Tres organizaciones civiles demuestran que el Bndes de Brasil conocía los riesgos sociales, ambientales y de derechos humanos que rodeaban al proyecto carretero por el Tipnis antes de firmar el contrato de financiamiento, pero los eludió al evaluar el cumplimiento de las leyes bolivianas, según el Cedla.

Las organizaciones de la sociedad civil Conectas Direitos Humanos, de Brasil; el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), de Bolivia; y Global Witness, con sede en Londres, presentaron en octubre pasado una demanda ante la Oidora del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes), de Brasil, Ma. Carolina Capistrano.

En virtud a esa demanda y con base en la Ley de Acceso a la Información de Brasil, pudieron acceder a documentos e información relativa al proyecto de la vía por el Tipnis, cuyo análisis demuestra que el Bndes cometió irregularidades en el proceso de “evaluación de cumplimiento” de la legislación boliviana y “eludió considerar las numerosas ilegalidades y violaciones a derechos humanos”, según información difundida por el Cedla.

Enumera entre esas ilegalidades que no se realizó consulta a las comunidades indígenas, lo que “debió obligar al Bndes a cuestionar el proyecto”, ya que existe legislación boliviana y convenios internacionales que obligan a hacer consulta previa.

Señala también que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) no realizó una Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto antes de licitar su construcción, hecho que vulneró las normas de inversión pública de Bolivia que obligan a contar con un estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) del proyecto para acceder a financiamiento externo e iniciar la etapa de ejecución.

El proceso de licitación fue dado a conocer en junio de 2010, pero el Bndes no lo consideró en el análisis interno antes de dar curso al financiamiento.

Además, señala el Cedla, los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental de los tramos 1 y 3, realizados después de contratar a la constructora OAS (actualmente investigada por casos de corrupción en Brasil y Perú), “fueron deficientes e incompletos (…)”; tampoco muestran que no hubo un proceso válido de consulta a los indígenas.

En 2012, el Bndes canceló el contrato por 332 millones de dólares para financiar la carretera, pero sólo después de que el Tipnis fue declarado zona intangible por ley, en octubre de 2011.

Estas vulneraciones “continúan generando dudas sobre la capacidad de uno de los mayores bancos de desarrollo del mundo para evaluar los riesgos sociales y ambientales de los proyectos que financia fuera de Brasil”, señala el documento del Cedla.

VÍA EN CURSO POR LOS EXTREMOS

En junio de 2015, el Gobierno informó que inició la construcción de la plataforma en la carretera San Ignacio de Moxos-Santo Domingo (Beni), que está dentro del Tipnis. Se informó que la inversión en ese trazo es de 144 millones y va de San Ignacio de Moxos a Puesto Laguna, Puente Loco, Puerto Germán Busch, Monte Grande y termina en Santo Domingo.

En tanto, el tramo I se construye desde el año pasado y está a cargo de la empresa AMVI y de la Empresa Boliviana de Construcción, dependiente del Ministerio de Obras Públicas.

La entrega estaba prevista para este mes.

CAMBIO “INSUFICIENTE”

El Cedla señala que a partir del caso Tipnis, la política socioambiental del Bndes fue objeto de reformulaciones y la última fue presentada en noviembre de 2015; pero para los demandantes es “insuficiente, esencialmente porque no incluye ningún requisito concreto que obligue a quienes toman las decisiones, a prevenir y evitar las violaciones a los derechos humanos”.

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