El Gobierno se opuso a la canasta familiar de Bs 8.309 e inclusive a fijar el incremento salarial en el 15% solicitado por la dirección de la Central Obrera Boliviana (COB), argumentando que inclusive esta última demanda empeoraría la situación fiscal al elevar el déficit programado de 880 a 913 millones de dólares. Sostenía que está imposibilitado de financiar esos 33 millones de dólares adicionales, sin afectar los recursos necesarios para inversiones productivas y programas sociales.

Por este motivo, bajo la amenaza de despidos y confrontaciones con los llamados «movimientos sociales» cooptados por el Gobierno, acabó determinando un incremento de 12% para los sectores de salud y educación, equivalente a 79,2 millones de dólares anuales.

La pregunta que aquí cabe es si el Gobierno, al oponerse a un incremento de 15%, estaba preservando, de manera responsable, una sana política fiscal orientada a la producción y a la mejora de las condiciones sociales de la mayoría de los bolivianos.

Para responderla, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) analizó información del Presupuesto General del Estado (PGE), proveniente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Más para propaganda y seguridad

En su análisis, el CEDLA señala que «una primera mirada está relacionada con la magnitud de los recursos asignados durante la gestión del MAS a los diferentes ministerios. Para ello, se agrupó, por un lado, a los ministerios encargados de las acciones de represión y propaganda política: Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa y Ministerio de la Presidencia y, por otro, a los de Salud y Educación, encargados de los servicios públicos más importantes».

El resultado muestra que la prioridad en la asignación de recursos es la preservación del régimen a través del fortalecimiento de los órganos estatales encargados de garantizar la estabilidad política y de las acciones de propaganda, afirma el reporte. «En el presupuesto programado para el 2011, el monto destinado a los ministerios encargados de la represión y la propaganda es 4,6 veces mayor que el destinado a los ministerios del área social», agrega (Ver cuadro 1 en archivo adjunto).

Pasajes y viáticos, un ítem en aumento

Los recursos asignados a algunos ítems especiales –como los pasajes, viáticos y servicios de comunicación y publicidad– muestran también las prioridades del Gobierno. «La Administración Central, de naturaleza esencialmente burocrática, destina elevados y crecientes montos a dichos rubros», adelanta la institución.

«Es preciso aclarar que, mediante el DS 400 de enero de 2010, el Gobierno del MAS dispuso cambios importantes en la escala de viáticos y el uso de gastos de representación, respecto a los decretos de austeridad dispuestos por Carlos Mesa en 2004. Por ejemplo: i) se eliminaron las categorías más bajas (4ta. y 5ta.) de funcionarios y se agrupa a todos en las tres categorías más altas; ii) se elevó los niveles de viáticos entre 13% y 70% para viajes al exterior –desde 170 a 339 dólares por día- y entre 4% y 49% para viajes al interior, desde Bs 209 a Bs 522; iii) se dispuso el pago de un viático completo por viajes menores a un día; iv) se repuso los gastos de representación para un amplio grupo de servidores y funcionarios públicos; y v) se amplió el uso de pasajes de clase ejecutiva a las autoridades de máxima jerarquía de los ministerios», precisa el reporte.

El CEDLA destaca, en especial, el incremento extraordinario de los rubros de pasajes y viáticos, desde poco más de 12 millones de dólares en el 2005 hasta más de 21 millones presupuestados para la presente gestión, es decir un incremento del 57%.

«En el caso de los gastos en propaganda, se observa que su magnitud estuvo relacionada con las necesidades coyunturales del Gobierno, en particular, las derivadas de eventos políticos fundamentales para posicionar el discurso oficial, como han sido los sucesivos procesos electorales y plebiscitos generales» (Ver cuadro 2 en archivo adjunto).

YPFB, el caso llamativo

El nivel y comportamiento de los gastos de la empresa estatal YPFB en los rubros antes mencionados representa un caso llamativo. De acuerdo con el análisis del CEDLA, los resultados son similares a los observados en el caso del conjunto de la Administración Central, es decir, que se ha verificado un crecimiento de los gastos corrientes destinados a pagar servicios de publicidad y viajes de los funcionarios públicos.

«Los gastos en publicidad tuvieron una tendencia creciente a partir del 2009, con una asignación 4 veces mayor que lo reportado el 2008, cayendo a 2,5 veces más en el presupuesto de 2011. En el caso de los pasajes y viáticos, en el 2011el incremento del presupuesto asignado es 10 veces mayor respecto del presupuesto gastado en el 2005», muestra la institución.