidrocarburíferas se desarrollen en territorios indígenas originarios y campesinos, todo impacto socioambiental negativo directo, acumulado y a largo plazo, que las mismas produzcan, será compensado financieramente por parte de YPFB y sus empresas subsidiarias.
“Como se ve en la cita, no se menciona a las empresas privadas. En la ley actual, en cambio, los artículos 119 y 120 de compensaciones e indemnizaciones respectivamente, hacen referencia a los titulares de las actividades hidrocarburíferas, lo que comprende no solamente a YPFB y sus subsidiarias sino a todos; a las empresas privadas también”, explica el Cedib.
Finalmente, en cuanto al Proceso de Consulta, la ley dice que deberá ser financiado por el Poder Ejecutivo, con cargo al proyecto, obra o actividad hidrocarburífera de que se trate (Art. 117), pero, esta disposición también ha sido excluida del proyecto de ley, de modo que pareciera ser que YPFB correrá también con estos gastos, “lo cual implicará también otro ahorro de dinero y tiempo para las transnacionales”, de acuerdo con el análisis.
También sobre la consulta, una de las preocupaciones tiene que ver con que, a pesar de que el proyecto de ley reconoce el carácter obligatorio de la Consulta Pública (Art. 132), a diferencia de la ley actual ya no se habla explícitamente de la participación social durante los estudios de impacto ambiental.
Además, aunque la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas señalan que éstos deben ser consultados antes del inicio de cualquier proyecto que afecta su territorio, la propuesta de ley petrolera sólo habla de mitigar efectos.
Rechazan intento de flexibilizar la norma
Unas 50 organizaciones del país cuestionaron la posibilidad de que la nueva ley petrolera flexibilice las normas ambientales para facilitar la explotación de los recursos naturales.
En un comunicado, las instituciones señalaron que “este intento de flexibilizar los recaudos socio-ambientales contradice la voluntad expresa de los bolivianos y bolivianas de proteger el patrimonio natural y cultural del Estado Plurinacional, en la medida que ponen en tela de juicio las conquistas alcanzadas por las organizaciones sociales y el movimiento ambiental, en las luchas contra los gobiernos neoliberales”.
Agregan que “la dimensión ambiental, así como la social, no son un obstáculo para el desarrollo, sino la garantía para su sostenibilidad”.
En las entidades firmantes están Cecasem, Cejis, Cenda, Cidem, CIEC, Csutcb, Fundación ACLO, Fundare, IE UMSA, Lidema, Proagro, Prodema, entre otros.
A las críticas se han sumado el Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Qollasuyo (Conamaq), la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), que han dicho recientemente que no comparten las políticas económicas “desarrollistas” del Gobierno y el “doble” discurso del presidente Evo Morales que defiende a la Madre Tierra fuera del país, pero no lo hace dentro.

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