Reglamentarán la consulta para demostrar que los pueblos indígenas no tienen derecho al veto. Existen varias debilidades en el subsector como la “dispersión de la normativa”.
El informe de la Plataforma Energética del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) establece que el Ministerio de Hidrocarburos y Energía prepara la formulación de la ley sectorial, por registrarse en Bolivia cinco amenazas de carácter ambiental que pueden frenar el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de gas y petróleo en territorio nacional.

INFORME GUBERNAMENTAL

Según el informe gubernamental, se asegura que estas amenazas provienen: a) del carácter de la negociación sobre compensaciones entre las empresas petroleras y los pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas, b) de la preservación estricta de las áreas protegidas, c) de los procesos de Consulta y Participación, d) del proceso de obtención de la Licencia Ambiental, y e) de los pasivos ambientales.

“La áreas protegidas estrictamente conservacionistas pueden inviabilizar los proyectos de interés nacional”, señala el informe que advierte, además, que similar efecto tendría la “negociación libre” sobre compensaciones que entablan las compañías petroleras y los pueblos indígenas y las comunidades campesinas asentadas en áreas en las que se quiere explorar y explotar hidrocarburos.

Según el Ministerio, otros impactos negativos sobre la actividad hidrocarburífera se originan en los “procesos largos e interesados en Consulta y Participación”.

Ante ello, el informe gubernamental propone una “Reglamentación del proceso de consulta pública” y otras acciones orientadas a lograr que “la Consulta y Participación demuestre que los habitantes consultados, no tengan derecho a vetar actividades, obras y proyectos”.

DEBILIDADES Y PROBLEMAS

El documento oficial establece, además, que existen varias debilidades en el subsector como la “dispersión de la normativa” Ley, Reglamentos y Resoluciones Ministeriales, la existencia de vacíos legales, la dualidad de funciones y atribuciones en prevención y control, el uso inadecuado del instrumento para obtención de Licencias Ambientales vía Manifiestos Ambientales e insuficiencias en el Reglamento Socio Ambiental y en los mecanismo de Seguimiento y Controles.

Entre los problemas, apunta que “existen escapes normativos para evadir la gestión ambiental”, procesos administrativos prolongados, un reglamento de monitoreo socioambiental inaplicable y recomendaciones institucionales que son sólo enunciativos.

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