Organizaciones ambientalistas, campesinos de territorios indígenas y pobladores de los departamentos de Pando (norte) y La Paz (oeste) de Bolivia criticaron este lunes «contradicciones» del Gobierno en materia de cambio climático en una reunión paralela a la II Conferencia de los Pueblos.

«Queremos pedir coherencia al gobierno entre las propuestas que se están haciendo a nivel global, especialmente con cambio climático, y las políticas internas», declaró este lunes a Sputnik Nóvosti la activista Teresa Hosse, integrante de la Mesa 18, paralela a la II Conferencia de Los Pueblos sobre el Cambio Climático que se desarrolló entre el sábado y este lunes en Cochabamba, con presencia de líderes internacionales.

Bolivia tiene una posición muy interesante a nivel mundial en cambio climático, aclaró Hosse, pero en el plano nacional «se está haciendo todo lo contrario».

La activista se refirió a políticas de bosques, energía, hidrocarburos y ampliación de la frontera agrícola que consideró nocivas para el ambiente y el clima.

El Gobierno de Evo Morales anunció este año planes para iniciar la exploración de crudo y gas natural en territorios de parques nacionales con la condición de que uno por ciento de la inversión prevista vaya a paliar efectos negativos de esas actividades.

Los activistas reunidos en el encuentro paralelo también cuestionaron el impulso a los grandes agronegocios de la soja y la ganadería en el oriente del país, por considerar que degradan el ambiente y destruyen bosques para ampliar la frontera agrícola.

El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Carlos Arze, argumentó a Sputnik Nóvosti que los recursos fiscales que se obtienen del pago de impuestos de las empresas que explotan recursos naturales son vitales para sostener la política del actual Gobierno.

«Esta es prioridad en toda su política, requiere financiamiento, porque así se plantea en su modelo: tener excedentes de los sectores extractivos para distribuirlos a la población y a los sectores del mercado interno», dijo Arze.

Para cumplir ese objetivo, las autoridades han llegado «a otorgar muchas ventajas, no solamente porque no hay un buen control ambiental», argumentó.

«Con la caída de los precios internacionales y de las reservas conocidas de recursos naturales, el Gobierno ha dispuesto levantar algunas restricciones, por ejemplo en la exploración y explotación eventual de recursos hidrocarburíferos en parques, áreas protegidas y, obviamente, en territorios indígenas», argumentó.

En respuesta a estas críticas, el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, dijo el domingo a la Agencia de Noticias Fides que las petroleras solo intervienen en el 0,003 por ciento del total de áreas protegidas que tiene el país.

El CEDLA y otras cuatro entidades civiles fueron duramente cuestionadas este año por el vicepresidente Álvaro García Linera por «mentir y camuflar su activismo político reaccionario bajo el manto de actividad no gubernamental».

Por otra parte, Hosse consideró importante que la gente dé su testimonio de los efectos que está teniendo el modelo desarrollo global y local.

«Han estado compañeras de tierras altas que han mostrado los impactos de las actividades mineras en las comunidades, potenciados con los efectos del cambio climático», alegó Hosse.

Los participantes hicieron además el compromiso de asumir acciones que incidan en la reducción de emisiones de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero.

«En particular convocamos a toda la ciudadanía boliviana a asumir una sola agenda común: cero deforestación», dice parte de la declaración final de estos grupos, que se plantea como un esfuerzo para construir «un proceso de desarrollo verdaderamente sostenible, alternativo al extractivismo capitalista».

El Gobierno de Morales, que nacionalizó los hidrocarburos en 2006, ha argumentado en foros nacionales e internacionales que el país tiene derecho a explotar sus recursos naturales como fuente legítima de ingresos para luchar contra la pobreza y promover el desarrollo. (Sputnik)

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