CRÍTICAS | Instituciones, analistas e investigadores coinciden en que el proyecto de ley no responde al espíritu de nacionalización, no respeta la consulta indígena y desestima el fortalecimiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

La exploración y explotación de yacimientos hidrocarburíferos, la renta petrolera, el fortalecimiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), los derechos indígenas y la protección del medio ambiente son algunos de los puntos que son observados en el proyecto de la nueva ley de Hidrocarburos.

Para el analista económico Hugo del Granado este proyecto de ley “está repitiendo más de lo mismo” y se inmiscuye en el ámbito político e ideológico.

“La Ley de Hidrocarburos debería ser un instrumento estrictamente técnico que es producto de un régimen y marco jurídico establecido en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, lo que vemos son enormes párrafos en los que se hacen planteamientos de carácter ideológico que no deberían estar incluidos en un instrumento como debería ser la ley”, señaló Del Granado.

Gustavo Rodríguez Cáceres, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) identificó —además de los cinco puntos que debilitan el nuevo proyecto de Ley de Hidrocarburos— inconsistencias en el carácter institucional de la estatal petrolera.

Además, la Plataforma Energética del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) difundió un diagnóstico del ministerio de Hidrocarburos y Energía –preparatorio para la reformulación de la ley sectorial– en el que se señalaba que las negociaciones y las consultas a los pueblos indígenas respecto a la explotación de yacimientos frenaban la inversión petrolera en el país por lo que debían reglamentarse.

Tales declaraciones fueron criticadas por sectores ambientalistas así como por representantes de los pueblos indígenas, como la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano que defiende la consulta y participación de los pueblos sobre los proyectos de explotación de recursos naturales.

Los puntos observados en la nueva propuesta de Ley atenta con los avances realizados respecto a los derechos de los pueblos indígenas a definir a través de una consulta “ya que en esta nueva ley no la contempla (la consulta) como vinculante sino solo para ser considerada. Esta consulta debería buscar el consentimiento de los pueblos, como señala la Declaración de las naciones Unidas”, según Rodríguez Cáceres.

Socialización

Según Rodríguez, otro de los defectos de esta propuesta es que el ministerio de Hidrocarburos no ha socializado debidamente el debate de esta nueva ley, al sectorizar el análisis y no difundirlo a la ciudadanía.

“Hay diapositivas mal hechas de una síntesis de las discusiones que está promoviendo el ministerio con las organizaciones sociales, instituciones no gubernamentales, empresariales y sectores sobre la ley de Hidrocarburos. La información que ha sacado el ministerio no contribuye a una discusión; debería socializarse el proyecto con todos los bolivianos”.

En tanto, el presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), Magela Bernardes, sugirió al Gobierno conformar una “política de Estado” para el rubro de los hidrocarburos con la aprobación de una ley que asegure inversiones y desarrollo del área.

La renta petrolera, uno de los puntos críticos

Según el análisis del Cedib, la renta petrolera es uno de los más delicados y no está bien explicado en la propuesta de ley.

Actualmente, la renta petrolera está compuesta por regalías y participación, con el 18%, y el Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) con el 32% que hacen el 50% de la producción.

En opinión de Rodríguez Cáceres, en la repartición de los beneficios de la renta petrolera se dice, en el proyecto, que YPFB tendrá una participación a través de la conformación de un fondo de inversiones con una parte de las regalías y otra del IDH que corresponde al Tesoro General de la Nación (TGN).

“Subyace en la ley la visión de distribución y difuminación de la renta petrolera. Los ingresos petroleros se distribuyen en las universidades, municipios y prefecturas, y lo del TGN se va a la Policía y al fondo indígena, pero con ello se está dispersando y quitando la capacidad de la inversión. Los recursos naturales se agotan y hay que asegurar a las siguientes generaciones”, agregó.

El fortalecimiento de YPFB en duda

Respecto a la nacionalización de YPFB, el investigador del CEDIB, Gustavo Rodríguez Cáceres considera que el proyecto de ley no contempla el fortalecimiento a futuro de la empresa estatal.

Actualmente YPFB tiene bajo su determinación todo lo que es el transporte, distribución y comercialización. Sin embargo, lo que es la exploración y explotación en este momento lo tienen tres empresas: Chaco, Andina (recientemente nacionalizadas) y Petroandina, pero el 80 por ciento de la producción de hidrocarburos está en manos de Petrobras y Repsol y sólo el 20 por ciento en Chaco y Andina, explicó Rodríguez.

La estatal YPFB “debería tener al menos el control en exploración y explotación sobre las empresas operadoras”, añadió.

Al respecto la ley no dice nada.

“Es más, el proyecto da entender que la actividad de exploración y desarrollo estará más en manos de las empresas extranjeras que en YPFB”, apunta el analista.

El proyecto sólo contempla la explotación de yacimientos

Propuesta no prevé exploración

El proyecto de ley que se ha dado conocer, en el tema de exploración, no prevé el fortalecimiento del Estado en cuanto a reservas de hidrocarburos.

“Se supone que a medida que se van explotando los yacimientos hidrocarburíferos se van reponiendo aquellos que estás consumiendo. Si bien las reservas de gas en el país no son un problema, sí lo es en cuanto en cuanto al petróleo porque nuestra producción es muy limitada especialmente en relación al gas”, dijo Gustavo Rodríguez Cáceres del Cedib.

Allí se observa, según el análisis del investigador, un problema que ya se había suscitado con anterioridad. “Cuando YPFB estaba a cargo de la industria priorizaba la exploración de manera integral de grandes zonas y había un equilibrio más o menos con la explotación específica de algunas zonas. Con la capitalización las empresas priorizan la exploración específica de zonas y empezaron a explotar estos yacimientos”, indicó.

En la época de YPFB había  más pozos exploratorios que los de desarrollo. Con las capitalizadas es a la inversa, hay más pozos de desarrollo que exploratorios.

“La ley debería poner un parámetro para que YPFB o las empresas que están de operadoras y que hacen desarrollo hagan también labores de exploración para ir identificando el verdadero potencial petrolífero de Bolivia. Esto no se aclara en la Ley y creemos que s muy importante estipularlo en la Ley”.

ANÁLISIS

Hugo del Granado
Analista económico

“El proyecto de ley repite más de lo mismo”

La Ley de Hidrocarburos que tenemos actualmente ha demostrado desde mayo de 2005 una serie de deficiencias y contradicciones. Se tendría que suponer en base a eso que la ley que podrían aprobar estaría dirigida a subsanar aquellas omisiones, faltas y contradicciones que se han observado.

Sin embargo, la lectura de las versiones que han circulado por medios electrónicos muestra que no se estaría obrando en esa dirección.

Vemos que los incentivos que la actual Ley otorga a las inversiones sobre todo en el tema de industrialización, no han funcionado ni sido suficientes porque nadie ha venido a invertir en industrialización. Estamos hablando de más de cuatro años y no hay inversión. Podríamos suponer que subsanando aquellas falencias produciríamos incentivos más atractivos, cosa que no ha sucedido.

En segundo lugar, YPFB se queda sin recursos —porque nadie le asigna recursos para poder operar— y el proyecto nuevo no prevé tampoco la asignación de ningún tipo de recursos para YPFB. Esa es una de las omisiones sobre todo que estamos en un momento de despegue en el que la estatal petrolera podría necesitar de recursos para poder operar.

Tercero, nos interesaría después de la experiencia que vivimos, que se establezca condiciones favorables sobre todo para las compañías que deseen entrar a lo que es exploración.

Los contratos que se tiene firmados son básicamente para exportación y los temas que podría hacer interesante la entrada del país a los que vayan a hacer exploración no están planteados en la Ley. Más bien hay una serie de decretos que han regulado y reglamentado una serie de fallas para cernir la inversión y la entrada de empresas inversoras interesadas en exploración y eso está vigente. No estarían salvándose las omisiones para hacer que el régimen exploratorio sea más atractivo.

El régimen legal y tributario vuelve a plantearse en las mismas condiciones. Estamos hablando de un esquema por el que habría una participación de 50% del Estado más una serie de participaciones a través de los contratos de exploración y eso hace que el país no sea competitivo en temas tributarios con nuestros vecinos. Regímenes calificados como medianamente duros son más atractivos que los que se ofrece en Bolivia. Si las empresas petroleras desean invertir en Sudamérica tienen opciones más atractivas que Bolivia.

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