José Antonio Rivera

En un artículo anterior hice una resumida descripción de la situación del derecho a la libertad de expresión en América Latina, sobre la base del análisis de la temática en dos eventos realizados en San José de Costa Rica, durante los días 16 al 20 de junio pasado; describiendo las formas en las que se vulnera este derecho. Algunos amables lectores de mi columna me pidieron que hiciera el análisis del tema en nuestro país, razón por la que abordo el tema.

Es lamentable constatar que en Bolivia la libertad de expresión no está exenta de las acciones y determinaciones que la vulneran o, cuando menos, la ponen en grave riesgo de restricción indebida.

Resulta muy preocupante que, desconociendo el principio del pluralismo político proclamado por el art. 1º de la Constitución, altos funcionarios de gobierno desplieguen acciones de descalificación social o política en contra de aquellas personas que asumen una posición crítica o diferenciada frente a las políticas o el accionar del Gobierno nacional. Desconociendo su derecho a la libertad de expresión tildan a esos ciudadanos de derechistas, neoliberales, incluso de “agentes del imperialismo”, los estigmatizan como enemigos del “proceso de cambio”, o les acusan de trabajar a favor de empresas transnacionales; así, a manera de ejemplo, se puede mencionar las últimas acusaciones hechas públicas en contra de las ONG Cedib, Fundación Tierra, Fundación Milenio y Cedla, a las que se las acusa de “hacer política”, y de responder a “intereses transnacionales”, amenazando de expulsarlas del país. Ese accionar gubernamental constituye una lamentable y grave vulneración del derecho a la libertad de expresión.

De otro lado, no dejan de llamar la atención y generar legítima preocupación las acciones de amedrentamiento desplegadas por servidores públicos en contra de periodistas y trabajadores de la prensa, a través de amenazas, como las que fueron vertidas en contra de una periodista de la Red ATB, o las vertidas en el Municipio de Yacuiba en contra de una periodista, hechos que oportunamente fueron denunciados, pero hasta la fecha no han sido esclarecidos.

En los últimos días se ha hecho pública la determinación del Gobierno, que se viene ejecutando desde mucho tiempo atrás, de excluir de publicidad estatal a aquellos medios que unilateralmente los ha catalogado como “políticos”; en razón a que asumen una línea editorial crítica o tienen programas en los que expresan posiciones contrarias o críticas a las políticas de gobierno. Con esa acción de exclusión generan una asfixia económica a los medios masivos de comunicación social, motivando a que se autocensuren y, en su caso, cancelen programas o destituyan a periodistas. Así, a manera de ejemplo, podemos señalar lo que ha acontecido con Carlos Valverde, la periodista Amalia Pando, que se vio obligada a renunciar a la Red Erbol, o el periodista John Arandia, intempestivamente separado de sus funciones en Cadena A. Esas acciones constituyen una forma indirecta de vulneración a la libertad de expresión, ya que generan una suerte de autocensura en los medios masivos de comunicación social.

De otro lado, se han emitido disposiciones legales, como la Ley del Régimen Electoral o la Ley Antirracismo, que imponen obstáculos legales al ejercicio de la libertad de expresión.

Según dispone el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (…). El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores (…). No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos”. De otro lado, el art. 21.5 de la Constitución prevé que “las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 5) A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva”.

Las acciones gubernamentales antes referidas infringen las normas convencionales y constitucionales trascritas; por lo tanto, vulneran el derecho a la libertad de expresión de las personas cuyas ideas, opiniones y pensamientos motivan su descalificación social o política además de generarle consecuencias económicas. Algo más grave aún, vulneran el derecho de los bolivianos y bolivianas a recibir información, limitando así su libertad para ejercer opciones políticas y desarrollarse plenamente en una sociedad democrática.

Cabe recordar que, por previsión del art. 1º de la Constitución, Bolivia es un Estado democrático de Derecho, lo que significa que tiene como uno de sus elementos cualificadores la concepción plural de la Sociedad, sustentada en la plena vigencia de la libertad de expresión; en coherencia con ello, el Estado Plurinacional se funda en la pluralidad y el pluralismo político, lo que supone la coexistencia de diferentes ideologías, sin que esté permitida la imposición de un monopolio ideológico; finalmente, el Estado de Derecho supone, de un lado, el respeto y cumplimiento de las normas del ordenamiento jurídico, y, de otro, la vigencia plena de las libertades, así como el resguardo y respeto de los derechos fundamentales.

Siendo esas las cualidades del Estado boliviano, es inconcebible que en un régimen democrático se desplieguen esas acciones en contra de la libertad de expresión, desconociendo las reglas preestablecidas y los compromisos internacionales, como los pactados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El autor es catedrático de Derecho Constitucional.

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