Juan José Anaya Giorgis

Otra vez la gestión pública de la minería fósil en Bolivia detonó rupturas definitivas entre los actores nacionalistas y de izquierda que, bien articulados en un movimiento rebelde, desbarataron la hegemonía liberal propiciando grandes transformaciones sociales o una revolución como en el caso de 1952. Según creo, a raíz de los decretos supremos 2366 y 2368, viabilizando la explotación de hidrocarburos en áreas protegidas, o sea, parques nacionales y Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC), muchas ONG constitutivas del “proceso de cambio”, adoptaron una praxis abiertamente disidente frente a Evo.

De otra manera, la feroz campaña de amedrentamiento contra Cedla, Cedib, Somos Sur, entre otras, inaugurada por el vicepresidente con su libro “El Oenegismo, enfermedad infantil del derechismo”, no tendría sentido. Veamos algunos antecedentes del recurrente fenómeno. Con la perspectiva del “protonacionalista” de Pedro Nolasco López, el presidente Bautista Saavedra promulgó la Ley Orgánica de Petróleos de junio de 1921. En relación a la legislación liberal de 1920, la de 1921, era ligeramente mejor para el fisco.

Sin embargo y luego de pocas semanas, Saavedra viabilizó el arribo de la Standard Oil recurriendo a un contrato con visos ilegales, porque “Bolivia no podía producir ni un barril de su consumo” –dijo Saavedra–.

Su inesperada decisión causó inmediato rechazo entre los militantes más conservadores del Partido Republicano, al que Saavedra perteneció. Aquella vez, la oposición a la Standard Oil también fue un instrumento de la reacción por las incipientes medidas de inclusión social impulsadas por Bautista Saavedra: la jornada de ocho horas, por ejemplo.

Ante el inopinado suicidio de Germán Busch y la resistencia disgregada de los actores nacionalistas que lo acompañaron, la “rosca” liquidó fácilmente su geopolítica petrolífera ceñida a las legítimas potestades soberanas de la “nación”, el monopolio cambiario de las divisas del BCB, y la CPE de 1939. La organización del movimiento nacionalista, en torno a Unión de Defensores del Petróleo (UDP) en 1939, articulando a la clase media, obreros e intelectuales, buscó impedir la indemnización que el presidente Enrique Peñaranda cedió a la Standard Oil en 1942. Esa UDP fracasó pero se reorganizó fundando al MNR.

Después, la promulgación del Código del Petróleo de 1955, ofreciendo jugosas ganancias a las transnacionales petroleras, deslegitimó el nacionalismo del MNR, abonando su caída en 1964.

Alfredo Ovando nacionalizó a la Gulf por “sorpresa” en 1969, buscando apuntalar el dominio estratégico del gas y el petróleo, con el esfuerzo colectivo que debían asumir las “clases sociales” leales al “nacionalismo revolucionario”, para liberar económicamente a Bolivia. Este modelo, implicaba sustituir al capital “imperialista” por el esfuerzo mancomunado del “pueblo”; sin embargo, los sujetos sociales del “pueblo” (obreros, campesinos, cooperativistas y, usualmente, la burguesía nacional), nunca concurrieron a sus roles previstos.

Hechos como el frustrado “gasolinazo” del DS 747 de 2011, indican que los movimientos sociales no están asumiendo los grandes sacrificios que implica la industrialización endógena. Otras políticas como el “control social” y la “consulta previa” de los pueblos originarios, instituidas por la nueva CPE, tampoco arrojaron resultados.

¿Qué consecuencias políticas para la hegemonía casi absoluta del MAS, y para la economía nacional, tendrá la ruptura de Evo con sus ONGs“nodrizas”?

El autor es economista.

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