Si el gobierno de Bolivia aspira a consolidar su liderazgo internacional en la defensa de la naturaleza está obligado a reorientar su política ambiental y energética y transitar del extractivismo depredador de materias primas hacia un modelo de desarrollo industrial limpio y a la producción agrícola orgánica, señalan dos investigacione del Centro de Estudios del Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) presentadas en la Mesa 18 de la Cumbre mundial sobre cambio climático de Cochabamba.

El estudio «El tema ambiental en la actual política energética de Bolivia», elaborado por Teresa Coaquira, sostiene que es necesario que el Estado boliviano reajuste su normativa ambiental para reducir los impactos ambientales dañinos de las operaciones petroleras, mineras y forestales, prohibiendo su ingreso a las áreas protegidas y mejorando los sistemas de consulta y participación de los pueblos indígenas en la decisión efectiva sobre la explotación de las materias primas no renovables.

Según Coaquira, es imprescindible que Bolivia elabore un plan integral del sector energético de manera participativa, preservando la Amazonía boliviana, emulando la posición ecuatoriana del Yasuní para no explotar petróleo en el Madidi a cambio de recursos económicos, además de paralizar los proyectos hidroeléctricos de Cachuela Esperanza y de otras represas en la frontera boliviana-brasileña, en la cuenca amazónica, proyectos que ocasionarían fuertes impactos ambientales al medio físico, biótico y humano e ineficientes desde la perspectiva económica.

«¿Es posible construir el vivir bien si se continúa depredando la naturaleza?», cuestiona el estudio presentado por la Plataforma Energética. La propuesta es atenuar las causas del calentamiento global y construir una alternativa para el Vivir Bien, frente el modelo de desarrollo extractivista basado en la explotación y exportación de combustibles fósiles.

Según Coaquira, también es imprescindible que Bolivia avance hacia la reducción de las emisiones contaminantes en un porcentaje similar al exigido a los otros países e impulse un drástico retiro de la circulación del parque automotor más viejo y contaminante. El parque automotor boliviano está constituido en un 95,7 por ciento por vehículos viejos altamente contaminantes, emisores de gases nocivos para la salud y el medio ambiente.

«Es necesario un cambio en el concepto de comando y control de la actual normativa ambiental y energética que pase de la lógica del contaminador-pagador a la de contaminador-reparador en coherencia a la filosofía del vivir bien», agrega la investigación.

Demostrar en casa

En su cruzada por salvar al planeta tierra, Bolivia tiene que demostrar que no sólo es capaz de proponer ideas fundamentales para cuidar la salud de la Madre Tierra, sino que también dar un ejemplo al mundo disminuyendo la contaminación que genera en su propio territorio, advierte la investigación «Planificación Energética en Bolivia: problemas y desafíos», elaborada por el especialista Juan Carlos Guzmán.

El estudio demuestra que más allá de la voluntad de los distintos gobiernos bolivianos, un enfoque erróneo en los sistemas de planificación energética ha colocado a Bolivia en una delicada situación energético – ambiental.

«Según muestra la información oficial, las emisiones energéticas específicas del sistema energético boliviano son las más contaminantes de la región (0,5 Ton CO2/BEP de consumo). Esto quiere decir que el país expulsa media tonelada de dióxido de carbono por cada barril de petróleo de energía que consume, un registro altamente alarmante y el más alto de la región», dijo Guzmán, durante su participación en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y derechos de la Madre Tierra.

Según el estudio, países como Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, poseen sistemas de consumo energético menos contaminantes que el boliviano.

El especialista advirtió, además, que las políticas energéticas practicadas en el pasado reciente con el objetivo de convertir a Bolivia en el centro energético de la región han determinado que la economía boliviana transite de una economía diversificada a otra profundamente dependiente de la exportación de gas natural (por cada 1.000 Bs de PIB, Bolivia debe exportar 498 Bs. de gas natural), lo que genera nuevos problemas y dificultades.

«De igual forma, la concentración de la política energética en la exportación de gas ha logrado que la matriz de energía primaria de Bolivia provenga, fundamentalmente, de energía no renovable (apenas el 7% de la energía primaria proviene de fuente renovable)», explicó Guzmán.

Según el estudio, «un resultado inevitable de un sistema de planificación, preocupado solamente por incrementar la oferta de energía antes de evaluar el real beneficio que la energía le brinda a los usuarios, es la caída de la productividad energética boliviana. Es así que el sistema económico boliviano debe consumir un 14% más de energía para producir la misma riqueza que producía el año 1990.

El estudio sostiene que las falencias del sistema de planificación energética en Bolivia están íntimamente relacionadas con las políticas de fijación de precios de los combustibles y la aplicación de subsidios a los energéticos no renovables. «Dichas políticas que tienen relación con un crecimiento inusitado de la demanda de combustibles como el diesel, con la generación de mercados no legales de combustibles y con el crecimiento del mercado de automóviles que utilizan diesel, tienen un enorme impacto en la economía boliviana, pues hasta el 16% del ingreso total por venta de gas natural debe destinarse al subsidio de los combustibles», agrega la investigación.

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