Así evalúa los diez años del gobierno del MAS en materia hidrocarburífera la docente e investigadora del Instituto de Estudios Sociales y Económicos (IESE) de la Universidad Mayor de San Simóm (UMSS), Tania Aillón.
El objetivo de diversificación productiva, originalmente postulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2005-2010 del gobierno, está “inscrito en postulados neo desarrollistas” que “aún conciben la posibilidad del desarrollo industrial de países como Bolivia dentro del desenvolvimiento de la economía capitalista mundial,” indica Aillón.
Sin embargo, afirma la investigadora, “la crisis mundial pone en evidencia los límites de la política de ‘nacionalización’ de los hidrocarburos del gobierno actual, la que tendrá que ser amputada paulatinamente, como ya se ve con la ley de incentivos a las petroleras, si en las condiciones actuales se quiere motivar la producción de hidrocarburos bajo control de las trasnacionales”.

Logros tras 9 años de incentivos

Aunque el tema de los incentivos petroleros cobró mayor notoriedad desde el año 2015, en realidad Bolivia lleva más de 9 años dando incentivos a las transnacionales petroleras que operan sus principales megacampos.

En diciembre de 2006 el gobierno promulgó el DS 28984, que buscaba incentivar la producción de hidrocarburos en campos marginales y pequeños con 13 dólares por barril de petróleo producido.

Años después, en abril de 2012, se promulga el DS 1202 que determina un incentivo de 30 dólares por barril de petróleo. Y en diciembre de 2015 se promulga la Ley 767 que otorga el incentivo de entre 30 y 55 dólares por barril a la producción de petróleo y condensado asociado al gas natural proveniente de campos en actual explotación.

Pero esta sostenida política de incentivos a las transnacionales no parece haber generado resultados positivos.

Según el analista  Gustavo Rodríguez Cáceres, el año 2006 (año del primer decreto de incentivos) en Bolivia se producían más de 11 mil barriles de petróleo por día. Para el año 2012 (año del segundo decreto de incentivos) la producción cayó a menos de 5 mil barriles diarios. Y para julio de 2015, la producción de petróleo había disminuido a menos de 4 mil barriles diarios.

¿Logrará la nueva ley, que contempla aún mayores beneficios para las petroleras, revertir las tendencias de casi una década de aplicar precisamente este tipo de medida?

¿Bolivia es hoy más o menos dependiente?

Según Aillón, el gobierno se ha visto obligado a recurrir a la Ley de incentivos petroleros 319/2015 debido a que “no controla la producción de hidrocarburos”. Asimismo, afirma que dicha ley no parece buscar el aumento de las reservas de petróleo destinadas a la producción de combustibles para el mercado interno, “sino a la producción de condensado y gas natural para cumplir con los compromisos de exportación y generar los ingresos fiscales que financien las políticas sociales con las que se mantiene la estabilidad sociopolítica del país”.

Esto ha generado que expertos como el investigador Carlos Arze, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), y el director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Marco Gandarillas, coincidan en manifestar su preocupación ante la aceleración del vaciamiento de las reservas energéticas para la exportación de gas natural como materia prima. Para Aillón, la forma en que el gobierno está encarando el derrumbe del precio internacional de las materias primas muestra que “la estructura socioeconómica del país no inició de forma autosostenida la proyectada diversificación productiva, que implicaría el desarrollo de sectores industriales que sustituyan en grado significativo el excedente que genera el sector primario exportador”.

En realidad, “la respuesta del gobierno ha sido la respuesta típica de los países neocoloniales primario exportadores, que ante la adversidad del mercado externo por los precios en picada responde con una mayor explotación de sus recursos naturales para poder compensar, con el aumento de los volúmenes de producción, la disminución en ingresos que le provoca la caída de los precios internacionales”, indica.
El economista Wilmar Ascárraga, también docente de la UMSS, afirma que este tipo de respuesta lleva a una especialización productiva “perversa” y ahonda el carácter primario exportador de países como Bolivia.

Estado debe tener control real

La investigadora Aillón advierte que “en Bolivia vuelven a manifestarse los rasgos que caracterizan a los países neocoloniales, como la incapacidad para controlar la producción y distribución del principal excedente económico, que podría destinarse a financiar procesos sostenidos de transformación de su estructura socioeconómica”.

“Resolver esta contradicción exige medidas de política económica que vayan más allá de una renegociación de la forma en que se reparte el excedente entre empresas petroleras y Estado. Requiere poner bajo control del Estado la propia producción de hidrocarburos”, indica Aillón.

Para ver la página de origen haga click aquí.