Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a las que el gobierno del presidente Evo Morales acusó de hacer política, negaron ayer, por separado, esas sindicaciones y rechazaron las amenazas de expulsión formuladas por las autoridades, según EFE.

Entre tanto, el ministro de Autonomías, Hugo Siles, informó que de forma inmediata se iniciarán labores con miras a la fiscalización del trabajo que realizan y para conocer si cumplen a cabalidad sus estatutos internos.

“De hallar irregularidades, estas organizaciones pueden ser susceptibles de la sanción o la anulación”, indicó.

El vicepresidente Álvaro García Linera acusó a las ONG de mentir con sus análisis sobre el Gobierno y defender intereses “trasnacionales”. La Fundación Milenio, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) y el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) se pronunciaron, a través de comunicados y sus representantes, advirtiendo de un atentado contra sus derechos civiles, a la libre opinión y expresión y a la asociación para el trabajo. Asimismo dijeron que las acusaciones, sin fundamento, pueden provocar un destierro ya que el personal que trabaja con ellos es boliviano.

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