RimayPampa • ¿Pagando vacunas con contratos?

Artículo de opinión

Por: Alfredo Zaconeta

El pasado miércoles, la Cámara de Diputados autorizó el crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $us 350 millones (MM), de este monto, solo $us 62,55 millones están destinados al sector de salud; la mayor parte se distribuirá en transporte, energía y fideicomisos para gobiernos regionales, según detalla el INF-CPPEyF del PL-063/2020-2021 de la Cámara de Diputados.

De este crédito, $us 62.74 millones, irán destinados al sector Energía, para la “Construcción e implementación del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear y Laboratorios Asociados a Nivel Nacional”; por el contrario, el monto asignado para la lucha contra el COVID19 asciende a cero.

Lo paradójico es que, el año 2016 se firmó el Memorando de Entendimiento entre el gobierno de Evo Morales y la Corporación Nuclear Estatal Rusa (ROSATON), dando inicio al Programa Nuclear Boliviano (PNB). Este memorando se consolida en septiembre de 2017 con la firma del contrato entre ROSATON y la Agencia Boliviana de Tecnología Nuclear (ABEN), para la construcción de un Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear (CIDTN), la inversión prevista es de $us 318 millones.

Desde entonces, el PNB despertó muchas interrogantes e incertidumbre en torno a la inversión, la tecnología, los recursos a emplearse, el período de implementación y factibilidad del programa.

Llama la atención que el gobierno del MAS siempre aseguró que el programa nuclear no tiene que ver con reactores de generación de energía; sin embargo, ahora resulta que el crédito tiene como destino el sector «energía».

La investigadora del CEDLA, Silvia Molina, en su artículo, publicado en el Reporte de Industrias Extractivas: “El programa nuclear bolivianos: Entre incertidumbres y preocupaciones”, publicado el año 2018, advertía:

“La principal preocupación de la población en relación al PNB se relaciona con los riesgos que la tecnología nuclear y en particular la energía nuclear para la producción de electricidad genera sobre los seres humanos y el ambiente. Otra gran inquietud se refiere al requerimiento de recursos que estas instalaciones necesitan”.

La investigadora añade: “A lo señalado se suman las preocupaciones por la reserva con las que las autoridades nacionales informan; o la parcial y escasa información accesible”.

Este proyecto es financiado íntegramente por el país y el acuerdo involucra tres convenios:

  1. Acuerdo para el Desarrollo del Proyecto de Construcción del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear.
  2. Capacitación al Personal en el uso de Tecnología Nuclear
  3. Aceptación Pública del uso de la Tecnología Nuclear.

Sin embargo, otro hecho que destaca la investigación de Molina, es su observación a la “Cláusula de confidencialidad”, señalada en la ley 787 promulgada el 28 de marzo de 2016, por la que rige todo el desarrollo de este programa.

En marzo de 2018, mediante Decreto Supremo, se definió que se activen dos cartas de crédito del Banco Central de Bolivia por un monto de $us 280 millones, para garantizar los pagos a ROSATOM por la construcción del CIDTN.

A este monto de $us 280 millones, según el contrato, solo quedaría el compromiso de completar $us 38 millones para honrar la deuda con ROSATOM, entonces ¿por qué se destina $us 62.74 millones del préstamo de la CAF?

La conclusión del CIDTN en su 1ra etapa (Complejo – ciclotrón – radiofarmacia)-en el cronograma de la ABEN- estaba previsto para el año 2019, entonces, ¿por qué ahora necesitamos más recursos, si la mayor parte debía ser concluido el 2019?

Esto sin contar que, los centros oncológicos de este proyecto se basan en un acuerdo con el gobierno de Argentina, que precisamente estuvo a cargo del transporte de las 20.000 dosis de vacunas Sputnik V de Rusia.

Otras dudas, ¿por qué en un momento de crisis sanitaria, la reactivación de la construcción e implementación de CIDTN se convirtió en prioridad?, ¿estará la CAF informada sobre la confidencialidad con la que se manejan sus fondos?; considerando que, la CAF asegura estar comprometida con los derechos humanos, las prácticas de transparencia y acceso a la información, para evitar que posteriormente posibles actos sean señalados por corrupción.

Para finalizar recordemos que, la adquisición de la vacuna rusa Sputnik V, fue a través de un contrato con una “cláusula de confidencialidad”, que no permite revelar los precios de la compra, hecho justificado por el vocero de gobierno Jorge Richter, en enero de este año, aseverando: “Ese contrato tiene unas cláusulas de confidencialidad y dentro de esas cláusulas de confidencialidad se encuentran cuestiones económicas y también aspectos comerciales y ellos protegen como laboratorios privados que son su competencia comercial respecto de las otras vacunas”.

Entonces ¿será qué, la llegada de vacunas estaría condicionada, a la honra de este contrato con Rusia, paralizado por falta de fondos?

El tema es delicado, actualmente el gobierno del MAS, viene negociando con China la compra de vacunas y paralelamente ambos países impulsarán el desarrollo de proyectos estratégicos, con tal objeto se creará una comisión para trabajar de inmediato en una agenda bilateral de “interés mutuo».

Al 31 de diciembre de 2019, la deuda bilateral de Bolivia a China alcanzaba a 1.045 millones de dólares, siendo así el cuarto acreedor del país. Una de las características más complejas del financiamiento chino, es la confidencialidad contenida en una cláusula expresa en los contratos suscritos, que estaría obligando a Bolivia, como país prestatario, a mantener en reserva los términos y condiciones de los pactos crediticios, lo que ha devenido en vulneraciones a los derechos laborales y la normativa medioambiental.

Fuente: https://rimaypampa.org/pagando-vacunas-con-contratos/

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