Nueva York, Nueva York

En 2009, los bolivianos preocupados por la creciente contaminación de sus aguas por los residuos mineros tenían razones para la esperanza.

Ese año entró en vigor una nueva constitución que garantizaba a los ciudadanos el derecho al agua y a “un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado”. Además, el gobierno parecía serio en cuanto a salvaguardar este derecho, declarando una emergencia ambiental en el departamento de Oruro, y reuniendo subvenciones por valor de millones de euros de la Unión Europea para limpiar residuos mineros tóxicos allí.

Sin embargo, si los bolivianos esperaban una mejora continua en los controles ambientales de su país sobre la minería, sus esperanzas se desvanecieron el 28 de mayo de este año, cuando entró en vigor una nueva Ley de Minería y Metalurgia. La ley otorga a las empresas mineras derechos cada vez mayores en ecosistemas ricos en agua y elimina requisitos de que se consulte a comunidades indígenas y campesinas sobre proyectos mineros, dicen analistas.

“Esta ley es un retroceso para la regulación ambiental de la minería”, dice Ariel Pérez, abogado boliviano de la organización sin fines de lucro Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Legaliza explícitamente muchas malas prácticas, como la falta de consulta para la exploración, en medio de una ya grave situación en que las operaciones mineras arrojan regularmente desechos tóxicos a los ríos y dañan áreas protegidas”.

Bolivia exportó US$3.08 mil millones en plata, plomo, zinc, estaño y otros minerales en el 2013, cuando la minería representó la tercera clase de exportación más importante del país después de los hidrocarburos y la agricultura. Pero la inversión extranjera se ha estancado en gran medida. La nueva norma, que reforma una ley minera de 1997, busca aumentar esa inversión, y generar mayores ingresos que puedan utilizarse para financiar la educación, la salud y otras prioridades sociales. Trata de hacerlo facilitando la actividad minera. Las empresas mineras no tendrán que buscar consulta previa con las comunidades afectadas antes de iniciar la exploración. Pueden operar en áreas protegidas con la aprobación del Ministerio de Minería y Metalurgia, que es prominero. Y cuando surjan conflictos ambientales, el Ministerio de Minería, y no el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, decidirá si una empresa minera ha cumplido con sus obligaciones ambientales.

El gobierno izquierdista del presidente boliviano, Evo Morales, confiado en la capacidad de la ley para reanimar el sector minero, es optimista. “Vamos a seguir ampliando áreas mineras estatales pero de yacimientos muy ricos, minería a gran escala”, dijo el vicepresidente Álvaro García Linera el 28 de mayo durante una ceremonia oficial dedicada a la nueva ley en la ciudad de Oruro.

Mensaje contradictorio

Sin embargo, los analistas dicen que la nueva ley ilustra otra vez que la línea retórica progresista y proambientalista de Morales se ve desmentida por la extraordinaria libertad que da el gobierno a las empresas para buscar y explotar los recursos naturales, a menudo en contra de los deseos de las comunidades locales.

Las críticas se han caldeado. La ley no incluye medidas que “eviten daños ambientales, implementen tecnologías de tratamientos de agua; así como restricciones a la megaminería y la megaexplotación de acuíferos”, dice una declaración firmada por decenas de grupos campesinos, ambientalistas e indígenas después de una llamada Cumbre Social sobre el Proyecto de Ley Minera celebrada el 8 y 9 de mayo en La Paz. Esto permitirá el “desvío de cursos de agua, minería en glaciares, minería en áreas protegidas, minería en ríos”, afirman los grupos.

Las concesiones mineras abarcan numerosos ríos y más de la mitad de la superficie de todos los lagos y lagunas de Bolivia. Y la minería, por lo general practicada con poca o ninguna supervisión del gobierno, ha tenido un impacto devastador, dicen los expertos. A lo largo del río Pilcomayo, de 1,100 km de longitud, la contaminación minera ha sido un problema desde la época colonial. Pero la situación ha empeorado en las últimas décadas, sobre todo en la cuenca alta del Pilcomayo entre los departamentos suroccidentales de Oruro y Potosí, donde la minería es la más intensa. A pesar del cierre de 19 plantas de procesamiento de minerales en Potosí en 2005, el tratamiento de relaves contaminados ha sido inadecuado, dicen los expertos.

Poco se ha hecho para mejorar la infraestructura minera. Este mes, una gran presa de relaves perteneciente a una empresa privada se fracturó, enviando residuos tóxicos por vía fluvial hasta Argentina y Paraguay. El río Huanuni, que atraviesa tierras mineras importantes en el suroeste, posee poco o nada de vida acuática. Estudios recientes muestran que cultivos locales regados con agua de ese río están gravemente afectados, al punto que las patatas contienen ocho veces los niveles de arsénico y dos veces las concentraciones de plomo permitidos por la Organización Mundial de la Salud.

La escasez de agua, debida en parte al uso intensivo de agua para el procesamiento y transporte de minerales, es extremada. La tasa de acceso al agua potable en las zonas rurales de Bolivia se encuentra entre las más bajas de América Latina, en torno al 70%. Las minas han bajado el nivel freático y secado ríos, manantiales y pozos utilizados por las poblaciones locales en grandes zonas del país, dicen los expertos. La mina San Cristóbal, de Sumitomo Corporation, una de las más grandes productoras mundiales de estaño, utiliza 43 millones de litros de agua al día, alrededor de 1.5 veces el consumo de Oruro, ciudad de 235,000 habitantes.

Gobierno cita garantías

Las autoridades señalan que el texto de la ley garantiza el agua para el consumo humano, el riego y la protección del medio ambiente. “Se respeta el uso del agua de las poblaciones”, dijo el ministro de Minería, Mario Virreira, antes de la promulgación de la ley. “No hay absolutamente ninguna contravención a eso”.

Pero los críticos dicen que esa confianza no se justifica dada la primacía que la nueva ley confiere a los derechos mineros. Marco Gandarillas, director ejecutivo del no lucrativo Centro de Documentación e Información Bolivia, señala que la ley prevé el encarcelamiento de los que interfieran con las actividades mineras. “Esta legislación ignora la constitución, que dice que el agua y todos los recursos naturales pertenecen al pueblo boliviano”, dice Gandarillas. “Concede acceso preferencial al agua a los mineros e impide y afecta su uso por los demás”.

Grupos indígenas, ambientales y otros dicen que podrían pedir al Tribunal Constitucional, el máximo tribunal de Bolivia, que suspenda la implementación de la ley. Entre los motivos de dicha solicitud, sostienen, está el hecho de que el gobierno no llevó a cabo una consulta pública adecuada al redactar la ley, y no ha asegurado que la norma contemple dicha consulta en relación con los proyectos mineros.

—Steven Ambrus

Carlos Arze
Investigador
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla)
La Paz, Bolivia
Tel: +(591 2) 241-3175
carze@cedla.org

Marco Gandarillas
Director ejecutivo
Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib)
Cochabamba, Bolivia
Tel: +(591 4) 425-2401
mgandarillasgonzales@gmail.com

Ariel Pérez
Abogado
Programa de Agua Dulce para América Latina
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Cochabamba, Bolivia
Tel: +(591 7) 140-0989
aida-americas.org

Para ver la página de origen haga click aquí